El tratamiento de los proyectos de ley que componen la llamada “democratización” de la Justicia ha generado una crisis en uno de los sectores de la camarilla oficial. A los disidentes del espacio Justicia Legítima, quienes expresaron sus cuestionamientos a boca de jarro, se han agregado Página/12, el CELS y Verbitsky. Dicen, nada menos, que los proyectos son inconstitucionales y que afectan las garantías individuales. ¿En qué estaban pensando, entonces, CFK y su asesor Zanini?
Deliberadamente, sin embargo, la crítica oficialista al proyecto oficial se detiene cuando debía llegar al hueso. Omite el artículo 17 del proyecto sobre las medidas cautelares, el que le otorga al Estado la posibilidad de frenar -por vía judicial- cualquier medida que afecte “el interés público”. O sea que se adjudica el derecho de judicializar cualquier medida de lucha popular, desde los trabajadores estatales hasta el subte, petroleros y docentes. El Estado invoca la protección de los ciudadanos cuando se trata de liquidar una lucha popular -incluida la atribución de militarizar los servicios. En la Comisión donde se debatió el tema, el camporista Alvarez, secretario de Justicia, no sólo ratificó este artículo, sino que agregó que el Estado recurrirá a las cautelares contra los sindicatos que no avisen con una debida anticipación sus medidas de lucha y/o no acaten la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Exactamente lo mismo que Macri quiso introducir en la ley del subte en la Ciudad. Se prueba, así, que la juventud militante del kirchnerismo es profundamente antiobrera, algo que ya se había revelado cuando Recalde y Kicillof pidieron el quite de personería a los gremios ‘díscolos’ en Aerolíneas Argentinas. No es casual que estos camporistas realizaran cursos de formación política con Pedraza.
El proyecto limita el alcance de las acciones de amparo contra medidas del Estado, incluso establece que alcanza con la mera apelación del Estado para que el amparo pierda su carácter suspensivo. La Justicia debería rechazar, en tal caso, un amparo de docentes universitarios contra las jubilaciones compulsivas (cesantías de hecho) de la UBA (las limitaciones drásticas del amparo son extensibles a los organismos descentralizados del Estado). Con semejantes prerrogativas en beneficio del Poder Ejecutivo, las leyes dejarán de ser necesarias para la función de gobierno. Quedaría establecida la burocracia -el dominio político de los funcionarios.
De la 125 a esta parte
Para la ‘opo’ patronal, la pelea contra los proyectos K se reduce a lo siguiente: la defensa de los intereses establecidos. Su programa es la defensa del derecho al amparo para Clarín y la Sociedad Rural y, más allá, para todos los accionistas privados en las empresas donde interviene la Anses como socio capitalista. La ‘opo’ no objeta el cercenamiento del derecho de huelga en los servicios: el ‘terco’ Mujica, un centroizquierdista admirado por sus congéneres de este lado, lo aplica en forma sistemática.
Los llamados opositores aseguran que los proyectos, una vez aprobados, serán detenidos cuando lleguen a cualquier sede judicial. Aun así, juran que los K han instalado un régimen totalitario. Ya son numerosísimas las presentaciones de inconstitucionalidad que prometen las asociaciones profesionales. Ante un percance de este tipo, el gobierno -dicen algunos analistas- tiene prevista la supresión de las primarias y el adelantamiento de las generales para agosto.
La clase obrera
A pesar de los derechos fundamentales que están en juego para los trabajadores, no solamente la burocracia sindical de Caló ha mantenido la boca cerrada; tampoco se ha pronunciado la dirección del subte. Los ‘opositores’ van a la cola de los carcamanes de la vieja política, los que defienden los derechos individuales del capital y no los derechos individuales y colectivos del proletariado. Este es el aspecto realmente negativo de la situación presente.
La intervención del Partido Obrero en la llamada crisis judicial apunta a destacar la importancia que tiene el asunto para los trabajadores y a impulsar una movilización en defensa de los derechos de la clase obrera.
Gabriel Solano
Deliberadamente, sin embargo, la crítica oficialista al proyecto oficial se detiene cuando debía llegar al hueso. Omite el artículo 17 del proyecto sobre las medidas cautelares, el que le otorga al Estado la posibilidad de frenar -por vía judicial- cualquier medida que afecte “el interés público”. O sea que se adjudica el derecho de judicializar cualquier medida de lucha popular, desde los trabajadores estatales hasta el subte, petroleros y docentes. El Estado invoca la protección de los ciudadanos cuando se trata de liquidar una lucha popular -incluida la atribución de militarizar los servicios. En la Comisión donde se debatió el tema, el camporista Alvarez, secretario de Justicia, no sólo ratificó este artículo, sino que agregó que el Estado recurrirá a las cautelares contra los sindicatos que no avisen con una debida anticipación sus medidas de lucha y/o no acaten la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Exactamente lo mismo que Macri quiso introducir en la ley del subte en la Ciudad. Se prueba, así, que la juventud militante del kirchnerismo es profundamente antiobrera, algo que ya se había revelado cuando Recalde y Kicillof pidieron el quite de personería a los gremios ‘díscolos’ en Aerolíneas Argentinas. No es casual que estos camporistas realizaran cursos de formación política con Pedraza.
El proyecto limita el alcance de las acciones de amparo contra medidas del Estado, incluso establece que alcanza con la mera apelación del Estado para que el amparo pierda su carácter suspensivo. La Justicia debería rechazar, en tal caso, un amparo de docentes universitarios contra las jubilaciones compulsivas (cesantías de hecho) de la UBA (las limitaciones drásticas del amparo son extensibles a los organismos descentralizados del Estado). Con semejantes prerrogativas en beneficio del Poder Ejecutivo, las leyes dejarán de ser necesarias para la función de gobierno. Quedaría establecida la burocracia -el dominio político de los funcionarios.
De la 125 a esta parte
Para la ‘opo’ patronal, la pelea contra los proyectos K se reduce a lo siguiente: la defensa de los intereses establecidos. Su programa es la defensa del derecho al amparo para Clarín y la Sociedad Rural y, más allá, para todos los accionistas privados en las empresas donde interviene la Anses como socio capitalista. La ‘opo’ no objeta el cercenamiento del derecho de huelga en los servicios: el ‘terco’ Mujica, un centroizquierdista admirado por sus congéneres de este lado, lo aplica en forma sistemática.
Los llamados opositores aseguran que los proyectos, una vez aprobados, serán detenidos cuando lleguen a cualquier sede judicial. Aun así, juran que los K han instalado un régimen totalitario. Ya son numerosísimas las presentaciones de inconstitucionalidad que prometen las asociaciones profesionales. Ante un percance de este tipo, el gobierno -dicen algunos analistas- tiene prevista la supresión de las primarias y el adelantamiento de las generales para agosto.
La clase obrera
A pesar de los derechos fundamentales que están en juego para los trabajadores, no solamente la burocracia sindical de Caló ha mantenido la boca cerrada; tampoco se ha pronunciado la dirección del subte. Los ‘opositores’ van a la cola de los carcamanes de la vieja política, los que defienden los derechos individuales del capital y no los derechos individuales y colectivos del proletariado. Este es el aspecto realmente negativo de la situación presente.
La intervención del Partido Obrero en la llamada crisis judicial apunta a destacar la importancia que tiene el asunto para los trabajadores y a impulsar una movilización en defensa de los derechos de la clase obrera.
Gabriel Solano
