En los tribunales federales de Córdoba se está desarrollando un juicio contra Videla, Menéndez y 29 represores más.
Se los acusa de fusilar y torturar a 31 compañeros en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (ubicada en Barrio San Martín) entre abril y octubre de 1976. Veintisiete de ellos eran presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional desde 1975.
Primero estuvieron desaparecidos, luego fueron blanqueados como detenidos a “disposición del PEN”, y finalmente se les aplicó “la ley de fugas”, un procedimiento por el cual la dictadura mataba presos acusándolos de intento de fuga.
Este es el tercer juicio a Menéndez por su responsabilidad en el genocidio (en los dos primeros fue condenado a cadena perpetua en una cárcel común). Por la tradición del tribunal, y considerando que los principales imputados ya cumplen condena por otros juicios, el fallo condenatorio parece estar asegurado. Muy posiblemente ésta sea una de las razones por las que el inicio del juicio no generó una movilización popular, como si había sucedido con el primer juicio a Menéndez.
La complicidad del aparato judicial
A pesar de no estar imputados, varios integrantes del poder judicial y la Justicia de conjunto han quedado en el centro de la situación.
Primero por parte de un abogado querellante, Rubén Arroyo, quien planteó que “acá tendrían que estar jueces, fiscales, secretarios y defensores oficiales. Tendrían que estar acusados de asociación ilícita y encubrimiento” (La Voz del Interior, 3/7).
Arroyo representa a Eduardo De Breuil, que estaba preso en el penal junto a su hermano que fue fusilado. De Breuil declaró ante la jueza Garzón de Lascano (cuando aún no había elevado la causa a juicio) que en el año 1978, cuando ya estaba en Sierra Chica, lo fue a visitar el ex juez federal Zamboni Ledesma –ya fallecido–, ocasión en que él le contó lo sucedido con su hermano y los otros presos, a lo que el juez le contestó “‘son cosas que pasan’, y no hizo nada”. En esa oportunidad De Breuil ratificó su declaración de ¡1984!
El que fuera secretario de Zamboni en esa época, Otero Alvárez, fue denunciado por Luis Baronetto, secretario de derechos humanos de la municipalidad de Córdoba, cuya compañera fue fusilada en el penal. Otero actuó como camarista en el primer juicio a Menéndez.
En sus testimonios, dos de los represores acusados implicaron directamente a miembros del poder judicial. Yabour, de la D-2 (investigaciones de la policía provincial), responsabilizó directamente en los hechos a Zamboni Ledesma, al ahora jubilado camarista Otero Alvárez, y al actual camarista Luis Rueda. Yabour señaló que todo se hizo “bajo la directiva del juzgado” donde el primero era juez, el segundo secretario y el tercero empleado. El ex militar Enrique Mones amplió la lista a Cristina Garzón de Lascano, quien elevó la actual causa a juicio, y al defensor Eduardo Molina.
En este juicio no sólo se salpicó a la Justicia, también al radicalismo. Uno de los imputados es el ex policía Yanicelli, un personaje siniestro de la D2. Yanicelli ocupó un alto cargo en la jefatura de la policía durante la gobernación de Mestre, cuyo ministro de gobierno era el actual jefe de la bancada de la UCR, Oscar Aguad.
Para terminar de graficar la continuidad entre el Estado genocida y el constitucional, uno de los imputados alabó la obediencia debida y el punto final y Videla se basó en el “juicio a las Juntas” para reclamar contra su actual juzgamiento.
La impunidad K
El inicio del juicio fue usado como acto a favor de la política kirchnerista de derechos humanos. Los K directos y los periféricos coparon la tribuna.
Sin embargo, las cifras desnudan la verdadera efectividad de la política de los juicios en manos de los K. Según informaba el portal http://notas.desaparecidos.org/, el 17 de mayo de 2010, “ya han concluido 23 debates de juicio oral, con 68 condenados y siete absueltos, y otros diez debates se están realizando ahora, que involucran a 59 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y algunos civiles. Menos de 1500 personas fueron acusadas por crímenes de lesa humanidad, es decir un porcentaje minúsculo de quienes integraron esas fuerzas entre 1976 y 1983 (no menos de 50.000 oficiales y suboficiales en cada año). Sólo 649 fueron procesados, de los cuales 421 están detenidos con prisión preventiva y 228 en libertad. Hubo 230 imputados que murieron mientras eran investigados y 18 fueron declarados incapaces, entre ellos el ex dictador Emilio Massera. En varias jurisdicciones es ostensible la decisión de algunos jueces de impedir que las causas lleguen a la instancia del juicio oral”, ¡demoledor!
Los cómplices de la represión: empresarios, políticos, jueces y otros, no pisaron aún ningún tribunal. Sólo la movilización popular los colocará en el banquillo de los acusados.
Eduardo Salas
REGIONAL CÓRDOBA
