Cintia Frencia, legisladora del FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES, fue la única en rechazar el día de ayer el proyecto de declaración Nº 15492, impulsado por el bloque del Frente Cívico, al cual se plegaron los restantes bloques, que condena la movilización de la juventud que el martes pasado se manifestó en el Consejo Superior para exigir la derogación del convenio firmado entre la Facultad de Agronomía y Monsanto.
A continuación replicamos la posición del bloque del FRENTE DE IZQUIERDA:
RECHAZO DEL BLOQUE DEL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES AL PROYECTO DE DECLARACIÓN 15492
Señor presidente: Voy a rechazar el presente proyecto de declaración por no ajustarse a los sucesos acontecidos. No estamos frente a ‘hechos de violencia’; se trata una movilización del estudiantado y la juventud de Córdoba contra las maniobras del Rectorado de la UNC que encabeza Francisco Tamarit, que intenta sostener un acuerdo con Monsanto -una multinacional contaminante profundamente cuestionada por la ciudadanía cordobesa-, y es justamente esta movilización que pone en jaque la política oficial, la que hoy se intenta atacar.
Esta resolución, impulsada por el juecismo -al cual se plegaron todos los demás bloques legislativos-, constituye un nuevo respaldo por parte de esta Cámara a favor de Monsanto, y significa un ataque en regla contra la juventud, los estudiantes y vecinos de Córdoba que de manera implacable resisten la instalación de la planta contaminante desde hace más de dos años.
Esta Legislatura que hoy se apresura a aprobar una condena a la movilización contra Monsanto, no aparece con la misma premura y preocupación cuando se trata de condenar el genocidio silencioso que están viviendo los cordobeses en el interior provincial, generado justamente por el uso de agroquímicos producidos y comercializados por multinacionales como Monsanto. ¿Dónde está la sensibilidad de este cuerpo ante la situación en Monte Maíz? ¿Dónde está la sensibilidad de esta Legislatura frente a casos como el de Fabián Tomassi? ¿Dónde está el repudio a esta violencia? Una violencia sistemática, que es puesta en evidencia por estudios que impulsan investigadores de la propia Universidad Nacional de Córdoba.
Anticipo que presentaré, para que sea tratado la sesión que viene, un proyecto de declaración condenando el uso de agroquímicos en el interior provincial por sus consecuencias terriblemente nocivas para la salud de la población, y espero que sea tomada con la misma vehemencia con la que hoy se condena la lucha contra los agroquímicos.
Escondidos tras el ‘repudio a la violencia’, la declaración que hoy se aprueba en la Legislatura no es más que un lobby a favor de Monsanto y es un pronunciamiento político contra la movilización popular. Este pronunciamiento va en plena consonancia con la aprobada Ley Monsanto y con los ataques lanzados por el conjunto de las fuerzas políticas patronales contra los manifestantes y contra la banca del Frente de Izquierda, en un fracasado intento por deslegitimar nuestro rotundo rechazo a dicha ley, que desnudaba de cuerpo entero el carácter de la misma.
Señor presidente: El pueblo de Córdoba lleva más de dos años de debate y movilización en diferentes ámbitos; esta Legislatura ha estado inmersa en ese debate. Al calor de esta situación, el hecho de que el Decano de la Facultad de Agronomía haya firmado un convenio con esta multinacional a espaldas del conjunto de la comunidad educativa y de los vecinos de Córdoba, es un acto de provocación.
A la provocación del decano de la facultad de Agronomía se suman las dilaciones y maniobras orquestadas desde el propio Rectorado y el Consejo Superior de la UNC, los que desde un primer momento intentaron deslindar responsabilidades sobre el consejo directivo de esa facultad y amparar la concreción del convenio entreguista firmado por Conrero.
Tanto el decano de Agronomía como el rector Tamarit desconocieron los reclamos de los estudiantes y vecinos movilizados, quienes respaldados por numerosos estudios académicos y científicos -que revelan el carácter contaminante de la producción de Monsanto y detallan las consecuencias de las fumigaciones, de los alimentos genéticamente modificados y del uso de agrotóxicos-, son la expresión popular del rechazo a la contaminación, a la depredación ambiental y al deterioro de la salud que ya padece la población cordobesa, como resultado de la política productiva del gobierno.
A la Universidad Nacional se ha trasladado una lucha que desenvuelve el conjunto del pueblo de Córdoba, porque el convenio de la UNC con Monsanto favorece los intentos de legitimar a la multinacional para avanzar en su instalación. De la mano de Monsanto se busca incursionar en el desarrollo del biocombustible, situación que sin duda agravará las consecuencias que ya hoy padecemos, tales como la extensión de la frontera agraria, el aumento descomunal de las hectáreas fumigadas, la liquidación de los bosques nativos mediante la deforestación y la concentración de las tierras en manos de grandes productores o pools de siembra.
La declaración que esta Legislatura hoy vota es a su vez un respaldo a una política de privatización del conocimiento que impulsa el rectorado kirchnerista, cristalizado en el convenio con Monsanto. El mismo dispone de los recursos materiales y humanos de la facultad para el desarrollo de investigaciones bajo cláusulas de confidencialidad y patentamiento al servicio de Monsanto, es decir, coloca a la facultad como una ‘tercerizada’ de la multinacional, y subordina toda la producción del conocimiento científico y tecnológico a los intereses del pulpo contaminante, contra la población.
Existe un claro repudio por parte de los cordobeses a esta política de saqueo, entrega y contaminación. Se ha expresado en movilizaciones masivas que congregaron a más de 10 mil personas frente a la Casa de Gobierno; se ha expresado en decenas de asambleas organizadas bajo esta bandera; se has expresado en el Juicio Social y Público contra Monsanto, donde durante más de 6 horas de debate se brindaron extensos argumentos sociales, políticos, científicos y económicos contra la multinacional.
Es por esto que la Legislatura debiera repudiar el convenio firmado entre la UNC y Monsanto, así como también expresarse de manera contundente contra la instalación de esta multinacional en Córdoba.
De ninguna manera votaremos una resolución de esta Legislatura que ampara esta política y ataca la organización y movilización de estudiantes, docentes y vecinos de Córdoba.
CINTIA FRENCIA, legisladora del FIT
PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA
en el Frente de Izquierda y los Trabajadores
