De la Sota decidió echar a toda la cúpula de la policía, la misma que los amotinados defendieron expresamente en su pliego de reclamos. El nuevo jefe policial empezó condenando el motín. También crecen los rumores de que el gobernador revisaría el acuerdo firmado, al que ahora considera como el producto de una extorsión. Pero si se echa atrás, la crisis que ya domina al aparato de represión del Estado provincial podría terminar con el propio gobierno. La crisis policial responde a mucho más que los bajos salarios.
El escándalo que asoció a la división drogas peligrosas de la policía con el narcotráfico estalló luego de las Paso. Esas denuncias eran parte de una lucha entre el mismísimo Milani y el jefe del PJ provincial por el control del aparato partidario en el Valle de Punilla, una ruta privilegiada de la droga.
La jefatura de drogas peligrosas, hoy en la cárcel, era parte del riñón del gobernador. El narcoescándalo desestabilizó toda una organización que entrelaza a funcionarios del Ejecutivo, de la Justicia y de la policía. En este cuadro, De la Sota cedió ante el amotinamiento con la idea de preservar a ese descompuesto aparato represivo, unido por mil complicidades con el propio gobierno, y al que volverá a recurrir para aplicar el ajuste contra los trabajadores. Después de anunciar a la nueva conducción policial, De la Sota dio de baja a medio gabinete y modificó la estructura ministerial: el nuevo gabinete cuenta con cinco intendentes, todos del aparato del PJ. La crisis ha dado lugar a un verdadero gobierno de punteros.
8.000 pesos de básico para todos los trabajadores
La acusación de extorsión es sólo un tiro por elevación al resto de los trabajadores, y sobre todo a los estatales, que hicieron paros, y que ocupan hospitales y dependencias. El gobierno decidió adelantar una semana el fin del ciclo lectivo, cuando había comenzado la toma de escuelas apoyadas por padres y alumnos. El reclamo de diez mil pesos de básico domina todos los conflictos. El acuerdo con la policía ha terminado legitimando los reclamos salariales de todos los trabajadores. De la Sota y la burocracia de los gremios le temen como a la peste a que la calle sea ocupada por la lucha salarial.
De la Sota y los voceros capitalistas aprovecharon la crisis policial para reclamar una vez más la “regulación” del derecho de huelga en los servicios: se referían a choferes, trabajadores de la salud, docentes y otros.
Con los reclamos salariales, denunciando al aparato represivo de De la Sota, a Milani y a la gendarmería del proyecto X, el próximo 19 ganaremos las calles de Córdoba.
El escándalo que asoció a la división drogas peligrosas de la policía con el narcotráfico estalló luego de las Paso. Esas denuncias eran parte de una lucha entre el mismísimo Milani y el jefe del PJ provincial por el control del aparato partidario en el Valle de Punilla, una ruta privilegiada de la droga.
La jefatura de drogas peligrosas, hoy en la cárcel, era parte del riñón del gobernador. El narcoescándalo desestabilizó toda una organización que entrelaza a funcionarios del Ejecutivo, de la Justicia y de la policía. En este cuadro, De la Sota cedió ante el amotinamiento con la idea de preservar a ese descompuesto aparato represivo, unido por mil complicidades con el propio gobierno, y al que volverá a recurrir para aplicar el ajuste contra los trabajadores. Después de anunciar a la nueva conducción policial, De la Sota dio de baja a medio gabinete y modificó la estructura ministerial: el nuevo gabinete cuenta con cinco intendentes, todos del aparato del PJ. La crisis ha dado lugar a un verdadero gobierno de punteros.
8.000 pesos de básico para todos los trabajadores
La acusación de extorsión es sólo un tiro por elevación al resto de los trabajadores, y sobre todo a los estatales, que hicieron paros, y que ocupan hospitales y dependencias. El gobierno decidió adelantar una semana el fin del ciclo lectivo, cuando había comenzado la toma de escuelas apoyadas por padres y alumnos. El reclamo de diez mil pesos de básico domina todos los conflictos. El acuerdo con la policía ha terminado legitimando los reclamos salariales de todos los trabajadores. De la Sota y la burocracia de los gremios le temen como a la peste a que la calle sea ocupada por la lucha salarial.
De la Sota y los voceros capitalistas aprovecharon la crisis policial para reclamar una vez más la “regulación” del derecho de huelga en los servicios: se referían a choferes, trabajadores de la salud, docentes y otros.
Con los reclamos salariales, denunciando al aparato represivo de De la Sota, a Milani y a la gendarmería del proyecto X, el próximo 19 ganaremos las calles de Córdoba.
Eduardo Salas
