Esta huelga, que es la cuarta en menos de un mes, se convocó por la negativa del intendente radical Mestre a dejar participar a los cuerpos de delegados de la audiencia pública donde se llevaría a cabo la licitación de los recorridos del transporte de pasajeros de Córdoba.
La huelga fue decretada contra la privatización de la empresa municipal Tamse, que dejará un tendal de trabajadores despedidos, en el marco de una nueva licitación del transporte urbano que traerá un gran detrimento del servicio y aumento de tarifas.
Apenas pasado el mediodía del martes 30 y desde el subsuelo de la municipalidad, se convocó al paro. En menos de dos horas, se paralizó la totalidad del servicio y se armaron piquetes en las principales esquinas de la ciudad.
El conflicto se encontraba en conciliación obligatoria dictada por el ministro de Trabajo de De la Sota, quien pretendía salvar a Mestre y mantener maniatados a los choferes mientras se desarrollaba la licitación. Sin embargo, a las 23 horas, con la ciudad totalmente paralizada y una fuerte campaña mediática contra la huelga, una reunión de delegados y comisión directiva de UTA decretó 48 horas más de paro.
Ese mismo día el Frente de Izquierda concluyó su acto del primero de mayo marchando hacia las puertas del sindicato, donde más de un centenar de trabajadores esperaba la resolución del cuerpo de delegados. Los huelguistas recibieron con entusiasmo a nuestra columna y pedían que no nos fuéramos. Esto se debe a que el Partido Obrero es la única fuerza política que ha salido decididamente a enfrentar la privatización, sobre todo cuando el mismo gremio la defendía.
Nuestra intervención, y la de la agrupación clasista Ortuta en los últimos 6 meses ha sido un factor decisivo para esta lucha. La presentación del proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante contra la privatización de Tamse obligó a la misma conducción a apoyarlo en asambleas.
Transporte: crisis y negocios
La licitación, que los trabajadores rechazan, está enmarcada en la necesidad de garantizar un negocio en el marco del derrumbe fiscal que amenaza con llevarse puestos los subsidios (los nacionales y municipales).
Con el objetivo de lograr una “mayor productividad”, se diseñó un marco regulatorio que implica menor cantidad de unidades (y por lo tanto de trabajadores y de frecuencias), que privilegia las líneas troncales (que son las redituables) mandando al bombo las que penetran en el corazón de los barrios y un sistema de diferenciación tarifaria (horario nocturno, combinaciones, etc.) que permite aumentos encubiertos de tarifas; de todas maneras está autorizado un aumento del 15% de movida de la tarifa llevándola a $ 4.70. En resumen un ataque en regla a trabajadores de las empresas y usuarios.
Mientras el paro transcurría, Mestre intentó, sin ningún resultado, tirarlo abajo. Los dirigentes delasotistas y kirchneristas que habían concurrido a las movilizaciones de los trabajadores de Tamse para repudiar a la “privatización neoliberal” brillaron por su ausencia y se mandaron a guardar; mientras el ministro “obrero” -Dragún del Smata- decretaba la ilegalidad de la huelga.
El silencio se debe a que delasotistas y kichneristas tienen intereses propios en la licitación. De hecho, las empresas privadas que se presentaron a la licitación están referenciadas con el gobierno nacional y provincial. Ninguno es de cuño radical.
El nuevo esquema de transporte de Mestre promete un horizonte de crisis y nuevas rebeliones obreras. A ellas, se sumarán el resto de los trabajadores municipales que hoy están en lucha. Mientras de un lado de la Municipalidad la UTA decretaba el paro, del otro, decenas de trabajadores municipales de la salud se movilizaban contra el intento de Mestre de cerrar el nuevo hospital de la zona sur de la capital.
El Partido Obrero apoya decididamente la lucha de los trabajadores de Uta. Los llama, junto a todos los vecinos de la ciudad de Córdoba, a no dejarse embaucar por las maniobras y provocaciones establecidas por los que sólo quieren garantizar un nuevo negociado, que perjudicará por igual a trabajadores y vecinos, es decir al pueblo trabajador.
Sobre la más amplia unidad de los trabajadores, nos esforzaremos para convocar una Asamblea Popular que ponga a la orden del día las necesidades de los trabajadores y no el negociado de los capitalistas y sus gobiernos.
Vamos contra la privatización de Tamse, para que no haya ningún despido, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por un boleto congelado a $4,10 y por un sistema que garantice un transporte de calidad para todos los vecinos.
Alejandro Roqueiro
