El plenario de las conducciones de los sindicatos estatales, realizado el viernes 26, resolvió impulsar una "iniciativa popular" para juntar 19 mil firmas certificadas y habilitar la presentación de un proyecto de ley de derogación de la "reforma jubilatoria" (ley 9504, aprobada por la Legislatura el pasado 30 de julio).
Esta decisión no está acompañada por ninguna medida de fuerza; han desistido de los paros y las movilizaciones (salvo al momento de presentar el proyecto), colocando la resolución del conflicto en las mismas manos de quienes lo provocaron. Pero, ¿por qué la Legislatura cambiaría su voto?
El plenario contó con la presencia de Piumato por la CGT moyanista; es decir que, en principio, la mano del kirchnerismo está atrás de esta resolución. También cuenta con el visto bueno del juecismo, que tiene influencia directa en las conducciones de Luz y Fuerza y de los municipales.
La resolución busca el desgaste de la lucha contra la ley de destrucción del sistema jubilatorio, una lucha que tuvo a la provincia en vilo y que provocó un extraordinario enfrentamiento entre el gobierno de Schiaretti y los trabajadores.
La decisión de las direcciones sindicales es contemporánea al mejoramiento de las relaciones entre el gobierno de Schiaretti y el de Kristina. Esto partió con el acuerdo firmado entre ambos por el cual la Nación asiste a la provincia con 650 millones este año y otro tanto el año entrante; en el camino Schiaretti resignó el 70% de sus reclamos. El acuerdo está montado sobre el reconocimiento de la Nación a la decisión de Schiaretti y de la Legislatura de cambiar el régimen jubilatorio provincial, cumpliendo con la exigencia de los K de reducir las futuras jubilaciones modificando la forma de cálculo y alejando al futuro jubilado del salario en actividad.
El acuerdo entre Nación y provincia tiene por lo tanto un carácter antiobrero. El acuerdo ha tensado las relaciones del gobernador con el delasotismo que controla la legislatura, municipios y gran parte del aparato estatal (De la Sota se ha lanzado como relevo de los K, ahora con el apoyo de Duhalde). La resolución de la burocracia sindical está colocada enteramente en las necesidades de la "interna" peronista y muy lejos de la disposición de los trabajadores a la lucha.
La resolución de una campaña de firmas sin paros ni movilizaciones va a contramano de la exigencia de paro general que los trabajadores manifestaron abiertamente en la masiva movilización del 16. La burocracia juega al desgaste de un conflicto que mostró a un sector de las bases yendo muy a fondo en la lucha.
Eduardo Salas
REGIONAL CÓRDOBA
