Luego de la derrota electoral, el gobierno retomó a fondo la operación para nombrar a César Milani al frente del Ejército, a pesar de las graves denuncias que pesan en su contra por su participación en crímenes de la dictadura.
Su nombramiento se ha convertido en un asunto de supervivencia política para el kirchnerismo, que asiste al pasaje de los servicios de inteligencia del Estado al campo opositor. Milani -un militar formado en el Batallón 601 de Inteligencia- habría sido quien advirtió a la camarilla gobernante sobre el lanzamiento de la candidatura de Massa, mientras la ex Side informaba lo contrario. El kirchnerismo pretende rearmar un aparato de inteligencia propio, con base en el ejército, para sortear los dos años que restan hasta 2015.
El ascenso de Milani refleja una aguda descomposición del aparato represivo y de inteligencia. Milani estuvo directamente involucrado en la crisis policial de Córdoba, donde tiene intereses políticos propios. Fue uno de sus hombres quien dio la cana a los jefes de la División Drogas de la policía provincial, que terminó con cinco detenidos y las renuncias del titular de la Policía y del ministro de Seguridad de la provincia.
Milani tomó parte activa en el Operativo Independencia (Tucumán) como integrante del Batallón de Inteligencia 601. Está acusado, además, de haber participado en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, y en el secuestro y torturas de Ramón Olivera y su padre. En las últimas semanas, se agregó el caso del periodista riojano Oscar Plutarco Schaller, en el que Milani está señalado como uno de los responsables de su secuestro. La primera denuncia contra el flamante teniente general data de 1984. Según el CELS (que primero apoyó la designación de Milani y luego, al conocerse las denuncias, la impugnó), la Secretaría de Derechos Humanos ocultó los antecedentes del genocida. Milani enfrenta, además, una investigación por enriquecimiento ilícito.
El kirchnerismo se ha jugado a fondo por la designación, comprometiendo a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en su defensa a cualquier costo. A cambio, Milani juró fidelidad al “proyecto nacional y popular”. El operativo en marcha apunta a la reinstalación política de las fuerzas armadas, reducidas a la marginalidad durante los últimos treinta años a causa del repudio popular contra el genocidio.
Por lo pronto, el Ejército ya está comprometido en el apoyo logístico a Gendarmería frente a la posibilidad de revueltas sociales en vísperas de las fiestas de fin de año.
Esta operación política está enmarcada por la ley antiterrorista, la mano dura de Berni y Granados, y la designación de la camporista María Cecilia Rodríguez en el Ministerio de Seguridad. El kirchnerismo pretende sobrevivir hasta 2015 a base de devaluación, reendeudamiento y palos.
Los organismos de derechos humanos independientes -nucleados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia- denunciaron a Milani apenas se conoció su promoción. Los K argumentan que no está procesado y, por lo tanto, frenar su ascenso equivaldría a un “linchamiento” (Aníbal Fernández dixit). Durante los neoliberales años ’90 del menemismo, sin embargo, los ascensos de los militares eran interrumpidos ante la sola impugnación de los organismos de derechos humanos. Fue el caso de los genocidas Rolón y Pernía, por citar un ejemplo, procesados muchos años después de que se rechazara su pliego.
Fuera Milani. Juicio y castigo a todos los culpables.
Apertura de los archivos de la dictadura.
Jacyn
