Pese a la alharaca del gobierno, los cambios anunciados para los monotributistas son una ratificación del impuesto al salario. Es un hecho conocido que en las categorías más bajas del monotributo predominan los trabajadores precarios. Bajo la figura de “locadores o prestadores de servicios” autónomos, se disimula una relación laboral. El empleador se ahorra el pago de cargas sociales, las que recaen sobre el trabajador. La patronal, asimismo, queda liberada de cualquier cargo o responsabilidad en caso de despido o accidente de trabajo.
Los cambios introducidos en el monotributo amplían las escalas, pero dejan en pie este régimen confiscatorio. Además, los cambios crean una mayor brecha impositiva y previsional en relación a una serie de beneficios laborales entre los monotributistas y los trabajadores en relación de dependencia. Esas diferencias podrían alentar a la empresas “a una mayor contratación de trabajadores dependientes bajo la modalidad del monotributo, una práctica no permitida por la legislación laboral pero que se viene extendiendo” (Clarín, 23/9).
Actualmente, un trabajador en relación de dependencia sin cargas de familia con un sueldo bruto de 20.000 pesos sufre descuentos (jubilación, obra social y ganancias) por 5.025 pesos, un 25% de su sueldo bruto, y recibe en mano 14.975 pesos. En cambio, “si ese trabajador pasa a facturar a su empleador como monotributista por el mismo monto, sólo tendrá que pagar 807 pesos como monotributista, incluyendo el aporte jubilatorio y la obra social. Cobraría en mano 19.193 pesos. La diferencia sería de 4.218 pesos por mes… que anualizada supera los 50.000 pesos” (ídem).
Asimismo, con la contratación como monotributista, las empresas se “ahorran” el pago del aguinaldo y el plus vacacional, además de las contribuciones patronales, como ya lo hemos señalado. Ese menor costo fiscal, lejos de ser inocuo para el trabajador, impacta directamente sobre su presente y su futuro, al pasar a una cobertura inferior en la obra social y estar condenado a percibir la jubilación mínima.
El proyecto del Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea, en cambio, la abolición del impuesto al salario, cualquiera sea su forma. Por eso, excluye del impuesto a los trabajadores precarios que figuran como monotributistas bajo la figura de “prestadores o locadores de servicios”.
La lucha por la abolición del impuesto al salario conserva su vigencia y actualidad.
Pablo Heller
