¿Y si el subsidio por hijo que proponen Lozano, Solanas, De Gennaro (y ahora probablemente su flamante aliado, el ex menemista y el ex kirchnerista Luis Juez) no fuera otra cosa que una propuesta disfrazada de los grandes capitales en el marco de la presente bancarrota capitalista internacional?
En su discurso en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, al tratarse las "medidas anti-crisis", que luego retomó bajo forma de artículo en su virtual oficina de prensa (Crítica, 20/10), Lozano no dice una sola palabra contra la devaluación del peso. El silencio es significativo porque en el recinto se escucharon voces que sí la propusieron, incluido un acuerdo con el FMI. O sea que Lozano se hizo, como se diría, ‘el boludo', y esto por partida doble, porque la devaluación es reclamada abiertamente por la inmensa mayoría de los capitalistas, por toda la oposición patronal y por una gran parte del oficialismo - como Curia o Aldo Ferrer, y hasta por Agustín Rossi, quien acaba de presentar un proyecto de ley para eliminar las retenciones a la soja. La consecuencia directa de la devaluación sería una enorme desvalorización de los salarios de los trabajadores y una redistribución regresiva brutal de los ingresos. Pero todo tiene su explicación: Lozano está en yunta con Eduardo Buzzi, el lobbysta de la ‘burguesía rural' (la única y verdadera, según Lozano), que integra con Eduardo Duhalde el Movimiento por un Modelo Productivo. Duhalde hizo público su reclamo de un acuerdo con el FMI y un dólar a 4,40 pesos de inmediato.
El subsidio por madre e hijo que propugna Lozano jamás lograría producir una redistribución progresiva del ingreso, por la simple razón de que carece de las dimensiones para ello. Lo único que podría hacerlo, en un marco capitalista, sería una gran suba de salarios y la vigencia irrestricta del derecho al trabajo - e incluso esto solamente sería efectivo mediante un enérgico control obrero que impidiera que esas mejoras se tradujeran en mayor inflación o en un bloqueo de inversiones. Mucho menos, por lo tanto, serían capaces de producir una redistribución en el marco de una mega devaluación, cuyo punto de partida sería un masivo empobrecimiento de los trabajadores con o sin empleo.
Es interesante observar que Lozano no presenta su programa en el cuadro de un planteo de intervención contra el capital, empezando, claro, por una denuncia de la devaluación, sino con uno dirigido contra los trabajadores. Es así que opone la eliminación de la ‘tablita de Machinea', que para Lozano beneficia a "los sectores de ingresos altos" (como los petroleros, los metalúrgicos calificados, los mineros, un sector amplio del personal de informática), a la prioridad del subsidio por hijo y madre, lo cual equivale a postular que este subsidio lo paguen los obreros de salarios mayores. Lo que postula Lozano es la redistribución de la pobreza. Aclaremos, de paso, que la ‘tablita de Machinea' es un mecanismo de confiscación más amplio del salario de lo que entrevé Lozano, pues incluye la desvalorización del piso del mínimo no imponible, de modo que hoy se encuentra gravado un salario equivalente al costo de una canasta familiar. No es casual que la burocracia sindical que comulga con Lozano (los Yasky, De Gennaro, Wasiejko, del neumático, o los burócratas metalúrgicos de Villa Constitución) haya entregado la lucha salarial de los afiliados a sus sindicatos, pues resultarían privilegiados frente a las jefas de hogar, los trabajadores en negro, los desocupados y los que ganan menos del mínimo. En su momento, Lozano ‘calculó' el mínimo ‘normal' en una suma equivalente a 1.700 pesos (ver Prensa Obrera Nº 1.048, 31 de julio de 2008).
El desenmascaramiento de la supuesta posición progresista de Lozano en materia de ingresos viene a cuento porque coincide con el planteo PRINCIPAL de los grupos capitalistas, sus asesores y el Banco Mundial, en el marco de la crisis en curso. La palabra de orden de esta gente es crear una red de seguridad social - lo que permite anticipar los despidos masivos que están preparando. La asistencia social funcionaría, de este modo, como la contrapartida de la tolerancia a los despidos en masa. El principal factor de cesantía masiva sería, naturalmente, una mega devaluación, que Lozano y compañía otorgan en cuanto callan.
Es lo que propone el asesor de empresas Kritz. Ante la existencia de 11,5 millones de pobres y 3,9 millones de indigentes, Kritz aconseja "ir a un planteo de contingencia, de distribución directa de ingresos (...) dirigir políticas a la población más vulnerable" (La Nación, 23/12). El asesor resalta el costo (bajo) y los beneficios (altos) de la política que defiende: "Un plan de asistencia alimentaria costaría entre medio y un punto del producto bruto, y me parece que no tener medidas para los más pobres ahora es tomar demasiado riesgo (...)". O sea que incluso ni siquiera este plan menesteroso está dictado por la justicia sino por el miedo. "Los montos de los programas, añade Kritz, deberían estar relacionados con la línea de indigencia (eso implica el valor de una canasta de alimentos básicos que, para una familia tipo, está estimada por el cuestionado Indec en 444 pesos, mientras el plan Jefes otorga 150 pesos)" (ídem). Kritz dice claramente que el objetivo político de la "redistribución" es crear una red de seguridad social (barata) para que las empresas puedan despedir a todos los que quieran. La alternativa, dice Kritz, es arriesgarse a una rebelión popular. Lo mismo dice el Banco Mundial, el cual acaba de reprochar a China que su plan de reactivación contemple numerosas obras de infraestructuras, cuando debería priorizar el establecimiento de una red de asistencia social. A diferencia del seguro por desempleo, estas redes son financiadas por los contribuyentes, no por los patrones, y no constituyen una proporción fija y alta en relación con los salarios vigentes.
Pero, además, una redistribución de ingresos que no afecta al capital, no es tal. Para que sea válida debería plantear la distribución de las horas de trabajo disponibles entre el conjunto de la población activa (menos el personal que debería recibir formación profesional, a cargo de las empresas, y además de eso una elevación de los salarios). Este es un aspecto del problema, el otro es metodológico, porque la propuesta de los Lozano y de los Kritz supone la intervención del aparato del Estado y por lo tanto la formación de una sociedad y un Estado clientelares; la lucha por la incorporación de todo el mundo al trabajo y por el aumento de los salarios, supone la movilización independiente de las masas, o sea fuera de la tutela estatal.
Los planteos de Lozano coinciden con los de Kritz, porque constituyen la única respuesta ‘viable' del capital frente a la crisis. La bancarrota capitalista supone la desvalorización de los capitales, de modo que un ‘economista' que se precie de tal jamás financiaría una transferencia de ingresos a los sectores populares a partir de una imposición sobre el capital. Los bancos, en el mundo, reciben plata del Estado, no lo contrario. La quiebra de los bancos crea la ilusión óptica de que la riqueza social ha desaparecido, cuando lo que se desvanece es el capital, no la forma material de lo que se ha producido bajo su hegemonía. Los desalojos crecen por millones, pero las casas están ahí; lo mismo ocurre con los despedidos y las fábricas. Se trata de tomar el control del capital, cuya realidad capitalista se ha desmoronado con antecedencia, para darle un carácter social a la riqueza efectivamente creada. Para los economistas que especulan con las categorías del capitalismo, esto es simplemente inimaginable, por eso prefieren sacarle a un pobre con trabajo para darle (nada) a otro que no lo tiene. Mientras tanto, la sociedad paga el derrumbe capitalista y ayuda con su sacrificio a restablecer un orden social superado.
Lo ‘maravilloso' del nuevo engendro centroizquierdista, que ha juntado a los Tumini con los Juez y con los Solanas, Cafiero y Lozano, más los Ibarra y quizá los Alberto Fernández - es que tenemos a los ex nacionales y populares entreverados con los sojeros que descubrieron tardíamente a una burguesía rural que no resiste una caída de precios, más los agentes de las AFJP, que le pagaron a éstas la totalidad de la deuda pública de la Ciudad, con un enorme premio adicional. Con semejante política pretenden no volver a fracasar. En 1993, ‘Pino' Solanas votó la intervención de Schiaretti a Santiago del Estero, contra el santiagueñazo - ahora acompañan el golpe de mercado, la devaluación, que podría culminar más allá de lo comercial.
Jorge Altamira
REGIONAL CÓRDOBA
