Esta vez fue el turno de Romina Gelvez, de 22 años en Mendoza. Saracco, Ministro de Salud de la provincia confiesa que "el 70% de los embarazos no son planificados" y silencia las causas de esas cifras y asegura que “Podrá ser bueno, podrá ser malo, ser muy antiguo, pero es lo que rige (articulo 86 del Código Penal) y tenemos que dar cumplimiento a la legislación que está vigente" (Télam 14/3). Saracco miente, debe estar en el banquillo de los acusados, porque fue el primer impulsor de los ataques contra una niña de 12 años violada a la que no se le practicó el aborto legal que corresponde en esos casos, hace apenas unos meses y porque es el responsable que las mujeres de Mendoza no puedan acceder a la atención sanitaria acorde a las necesidades que hay en la provincia.
La justicia actúa como comparsa de esta política criminal pretendiendo cubrir la responsabilidad del estado persiguiendo a quien practicó el aborto.
Simplemente la política del gobierno nacional y los provinciales de todo pelaje es criminal: lograron el record de que en 5 años aumentara la muerte de mujeres embarazadas en un 20%, siendo la principal causa de este aumento el aborto clandestino. Esta semana las mujeres rosarinas se han movilizado para reclamar que se publiquen las verdaderas cifras, luego de que se hiciera pública la muerte de tres jóvenes en la provincia de Santa Fe en apenas 15 días.
La intervención de las iglesias evangelista y católica en el ámbito de la salud y la justicia, la política de los kirchner, los Binner y los Jaque ha sido nefasta y sus resultados están a la vista.
Las razones que llevan a una mujer a abortar son múltiples: la mayoría de las veces razones sociales relacionadas con la ausencia de ingresos para sostener familias más numerosas, otras el temor a la condena social, otras los embarazos provocados por violaciones de mujeres dentro y fuera de sus hogares, otras simplemente no querer ser madres. Todas las causas se profundizarán con la crisis y de no intervenir nosotras, las mujeres, para torcer esta política, aumentarán las muertes y mutilaciones.
La política que el movimiento de mujeres de este país reclama es la única que disminuye la práctica de abortos, garantiza la reducción a cero de muerte de mujeres embarazadas y termina con la exposición mediática de familias pobres, que son las acosadas y vulneradas en estos casos.
Educación: en todos los niveles educativos, para luchar contra el embarazo no deseado, el abuso infantil y las enfermedades de transmisión sexual, que se imparta de forma regular en todo el sistema educativo, sin intromisión alguna de la religión y con criterios científicos.
Anticoncepción: entrega sin restricciones en todo el sistema público y en las obras sociales, adecuados a cada persona.
Aborto legal: que sea una decisión tomada entre las mujeres y los médicos sin ninguna otra intromisión.
Exigimos castigo a todos los que violan y han violado el artículo 86 del código penal no practicando abortos frente a casos de violaciones o peligro de vida de la mujer embarazada, tal como dicta la norma. Castigo a los responsables de la muerte de Ana María Acevedo y de todas las mujeres.
Reclamamos que se terminen con las amenazas y persecución a los médicos que respetan el derecho al acceso a la atención sanitaria de las mujeres sin discriminación de ningún tipo.
Reclamamos que se termine con la judicialización de la salud de las mujeres.
Ningún “objetor de conciencia” en las direcciones de los hospitales y en los sectores de ginecología.
Separación de la Iglesia del Estado.
Desde la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras, llamamos a todo el movimiento de mujeres a sacar un balance de lo actuado y a avanzar movilizadas para terminar con el aborto clandestino y la muerte de mujeres.
PLENARIO DE TRABAJADORAS
http://plenariomujerestrabajadoras.blogspot.com
REGIONAL CÓRDOBA
