Finalmente, llegó el 7D.
El propio gobierno ya dio la receta del fraude: que los empresarios repartan las licencias entre sus parientes o socios.
El mismo “método” que usó Boudou para quedarse con Ciccone.
Los beneficiarios de esa estafa serán las enormes “K”orpos armadas al calor del gobierno: Cristóbal López, Vila-Manzano y otros.
Ese mismo recurso podría ser utilizado, finalmente, por el mismísimo grupo Clarín.
La guerra transcurre entre juzgados y conspiraciones de accionistas.
Son los métodos de los buitres capitalistas.
No está en juego la “democratización” de los medios: es apenas un nuevo reparto de negocios entre sus propietarios.
También es el intento oficial de monopolizar la palabra, para reforzar un régimen de gobierno personal.
Por eso, los dos -la Corpo y el gobierno- tienen un blanco común.
Por un lado, los trabajadores de prensa, igualmente perseguidos por Clarín y por el gobierno.
Por el otro, la población trabajadora, que seguirá sometida a la manipulación de las corporaciones mediáticas, oficialistas u opositoras.
La libertad de expresión exige poner fin al monopolio capitalista -o del Estado que sirve a esos monopolios- y asignar los recursos y medios de comunicación a las organizaciones y expresiones del arte, la cultura, la política y la vida social.
Luchemos por esta perspectiva.
Defendamos la libertad y la estabilidad laboral de los trabajadores de prensa.
