Todos implicados: Justicia, Iglesia, UCR.
El juicio a Videla y a Menéndez, que se está desarrollando en los tribunales federales de Córdoba, está destapando la complicidad activa de funcionarios judiciales y eclesiásticos con la dictadura militar. Los testimonios revelan la continuidad del aparato represivo de la dictadura, con sus mismos hombres, durante los gobiernos constitucionales posteriores.
En el juicio se ventilan dos causas: la de los fusilamientos de la UP1 (penitenciaría del barrio San Martín) y la llamada Gontero, que se refiere a secuestros y torturas padecidos por ex policías.
Fermín Rivera, cuya denuncia inició esta causa en ¡1983!, denunció que "el capellán del III Cuerpo de Ejército, Eduardo Mac Kinnon, junto al cura Sabas Gallardo... ‘recomendaban' a los presos ‘cooperar' con las torturas ya que ‘dos días de tortura no es pecado porque se puede salvar la vida a otras personas'".
La D2, la UCR y Juez
Entre los imputados, hay varias figuras de la llamada D2, el servicio de inteligencia de la policía provincial. En Córdoba empezó tempranamente, cuando Perón ordenó al jefe de Policía Navarro, en febrero de 1974, a levantarse contra el gobierno de Obregón Cano y Atilio López, e intervino la provincia. La D2 organizó la represión "legal" e "ilegal" (Comando Libertadores de América) (los detenidos que fueron fusilados en la UP1 eran presos de esta época). Los testigos denunciaron que los jueces y secretarios de la Justicia federal eran miembros del Comando Libertadores de América.
Uno de los imputados es Carlos Yanicelli quien junto a su hermano Raúl, fue miembro destacado de la D2. Carlos Yanicelli señaló en su descargo, en lo que parece un arreglo de viejas cuentas, que el actual camarista federal Luis Rueda era servicio, mostrando fotos que así lo probarían.
Luis Urquiza -un ex policía que fue torturado, luego encarcelado y que terminó exiliado en Dinamarca- señaló a los Yanicelli como sus torturadores. Pero el testimonio de Urquiza fue más lejos. Señaló que en 1997, en uno de sus viajes a Córdoba, recibió amenazas de los Yanicelli, que seguían siendo miembros de la policía provincial. Carlos "Tucán" Yanicelli era jefe de drogas peligrosas en ese momento.
Urquiza denunció como responsable al actual jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, quien en 1997 era ministro de Asuntos Constitucionales del gobierno de Mestre.
Aguad se defendió diciendo que desconocía el pasado de Yanicelli, quien había perdurado con los tres gobiernos de Angeloz. Aguad miente. La convivencia de los gobiernos de la UCR, incluido el de Mestre, con los personajes de la dictadura militar era pública; ahí están las fotos de actos oficiales con el propio Menéndez en el palco de honor a centímetros de Aguad y Mestre.
Está convivencia era, en realidad, una prolongación de la que se desarrolló durante la propia dictadura: más de 100 intendentes y presidentes de comuna de la UCR fueron interventores designados por el gobierno genocida. El propio Angeloz era hombre de consulta permanente, junto al obispo Primatesta, para Luciano Menéndez.
Juez aprovechó la volteada para "pegarle" a Aguad (que en las elecciones de 2009 le ganó al candidato juecista y se postula para gobernador). Pero terminó salpicado. Rápidamente le recordaron que durante su intendencia tuvo un funcionario, Oscar Cuassolo, que había sido miembro de la D2 y que fue denunciado por infiltrarse en la Universidad en la época de la dictadura. Tampoco se olvidaron de su menemismo furioso al momento en que Menem decretó los indultos.
Gobierno y oposición temen que los juicios se terminen convirtiendo en un factor de mayor desestabilización política y destapen la continuidad de intereses y personajes entre la dictadura y la democracia. La política del kirchnerismo es mantenerlos a cuentagotas, dejando que la "vida" haga su trabajo y los imputados mueran de causas naturales.
Eduardo Salas
REGIONAL CÓRDOBA
