El derrumbe de los “derechos humanos” oficiales
A esta altura, es claro que la crisis política producida con la designación de César Milani como jefe del Ejército no puede atribuirse exclusivamente al pasado oscuro de quien fuera, durante décadas, un cuadro del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esas acusaciones ya habían sido formuladas desde hace años -entre ellas, su participación en el Operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes de Bussi y su integración al nefasto Batallón 601 de Suárez Mason. Pero, a pesar de ellas, César Milani había logrado obtener la votación favorable del Senado para sus sucesivos ascensos. Es cierto que el último de ellos, en 2010, fue gracias a un ajustado quórum facilitado por Menem, el autor del indulto, que generó un escándalo. Pero esto no le movió un pelo al Cels de Verbitsky, que en aquella oportunidad desacreditó las acusaciones contra Milani.
Era natural que, con estos antecedentes, el oficialismo considerara que el nombramiento de Milani no iba a generar mayores debates. Hasta el domingo pasado, el apoyo de Verbitsky y el Cels se mantenía incólume, como así también el de los organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo. Fue necesario que el escándalo tome proporciones para que el Cels pegara un viraje y aconsejara que el pliego del ascenso de Milani sea rechazado. Ya totalmente a la defensiva, Verbitsky buscó encubrir su derrota política y la del propio gobierno argumentando la aparición de nuevas pruebas -cuando, en realidad, la mayoría de ellas eran conocidas desde hace tiempo. Ya contra las cuerdas, el gobierno decidió mandar al freezer el pliego del ascenso de Milani. En cambio, pese a las denuncias en su contra, lo confirmó como jefe del Ejército.
Quiebra del Estado
¿Por qué el mismo Senado que aprobó el ascenso de Milani en 2010 no pudo hacerlo en 2013? La respuesta debe encontrarse en el retroceso del propio kirchnerismo. Cristina Kirchner decidió encumbrar en la máxima jerarquía del Ejército al capo de la inteligencia militar con un propósito definido: armar un servicio de inteligencia paralelo a la ex Side (hoy SI), destinando para ello un fabuloso presupuesto. Motivó esta jugada la creencia de Cristina de que una parte considerable de los espías de la Side trabajan abiertamente para Massa y alimentan, además, las denuncias de corrupción formuladas por la oposición. La propia Carrió, que lleva la delantera en el trabajo de denunciante, afirmó que un sector de la Side se pasó a la oposición como consecuencia de su rechazo al memorando con Irán sobre el atentado de la Amia. O sea que no sólo se bajaron del barco oficial el intendente de Tigre y varios de sus pares del conurbano, más el ex capo de la UIA De Mendiguren y media CGT-Balcarce. También lo hizo un sector fundamental de los servicios de inteligencia. Pero en este caso, el pasaje al post kirchnerismo equivale a una quiebra del aparato del Estado.
Las Fuerzas Armadas y el régimen político
La propagación de la crisis política al interior de los aparatos de seguridad fue confirmada por el propio César Milani, cuando en su discurso de asunción dijo que su objetivo era que el Ejército sea parte del proyecto “nacional” del kirchnerismo (en un reportaje a Página/12, le agregó el mote de “popular”). De este modo, asistimos a dos movimientos simétricos: por un lado, el pasaje a la oposición de un sector de los aparatos de seguridad y, en respuesta a ello, la pretensión del kirchnerismo de convertir al Ejército en un instrumento del gobierno y no del Estado. Se trata de dos variantes igualmente reaccionarias. Del lado del oficialismo, la consumación de su objetivo conduce a devolverle al Ejército y a las Fuerzas Armadas el protagonismo político que tuvieron desde el golpe del ’30 en adelante, el cual perdieron como resultado de los crímenes de la dictadura y la derrota de Malvinas en 1982. En los planes oficiales figura, incluso, darle al Ejército un papel central en la “asistencia social”, lo que equivale a establecer una contención social a través de las Fuerzas Armadas cuando crecen la pobreza y la desocupación. También se conocieron planes para llevar al Ejército a ocupar posiciones en las fronteras, tarea que está cargo de la misma Gendarmería que tiene a sus efectivos cumpliendo tareas represivas y de espionaje (Proyecto X) en los centros urbanos.
Cristina Kirchner confirmó plenamente esta caracterización por cadena nacional, cuando -para confirmar a Milani en su puesto -dijo que había que evitar la división de la “sociedad con las Fuerzas Armadas” y afirmó que ese es el objetivo que persiguen “los enemigos de la patria”. En el plan de Cristina está, seguramente, que el Ejército vuelva a desfilar por las calles, como ocurría en la época de Perón. Pero oculta que este protagonismo militar derivó en sucesivos golpes de Estado que instauraron gobiernos pro-imperialistas y antiobreros. El nacionalismo de contenido burgués, incluidas sus alas de izquierda, vio siempre al Ejército como un eje de su política, mientras simultáneamente buscaba regimentar a la clase obrera por medio del copamiento de los sindicatos por parte de una burocracia afín.
La crisis con Milani también ha sacado a relucir que el gobierno que se precia de ser el defensor de los derechos humanos ha sido el salvoconducto para proteger a los cuadros que actuaron como ejecutores del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Luego de una década K, los genocidas con sentencia firme no superan los 200. Milani, por lo tanto, no es una excepción sino la regla. La propia actitud del Cels, que ha cambiado de parecer bajo la presión de una denuncia que se extendió a pesar suyo, colocó en cuestión todo el régimen de ascensos militares llevado adelante bajo el kirchnerismo. En efecto: ¿cuántos Milani han sido ascendidos sin que el Cels abriera la boca?
Como suele ocurrir en estos casos, el papel más miserable queda reservado para los progresistas que militan en el campo oficial. Los intelectuales de Carta Abierta dieron su apoyo a Milani horas antes de que el Cels cambiara de posición. Al no ser advertidos, perdieron la oportunidad de callarse la boca. Otro tanto vale para Daniel Filmus, quien, en vez de rechazar el pliego de Milani, decidió renunciar a la Comisión que debía tratarlo, eludiendo su responsabilidad. Con esta actitud, Filmus quedó invalidado como candidato y el gobierno, a la vez, quedó desairado por quien debe representarlo en las elecciones. Como se ve, una crisis completa.
De nuestra parte, exigimos la separación de Milani de su cargo y que sea juzgado por los crímenes que se le imputan. Del mismo modo, planteamos la apertura de los archivos de la dictadura para poder separar de las fuerzas de seguridad a todos aquellos que fueron parte del terrorismo de Estado. Se trata de una tarea que, por su alcance estratégico, supera a los centroizquierdistas de toda laya y reclama un protagonismo político de la izquierda revolucionaria.
Gabriel Solano
