En concreto, el gobierno K le exige a De la Sota que, entre otras cosas, modifique el cálculo del haber jubilatorio pasándolo al promedio de los últimos 10 años. Esto no es otra cosa que la destrucción de lo poco que queda de la ley jubilatoria (8024), reivindicada por los trabajadores y jubilados.
La demanda de los K es una respuesta a la presentación de la provincia en la Corte Suprema reclamando de $1040 millones correspondientes a 2011 y no enviados por Nación.
El gobierno nacional está “tercerizando” el ajuste.
Estas presiones del kirchnerismo no son nuevas y fueron incrementándose junto con la crisis fiscal. En 2008 Schiaretti cedió una parte y modificó el cálculo llevándolo al promedio de los últimos 4 años, con una fortísima resistencia de los trabajadores. De la Sota ante el no envío de fondos dijo que no iba a “armonizar”, pero postergó por 6 meses el aumento a los jubilados, que hasta ese momento seguían al de los trabajadores activos. Además, con el argumento de la pelea con la Nación, metió el impuesto a los combustibles e incrementó el resto. Al igual que Nación con la Anses, desde Mestre a la fecha la Caja de Jubilaciones sigue intervenida.
Lo concreto es que entre las apretadas de los K y el ajuste de De la Sota se ha perdido el 82% y se ha desvinculado el haber jubilatorio del cargo testigo. Es decir que las apretadas surten efecto.
Repudiamos el reclamo de la Anses y la política del gobierno provincial. Exigimos la derogación de las leyes que afectaron a la 8024 “original” y exigimos la inmediata devolución de la Anses y la Caja de Jubilaciones provincial a los trabajadores y jubilados.
Eduardo Salas
