Ni el fallo de la Corte, ni las variadas propuestas que circulan en el Congreso para reponer en su cargo al Procurador de Santa Cruz, expulsado por una resolución arbitraria de Néstor Kirchner hace 15 años, tienen la menor posibilidad de llegar a buen término, ni de quebrar la decisión del gobierno K de concentrar el poder político de la provincia entre funcionarios incondicionales y amigos. Un principio de desmantelamiento del poder de camarilla en el estado santacruceño marcaría el fin imparable del régimen kirchneriano. Los K ya voltearon en Santa Cruz a dos gobernadores designados por ellos mismos, en una Provincia donde controlan el 90% del poder político.
La Corte finge desconocer que las resoluciones judiciales que avalan el reclamo del ex Procurador han sido ignoradas por más de una década con completa impunidad. Ahora ha decidido iniciar un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el gobernador Peralta, ante una jueza subrogante que en el pasado reciente ha avalado la compra de terrenos fiscales a precios viles por parte del matrimonio oficial. La causa iniciada por la Corte es una irrefutable muestra de impotencia política frente al desacato oficial. No lleva a ningún lado.
En el Congreso, por su lado, florecen los proyectos de intervención a la Provincia, pero todos ellos adolecen de incapacidad incurable, en primer lugar porque son contradictorios entre ellos, y en segundo lugar porque la intervención no contaría con los votos necesarios en las dos Cámaras. La propuesta de que el Poder Ejecutivo de la Provincia sea intervenido por cinco días, que presentaría la UCR, con el objetivo único de reponer al Procurador, es un compendio de incompetencia e incapacidad políticas, pues supone reestablecer, después de ese período, al mismo Gobernador que desacata a la Corte y que, eventualmente, podría deshacer lo que haga la fugaz intervención. El futuro del gobernador Peralta quedaría condicionado al improbable e indefinido juicio iniciado por la Corte.
El desconocimiento de un fallo de la Corte Suprema de la Nación equivale a una quiebra del sistema político, lo cual abre un período de disolución del régimen de gobierno vigente. Si se suma la decisión de los K de prorrogar por decreto el Presupuesto 2010, queda en evidencia el desarrollo de un colapso institucional. Los que se arrogaron la tarea de “reconstruir el poder el Estado”, después de la crisis de 2001, concluyen su tentativa en un completo fracaso. Si, como muchos suponen, la Corte declara, en las próximas semanas, la inconstitucionalidad total o parcial de la ley de medios, quedará montado el escenario para una crisis política sin salida y la precipitación del adelanto de las elecciones, o la convocatoria a un plebiscito de facto.
La impotencia del régimen político existente para hacer valer su propio orden constitucional, deja la tarea de desbaratar el acaparamiento de poder del matrimonio oficial en manos de la acción directa del pueblo. Esta acción, por supuesto, no podría limitarse a una operación de maquillaje, como sería la sola reposición del ex Procurador santacruceño en su cargo, sino que debería desarrollar, en esencia, las reivindicaciones por las que los distintos sectores populares están luchando en la actualidad: vigencia del 82% móvil para los jubilados; cese del uso de la Anses para el pago de la deuda externa – por el cese de su pago; por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; reapertura de las paritarias; ningún despido, expropiación de toda empresa que cierre; fuera Peralta; por un gobierno de trabajadores.
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