Los anuncios realizados por Cristina Kirchner sobre la Justicia apuntan en un sentido contrario a la supuesta “democratización” que dice pregonar. No puede ser de otro modo de parte de un gobierno que viene incumpliendo, de manera sistemática, las sentencias judiciales ganadas por los jubilados contra la Anses y que ha impuesto una ley de ART que niega a los trabajadores accidentados la posibilidad de que la Justicia corrija las magras indemnizaciones que establecen las aseguradoras privadas.
Una reforma reaccionaria
La Presidenta puso un énfasis especial en atacar las medidas cautelares, las que -entre otras cosas- tienen frenada la aplicación de algunos artículos de la ley de medios. De acuerdo con el proyecto oficial, las cautelares (que suspenden la aplicación de una ley o decreto) no podrán tener una duración mayor a seis meses y su función suspensiva cesará de inmediato en caso de apelación del gobierno. De este modo, el sistema de cautelares queda virtualmente suprimido y deja abierto el camino para la aplicación de medidas de gobierno que, tiempo más tarde, podrían ser juzgadas inconstitucionales. Implica un cambio de régimen en materia judicial, que en la actualidad reposa en la defensa del interés privado frente al poder público, cuya primacía queda confinada al ejercicio de la soberanía. No se trata, sin embargo, de un giro político limitado a los K: Chipre ha suspendido el seguro estatal a los depósitos bancarios inferiores a 100 mil euros (una medida que podría extenderse a toda la zona euro), para preservar el pago de la deuda pública con los acreedores nacionales e internacionales.
También Macri tiene en carpeta una reforma similar para el sistema judicial porteño. Cuestiona, como si fuera un clon K, a los “jueces que quieren gobernar” y que le “atan la mano a su gobierno”. La queja de Macri viene a cuento porque son justamente medidas cautelares las que tienen parado el tarifazo del subte, así como la construcción de la estación de subte de la Línea H debajo de Plaza Francia, el funcionamiento de las UAC que absorben las funciones de las Juntas Comunales o la construcción de una playa de estacionamiento debajo del Parque Las Heras. La reforma del PRO se parece como dos gotas de agua a la anunciada por Cristina. Ambas establecen que la apelación del Estado sea suficiente para anular el carácter suspensivo de una cautelar y obligan a los jueces a darle parte al Estado antes de dictar una cautelar en su contra.
Una reforma reaccionaria
La Presidenta puso un énfasis especial en atacar las medidas cautelares, las que -entre otras cosas- tienen frenada la aplicación de algunos artículos de la ley de medios. De acuerdo con el proyecto oficial, las cautelares (que suspenden la aplicación de una ley o decreto) no podrán tener una duración mayor a seis meses y su función suspensiva cesará de inmediato en caso de apelación del gobierno. De este modo, el sistema de cautelares queda virtualmente suprimido y deja abierto el camino para la aplicación de medidas de gobierno que, tiempo más tarde, podrían ser juzgadas inconstitucionales. Implica un cambio de régimen en materia judicial, que en la actualidad reposa en la defensa del interés privado frente al poder público, cuya primacía queda confinada al ejercicio de la soberanía. No se trata, sin embargo, de un giro político limitado a los K: Chipre ha suspendido el seguro estatal a los depósitos bancarios inferiores a 100 mil euros (una medida que podría extenderse a toda la zona euro), para preservar el pago de la deuda pública con los acreedores nacionales e internacionales.
También Macri tiene en carpeta una reforma similar para el sistema judicial porteño. Cuestiona, como si fuera un clon K, a los “jueces que quieren gobernar” y que le “atan la mano a su gobierno”. La queja de Macri viene a cuento porque son justamente medidas cautelares las que tienen parado el tarifazo del subte, así como la construcción de la estación de subte de la Línea H debajo de Plaza Francia, el funcionamiento de las UAC que absorben las funciones de las Juntas Comunales o la construcción de una playa de estacionamiento debajo del Parque Las Heras. La reforma del PRO se parece como dos gotas de agua a la anunciada por Cristina. Ambas establecen que la apelación del Estado sea suficiente para anular el carácter suspensivo de una cautelar y obligan a los jueces a darle parte al Estado antes de dictar una cautelar en su contra.
Este enfrentamiento judicial no tiene nada que ver con una defensa del interés general contra el ‘egoísmo’ privado o, en la variante contraria, del derecho individual frente a la invasión confiscatoria del Estado. Expresa la crisis del orden jurídico establecido para enfrentar la crisis capitalista, que amenaza con arrasar con las finanzas públicas, la moneda y la capacidad de arbitraje del Estado. El planteo oficial equivale al establecimiento de medidas de excepción al orden constitucional, para poder accionar en defensa del Estado, en especial contra los trabajadores -como los casos señalados de las deudas con los jubilados, el 82 por ciento móvil, los accidentes laborales, los tarifazos y así de seguido.
Otro de los proyectos oficiales establece la creación de Cámaras de Casación en todos los fueros (hasta ahora sólo tiene el fuero penal). El propósito del gobierno en este caso es, por un lado, nombrar nuevos camaristas -cuya función es dictaminar sobre los fallos de los jueces- y, por el otro, alargar los trámites judiciales, demorando de este modo la llegada a la Corte. Es esto lo que precisamente viene haciendo en forma ilegal el gobierno con los jubilados, al dilatar el cumplimiento de las sentencias judiciales. La necesidad de poder ejercer un poder de excepción o arbitrario es manifiesta, porque el gobierno procuró, recientemente, hacer todo lo contrario: saltar todas las instancias judiciales para llegar en forma directa a la Corte para aplicar la ley de medios (per saltum). El establecimiento de un régimen de excepción se hace en la mayor de las improvisaciones.
Consejo de la Magistratura
El plato fuerte de la “democratización” estaría en la elección por el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección de los jueces. Para despejar toda duda, Cristina Kirchner fue clarísima: “El Consejo debe estar sometido también a las reglas del conjunto del poder político”.
Aquí está dicho, sin ambigüedades, que el kirchnerismo pretende abolir la división de poderes. Para esto, sin embargo, no es suficiente con ‘kirchnerizar’ el Consejo, porque bajo un gobierno distinto al actual se restablecería nuevamente la falta de afinidad entre el Ejecutivo y la Justicia. Una regla única para “el conjunto del poder político” requiere, entonces, la re-reelección. La denuncia de una falta de regla común para el régimen político es el reconocimiento más claro, aunque interesado, de una crisis política de conjunto. Un gobierno de trabajadores supera la contradicción entre la aplicación de una regla política común, de un lado, y la vigencia de la soberanía y autonomía popular, del otro, mediante la elección y revocabilidad de todos los órganos públicos deliberativos. La madeja de reglas contradictorias que caracteriza al Estado capitalista obedece a la contradicción insoluble que representa un sistema democrático ejercido por una clase minoritaria.
Es claro, entonces, que no hay ni podría haber un propósito democratizador, sino ‘verticalizador’ del Estado. Aunque se elija por la vía del sufragio, el Consejo seguirá siendo una camarilla, la cual no puede ser revocada por el mismo método con el que fue elegida.
Por otro lado, la elección de los miembros del Consejo se hará en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) de agosto, lo cual supone que será parte de una boleta sábana de senadores, diputados, concejales y otros cargos -o sea que quedará afuera de cualquier debate popular sobre la administración de Justicia. Los postulantes responderán a las camarillas que manejan los aparatos políticos. Sin la menor ironía hay que señalar que el intento posiblemente naufrague, de cualquier modo, por alguna medida cautelar.
Reforma constitucional
Los representantes de las corporaciones de abogados y jueces, así como los partidos de la ‘opo’ ya anunciaron que objetarán la constitucionalidad del proyecto. Incluso Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, admitió que ésta podría tener que intervenir una vez que los diputados y senadores cumplan con la voluntad presidencial. Se recrearía un escenario similar al de la ley de medios. En este caso, si el proyecto queda trabado por un fallo judicial que determine su inconstitucionalidad, el gobierno utilizará el tema en las elecciones, para denunciar a la oposición y para impulsar una reforma constitucional, cuya finalidad fundamental será la re-reelección presidencial.
Los choques entre el gobierno y un sector de la Justicia son el resultado de una crisis de régimen político. La Corte Suprema se opone al establecimiento de un estado de excepción, que para que sea tal requiere la “re-re”. El kirchnerismo lo reclama para poder arbitrar en la crisis que se manifiesta en la inflación creciente, la fuga de capitales, el dólar blue y el aumento los desequilibrios económicos. El gobierno necesita proseguir el saqueo de la Anses para pagar la deuda y asegurar los subsidios a las empresas. Pero el ‘programa alternativo’ que esgrime la ‘opo’ necesitará a su turno de nuevas medidas de excepción, que hoy se ocultan por conveniencia.
En oposición a ambos bloques capitalistas, planteamos la elección y revocabilidad popular de los jueces, como parte de una transformación social y política bajo la dirección de la clase obrera.
Gabriel Solano
