El conflicto que mantiene la policía de Córdoba con el gobierno provincial ha desembocado en la peor crisis política y social desde la dictadura militar. Se suceden saqueos y hechos delictivos a lo largo y ancho de la ciudad. Se entremezclan sectores empobrecidos con bandas organizadas. Los comerciantes se han armado en resguardo de sus establecimientos. Los enfrentamientos han dejado decenas de heridos y, por lo menos, un muerto.
Ante esta situación, De la Sota se ha presentado absolutamente impotente. Dejó que la situación se agravara al extremo y se limitó a caracterizar el caos como consecuencia del accionar de bandas criminales. El gobierno se empeña en destacar que no estamos ante una situación de explosión social y desliza la idea de que hay una mano negra detrás de los saqueos, sin mencionar quiénes serían los responsables. Asimismo llegó a solicitar la intervención de la gendarmería de Berni.
Por su parte, el gobierno nacional, en boca de Capitanich, se negó a intervenir aduciendo que se trata de un reclamo salarial de la fuerza policial y que debe respetarse la autonomía provincial.
La presente crisis se desarrolla en el marco de una disputa al interior de los aparatos represivos, nacional y provincial, por el manejo del narcotráfico y del delito, como ha quedado claro con el “narcoescándalo” local. El propio jefe del Ejército, Milani, es parte activa en esta disputa; fue un miembro de su servicio de inteligencia el que desató el narcoescándalo que terminó con la renuncia de la anterior cúpula policial y del ministro de seguridad, y con toda la dirección de drogas peligrosas en prisión. Milani mantiene una disputa con Caserio por el control del PJ en el Departamento Punilla, vía destacada del paso de la droga. Entre los reclamos de los policías acuartelados aparece en primer lugar la consigna "No sanción, por escrito, a policías que participan de la protesta, y no cuestionamiento al jefe o al subjefe policial”, lo cual prefigura una cobertura a la jefatura de la policía provincial.
La crisis abierta ha dejado planteada la renuncia del gobernador. El propio De la Sota llamó a una reunión -todavía no concretada-, para determinar los pasos a seguir, con los parlamentarios nacionales y provinciales, las cámaras empresariales y el “movimiento obrero” representado por la CGT regional. No se conoce cuál es la pretensión del gobierno con esta iniciativa y cuál será la reacción de los actores convocados. En tanto, la burocracia sindical acompaña silenciosa la posición oficial mientras manda al bombo los reclamos salariales del conjunto de los trabajadores.
El gobierno se encuentra a la deriva y ahora ha acordado un aumento que lleva el salario de los policías a cerca de $13000, con una significativa porción en negro. El acuerdo alcanzado refuerza el aparato policial, fuertemente cuestionado por su accionar represivo de las luchas populares y de los trabajadores, y por su entrelazamiento con el delito. Es un acuerdo precario, en tanto y en cuanto no resuelve la repartija de negocios, al tiempo que agrava la crisis que se vive en el sistema sanitario, educativo, judicial y administrativo.
La crisis política y social se ha profundizado al extremo. En el medio de la cuestión ha quedado colocada la carestía que sufre la población y la miseria salarial. La descomposición del sistema capitalista, de los partidos políticos capitalistas y de las fuerzas de seguridad, ha llevado la sociedad a la barbarie. Ello deja planteada la urgente necesidad de una intervención unificada de la clase obrera con un programa y un plan de acción en defensa de la población trabajadora, que parta del salario y la seguridad de la misma.
* Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero: 0351- 155477025
* Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT: 0351- 155477903
* Jorge Navarro, dirigente del Partido Obrero: 0351– 155469014
Ante esta situación, De la Sota se ha presentado absolutamente impotente. Dejó que la situación se agravara al extremo y se limitó a caracterizar el caos como consecuencia del accionar de bandas criminales. El gobierno se empeña en destacar que no estamos ante una situación de explosión social y desliza la idea de que hay una mano negra detrás de los saqueos, sin mencionar quiénes serían los responsables. Asimismo llegó a solicitar la intervención de la gendarmería de Berni.
Por su parte, el gobierno nacional, en boca de Capitanich, se negó a intervenir aduciendo que se trata de un reclamo salarial de la fuerza policial y que debe respetarse la autonomía provincial.
La presente crisis se desarrolla en el marco de una disputa al interior de los aparatos represivos, nacional y provincial, por el manejo del narcotráfico y del delito, como ha quedado claro con el “narcoescándalo” local. El propio jefe del Ejército, Milani, es parte activa en esta disputa; fue un miembro de su servicio de inteligencia el que desató el narcoescándalo que terminó con la renuncia de la anterior cúpula policial y del ministro de seguridad, y con toda la dirección de drogas peligrosas en prisión. Milani mantiene una disputa con Caserio por el control del PJ en el Departamento Punilla, vía destacada del paso de la droga. Entre los reclamos de los policías acuartelados aparece en primer lugar la consigna "No sanción, por escrito, a policías que participan de la protesta, y no cuestionamiento al jefe o al subjefe policial”, lo cual prefigura una cobertura a la jefatura de la policía provincial.
La crisis abierta ha dejado planteada la renuncia del gobernador. El propio De la Sota llamó a una reunión -todavía no concretada-, para determinar los pasos a seguir, con los parlamentarios nacionales y provinciales, las cámaras empresariales y el “movimiento obrero” representado por la CGT regional. No se conoce cuál es la pretensión del gobierno con esta iniciativa y cuál será la reacción de los actores convocados. En tanto, la burocracia sindical acompaña silenciosa la posición oficial mientras manda al bombo los reclamos salariales del conjunto de los trabajadores.
El gobierno se encuentra a la deriva y ahora ha acordado un aumento que lleva el salario de los policías a cerca de $13000, con una significativa porción en negro. El acuerdo alcanzado refuerza el aparato policial, fuertemente cuestionado por su accionar represivo de las luchas populares y de los trabajadores, y por su entrelazamiento con el delito. Es un acuerdo precario, en tanto y en cuanto no resuelve la repartija de negocios, al tiempo que agrava la crisis que se vive en el sistema sanitario, educativo, judicial y administrativo.
La crisis política y social se ha profundizado al extremo. En el medio de la cuestión ha quedado colocada la carestía que sufre la población y la miseria salarial. La descomposición del sistema capitalista, de los partidos políticos capitalistas y de las fuerzas de seguridad, ha llevado la sociedad a la barbarie. Ello deja planteada la urgente necesidad de una intervención unificada de la clase obrera con un programa y un plan de acción en defensa de la población trabajadora, que parta del salario y la seguridad de la misma.
* Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero: 0351- 155477025
* Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT: 0351- 155477903
* Jorge Navarro, dirigente del Partido Obrero: 0351– 155469014
PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA
