El ojo de los jueces apunta también a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner. Muñoz quedó imputado en la causa que investiga las movidas de lavado de dinero de Lázaro Báez. Las sociedades de Báez también eran receptoras de fondos turbios provenientes de paraísos fiscales. El punto de partida de este tránsito ‘global’ de fondos arranca en los ’90, cuando los K compartían la tribuna con Menem, De la Sota, Solá y varios otros opositores actuales. En aquel momento, llevaron a cuentas del exterior los casi mil millones de dólares que recibieron a cambio de avalar la privatización menemista de YPF.
Un empleado ha denunciado que Báez ha cambiado su bóveda para ocultar lo que habría sido una caja fuerte de K. Los abogados de Báez están tratando de llevar sus causas a Santa Cruz, donde tendrían mejor suerte que con los fiscales y jueces de la Capital.
Brasil
Las denuncias sobre Báez llegan cuando su constructora disputa la gigantesca obra de las hidroeléctricas de Santa Cruz, en sociedad con capitales chinos y con el primo de Mauricio Macri, Calcaterra. Su principal rival es un consorcio liderado por la contratista brasileña Odebrecht. Según el diario Valor de ese país, esa obra hizo que la última reunión entre Rousseff y Cristina terminara en una agria pelea. Un choque anterior con Brasil había tenido lugar con la retirada de la minera Vale. Como no hay dos sin tres, el gobierno brasileño acaba de rechazarle a otro empresario K, Cristóbal López, una oferta para la compra de los activos argentinos de Petrobras. El andamiaje del kirchnerismo se derrumba en el Mercosur.
En Santa Cruz, los sueldos se encuentran congelados desde hace dos años y la infraestructura educativa y sanitaria perdió el financiamiento. Todos los contratos de obra pública, operaciones y cuentas bancarias de Báez y sus empresas deben ser abiertas e intervenidas, bajo control de los trabajadores. Los vaciadores no deben ser “blanqueados”, sino incautados.
Marcelo Ramal
