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Cierre: EDUARDO SALAS
-Por un sistema educativo al servicio del desarrollo nacional y social
-Por un gobierno de trabajadores
SÁBADO 5 de octubre - 14 hs. - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (Ciudad Universitaria) - AULA C
La crisis capitalista ha profundizado la crisis del sistema educativo nacional. Bajo la década del gobierno kirchnerista avanzó sin precedentes la educación privada, en todos sus niveles, mientras la educación pública se ha derrumbado. Según las propias cifras del Indec, desde la escuela primaria está creciendo la privatización de la educación argentina, llegando al 45% de colegios privados. La mayoría de esos establecimientos se encuentran subsidiados y en gran parte bajo la órbita de la Iglesia Católica.
Esa orientación capitalista sobre la educación se ampara en recetas promovidas desde el Banco Mundial, es decir, desde el propio imperialismo. Se mantiene la descentralización educativa, iniciada por las dictaduras militares y complementada por la Ley de Educación nacional de Kirchner-Filmus, que profundizó la desigualdad. La nefasta Ley de Educación Superior menemista se aplica a rajatabla. Sobre esos “modelos”, las empresas y el clero diseñaron la ley de educación provincial que Schiaretti impuso en el 2010, con una brutal represión sobre el movimiento estudiantil.
La mercantilización de la educación implica un encarecimiento enorme de la canasta familiar, o sea, una fenomenal desvalorización del valor de la fuerza de trabajo. Ello es una tendencia internacional. En Latinoamérica asistimos a la gran movilización de los estudiantes chilenos, pero también en Colombia y especialmente en Brasil. Las grandes movilizaciones se suceden en España y Grecia, que sufren podas descomunales del gasto público en educación, al igual que Gran Bretaña e Irlanda.
En nuestro país el ajuste se profundizará en 2014. El presupuesto presentado ante el Congreso Nacional por el kirchnerismo contiene, para las partidas educativas, un “aumento” inferior a la mitad del crecimiento de la inflación, mientras se garantiza el pago de diez mil millones de dólares a la deuda externa. La oposición patronal ha adelantado que no privará al gobierno de un instrumento para gobernar como es el presupuesto, es decir, que acuerda con la orientación del oficialismo.
Recuperar el carácter público y gratuito de la educación sin tocar al capitalismo, en el marco de las confiscaciones de los trabajadores que produce la crisis capitalista, es simplemente improcedente. La recuperación de la educación está atada a la recuperación del conjunto de la economía y la vida social bajo nuevas bases sociales. El objetivo de colocar la educación al servicio del desarrollo nacional y social va de la mano con la lucha por un gobierno de trabajadores.
La Universidad
En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con el gobierno kirchnerista se han acreditado más carreras a la Coneau (corazón de la LES menemista) que bajo ningún otro gobierno. A partir de estas “reformas”, llevadas adelante con las camarillas del radicalismo, se recortan sistemáticamente los contenidos de grado transfiriéndolos a posgrados arancelados. Así se desvalorizan los títulos, como sucedió en la carrera de medicina que pasó de “médico cirujano” a “medico en atención primaria”.
En esa misma carrera rige desde hace más de diez años otra aberración impuesta por la Coneau: el cupo en el ingreso de estudiantes, que es la forma más pronunciada de una política sistemática de restricciones en el ingreso, cursado y egreso de medicina y del conjunto de las carreras que se dictan en la UNC. Como contrapartida, crece el negociado de un grupo de academias privadas que usufructúan sobre la base de este esquema.
A la vez, el “cupo” en medicina oficia como el primer eslabón de la privatización de la salud, también desarrollada por los pulpos capitalistas y promovida por los gobiernos. Y la muestra más clara de ello es que en Córdoba ya existen dos carreras de medicina privadas; una en el Instituto de Ciencias Biomédicas de Córdoba, vinculado al Hospital Privado; y la otra dictada en la Universidad Católica de Córdoba.
El deterioro en las condiciones de cursado como por ejemplo la falta de doble horario en muchas unidades académicas, la escasa planta docente, la inexistencia de un plan integral de becas que contemple los recursos materiales para poder estudiar, entre otras cuestiones, particularizan una política destinada a la deserción estudiantil.
Los docentes y no docentes tampoco escapan a esta lógica. La precarización laboral domina las relaciones de trabajo en la Universidad, situación que se complementa con un sinfín de cargos “ad honorem” y salarios de miseria que están muy lejos de llegar a cubrir la canasta familiar.
El carácter privatista impuesto a la Universidad no es cuestionado con la “inversión” millonaria en ciertas unidades, como por ejemplo la FAMAF, en donde proliferan los acuerdos con empresas privadas (Arcor, Intel, Motorola, etc.), orientando nuestra educación al servicio de esos interereses empresarios. Con cláusulas de privacidad, estas empresas se quedan con los resultados de los estudios (patentes), utilizan los recursos humanos y materiales de la Universidad, y sólo ofrecen pasantías gratuitas o mal pagas.
Esa orientación social se proyecta a la intervención de la Universidad en la vida social. Fueron los rectores Scotto y Tamarit quienes patrocinaron la mega privatización de la recolección y el enterramiento de la basura en la ciudad de Córdoba y localidades del gran Córdoba (vía Cormercor), que representa un gran negociado para los capitalistas, nuevos impuestazos para los vecinos y la producción de daños ambientales a gran escala, como denuncia la población de Bower. Ello no es un hecho aislado. Anteriormente el rectorado kirchnerista-radical aceptó los fondos de la megaminería contaminante, así como también se cedieron espacios en los SRT para publicitar la instalación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas.
La educación en la provincia
El ahogo presupuestario domina la educación provincial. Las pésimas condiciones edilicias en muchos colegios sólo reciben como respuesta reiteradas promesas incumplidas. De la Sota ha institucionalizado los colegios-contenedores. La situación de los docentes provinciales es gravosa; la gran mayoría de ellos se ve forzado a trabajar doble jornada o acumular horas por encima de lo adecuado, para llegar a un salario que le permita sobrevivir. El ajuste de De la Sota recae directamente sobre el salario, con retrasos que llegan a los seis meses, en el pago de horas cátedra, cargos, jornadas extendidas o materiales didácticos y antigüedad, a miles de educadores.
En el nivel terciario la falta de cargos docentes es un problema cotidiano que impide el normal funcionamiento de las clases. La situación se complementa con la falta de espacios adecuados para la cantidad de estudiantes que asisten y las actividades que se realizan. La situación ha decantado en el pago de un bono contribución obligatorio por parte de los estudiantes. Al igual que en la UNC, ni siquiera existe un plan de becas integral. La puesta en función de la Universidad Provincial no viene a resolver ninguno de estos problemas, sino a profundizar el carácter privatista y al servicio de los capitalistas de la educación provincial, tal cual se postulara con la mencionada Ley de educación provincial. La creación de la UPC tampoco dispone de un presupuesto acorde a las necesidades.
Para llevar adelante esta política, se desconocen los principios básicos universitarios, tales como la autonomía, la cátedra paralela y el cogobierno de estudiantes y docentes. Lo que sí está presente es la aplicación de la LEP, LES y de la Coneau. Una directora nombrada por la mayoría delasotista en la Legislatura es la única autoridad en la nueva institución; su debut al frente de la universidad provincial estuvo marcado por actos de corrupción: sus funcionarios cobraron sueldos de 17 hasta 23 mil pesos, antes de haber desempañado tarea alguna.
Las conducciones sindicales y estudiantiles
La orientación privatista de la educación cuenta con el aval de las conducciones de los centros de estudiantes y gremios de la educación, copados por representantes del gobierno nacional y provincial. Ello se verifica con el acompañamiento de estas conducciones a las iniciativas oficiales; y con mayor claridad, frente a la movilización y los procesos de organización de estudiantes y docentes. Ha sido la conducción de UEPC, gremio mayoritario entre los docentes provinciales, la que avaló y aportó a la sanción de la LEP, como así también a la creación de la UPC. Es esa misma burocracia que con un discurso nacional y popular mantiene regimentado a los docentes con salarios de hambre y acompaña toda la gestión ajustadora del neoliberal De la Sota.
Adiuc (gremio de docentes universitarios) se ha transformado en una agencia del ministerio de educación nacional. Fue el primero en aceptar las condiciones de una de las peores paritarias salariales, con un aumento que, muy por debajo de la canasta familiar, se terminará de cobrar luego de 16 meses. Recientemente fue el artífice de cerrar un acuerdo con los docentes del área de educación a distancia de la Escuela de Ciencias de la Información sobre la base de que el costo se transfiera a la cuota de los estudiantes.
En el movimiento estudiantil las agrupaciones del kirchnerismo y de la UCR mantienen paralizados a los centros de estudiantes y a la Federación Universitaria, y a la vez promueven las políticas de ajuste y privatistas, como acaba de suceder en el proceso de acreditación de la carrera de Psicología a la Coneau.
La salida: Un planteo socialista
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda consideramos que es necesario luchar por otra salida. Frente al desbarranque del gobierno kirchnerista y a la oposición patronal, que apuntan a profundizar la devaluación, los acuerdos de entrega nacional, el reforzamiento de la política de mano dura y los aparatos represivos, estamos avocados a ofrecer una salida que se sustente sobre la base de defender las condiciones de vida del pueblo en su conjunto.
Como queda dicho, el destino de la educación de la nación está ligado a la cuestión del gobierno de la nación. Mientras los capitalistas y sus partidos detenten el poder político, las consecuencias de la crisis capitalista serán descargadas sobre las espaldas de los trabajadores y provocarán un mayor derrumbe de la educación pública.
El desarrollo de un programa de salida y su exposición ante la comunidad educativa y la población trabajadora, a la par de la recuperación de los centros de estudiantes y de los sindicatos por parte de alumnos y trabajadores independientes del gobierno y de los capitalistas, son las grandes tareas que tenemos por delante.
Bajo estas consignas sesionará el plenario educativo el próximo 5 de octubre:
* Derogación de todas las leyes privatistas (LES, LEP, LEN, Ley de Financiamiento) que sostienen y profundizan la descentralización de la educación, la adaptación de la educación a las necesidad del mercado y los ataques a las condiciones laborales docentes. Por el fin de las acreditaciones de las carreras a la CoNEAU y la eliminación del cupo y de todas las restricciones en el ingreso, cursado y egreso.
* Nacionalización de la educación. Democratización de esa gestión nacionalizada: dirección democrática de los trabajadores de la educación, de los estudiantes y de los integrantes de la comunidad educativa, por medios de consejos de educación electos y revocables, que controlen los recursos económicos y organicen el contenido y objetivos de la educación.
* Derogación del carácter “público” que las leyes K le otorgan a la educación privada. Fin de todos los subsidios a la educación privada. Colocar a las escuelas y establecimientos que amenacen con el cierre bajo control estatal.
* Declaración de la emergencia educativa y edilicia. Triplicación del presupuesto educativo, que hoy apenas cubre los salarios docentes. Relevamiento inmediato de la situación edilicia de las escuelas para su urgente reparación. Una vez establecida la realidad educacional, readecuación del presupuesto de acuerdo a las necesidades. Aumento de los recursos presupuestarios mediante impuestos a las grandes fortunas y grandes contribuyentes.
* Por un plan integral de becas que garantice a los estudiantes de todos los niveles el acceso a la educación, los materiales, su manutención y vivienda.
* Creación de guarderías y jardines maternales con personal único asignado a esta tarea. Licencias por maternidad que contemplen el cursado, para que las estudiantes madres no se vean en la obligación de abandonar sus estudios.
* Pasantías educativas bajo currícula establecida por la docencia y no la empresa, de no más de 4 horas, pagas, bajo convenio de la respectiva actividad. Eliminación del régimen de pasantes tercerizados. Renta para los ayudantes alumnos. Los recursos económicos y las empresas al servicio de la educación, y no al revés. Evaluación de los pasantes en manos de la comunidad educativa, no de la empresa. Que los jóvenes pasantes sean inmediatamente integrados a una bolsa de trabajo controlada por los trabajadores de cada empresa.
* Salario mínimo igual a la canasta familiar por un cargo y canasta educativa básica para alumnos de $2500, indexado por inflación. Fin de la precarización laboral y educativa. Integración de todos los planes de compensación educativa y cursos de formación docente al estatuto docente. Respeto a los docentes que, sin estabilidad laboral en sus cargos, han sostenido a la educación pública durante años. Titularización de todos los cargos y jubilación del 82% móvil sin límite de edad.
PARTIDO OBRERO en el FRENTE DE IZQUIERDA
