El martes 9 de diciembre Cintia Frencia y Eduardo Salas presentaron en la Unicameral el pedido de juicio político al gobernador provincial por el "caso Kolektor".
Cintia Frencia señaló que “han quedado claros los vínculos entre los funcionarios del gobierno de De la Sota y los empresarios mencionados en el video, y también ha quedado expuesta la existencia de negocios millonarios con los fondos públicos. Están en juego problemas muy serios que involucran a todos los cordobeses; los fondos que se les niegan a docentes y empleados públicos para reabrir las paritarias, fulminadas por una inflación galopante, están siendo utilizados contra el pueblo de Córdoba manipulando información y haciendo espionaje para extorsionar y chantajear”.
Eduardo Salas señaló: “El Juicio Político corresponde porque estamos frente a un hecho político, y por eso la Legislatura debe intervenir. Es la manifestación de un proceso de descomposición de todo el régimen político encabezado por De la Sota, como ya se mostró anteriormente frente a los amotinamientos policiales y el estallido del narco-escándalo, dejando claro a los ojos de la población el manejo del crimen organizado y el narcotráfico por parte del gobierno y su fuerza policial”.
“La oposición del juecismo, la UCR y el PRO lo ha convertido en un mero hecho de corrupción, intentando ocultar que se trata de la expresión de la descomposición de un régimen político. Y esto es porque ellos han sido solidarios con este régimen de los subsidios y eximiciones impositivas a los grandes capitalistas de la industria y el campo, del sostenimiento de una deuda pública usuraria a costa de los intereses de la mayoría de la población. Es por esto que también se han visto envueltos en casos similares como CBI o el propio 'Narcoescándalo'”, continuó Salas.
“Reclamamos a la Legislatura de Córdoba que dé curso a la denuncia e inicie el juicio político al gobernador José Manuel De la Sota; que el mismo sea público, para que los legisladores deban fijar su posición y mostrar su accionar de cara a quienes los votaron. Exigimos la inmediata rescisión de los contratos de las empresas involucradas con la provincia. Reclamamos que De la Sota y los funcionarios y empresarios implicados sean juzgados y condenados y paguen con sus patrimonios el desfalco efectuado”, finalizó la legisladora Frencia.
PARTIDO OBRERO en el FRENTE DE IZQUIERDA
