Agosto de 1975. Un mes antes, la burocracia de la CGT había bloqueado la victoria de la imponente huelga general de junio y julio de ese año. Las coordinadoras interfabriles, que se habían desarrollado en oposición a las burocracias de sus sindicatos, encontraban un obstáculo en sus propias direcciones -especialmente en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), vinculada con Montoneros, y en las que respondían al PRT-ERP. En septiembre, Montoneros parecía operar un giro político con la formación del Partido Auténtico, que se presentaría poco después a elecciones en Misiones.
La crisis del gobierno de Isabel Perón y el derrumbe de su gabinete arrastraron en esos días al jefe del Ejército, general Alberto Numa Laplane. Política Obrera (N° 240; 22/8/75) escribía: “Tanto para el imperialismo como para el proletariado, el gobierno peronista es un gobierno imposible”.
A todo esto, en la pugna militar se imponía el sector del llamado “profesionalismo prescindente”. Esa facción militar obtendría la orden de “aniquilamiento” -firmada por Italo Luder cuando ejerció la presidencia provisional por licencia de la señora de Perón- y organizaría el monopolio de la violencia, purgando por un lado y cooptando por el otro, a las bandas de la Triple A. El terrorismo paraestatal no hubiera podido funcionar, desde que comenzó a operar durante el gobierno de Perón, sin autorización de la cúpula militar.
El gobierno peronista hizo suya esa postura, por medio de Luder y con el respaldo del jefe radical, Ricardo Balbín, el representante civil de la nueva conducción del Ejército. Fue así que se nombró, de acuerdo con ella, al nuevo jefe del Ejército: Jorge Rafael Videla. La ilusión que desplegó el establishment político del momento era que la renuncia definitiva de la Presidenta y la asunción provisional de Luder servirían de transición política para una masiva represión militar que, de ese modo, no necesitaría salirse del calendario constitucional.
Hoy se sabe que, cuando asumió, Videla ya le había pedido a José Alfredo Martínez de Hoz que preparara un plan económico de gobierno. Estanciero y miembro de número de la Sociedad Rural, Martínez de Hoz era director de Pan American Airways y de la International Telegraph & Telephone (ITT), asesor del Chase Manhattan Bank y ejecutivo de Acindar -subsidiaria de la USS Steel-, de Bracht, del grupo Soldati, de Braun Boveri y de la banca Roberts. Esa pertenencia del jefe económico de la dictadura da idea de los intereses sociales que sostuvieron el golpe, de los mandantes de Videla. Junto con ellos, la dictadura sería la fiesta de los llamados “capitanes de la industria”: Techint, Blaquier, Pérez Companc, el grupo Roggio, Eskenazi y otros que, durante la última década, fueron parte del “capitalismo de amigos” del gobierno K. La función de este equipo era restablecer la vigencia del plan económico que no había podido imponerse con el Rodrigazo, debido a la huelga general que desató.
Los respaldos de VidelaPoco antes de su muerte, en una de las escasas declaraciones que aceptó hacer en uno de los juicios contra él, Videla confesó que, apenas asumió la jefatura del Ejército, Balbín fue a verlo y le dijo: “¿Y, general? ¿Para cuándo?”. En ese momento, la resistencia de la camarilla que rodeaba a Estela Martínez y también la de la burocracia de los sindicatos habían hecho fracasar la viabilidad del interinato de Luder. Como lo recordara más tarde el chaqueño Deolindo Bittel, jefe del peronismo en marzo de 1976, era mejor ser expulsado por un golpe que servir de pantalla a las Fuerzas Armadas, porque eso ofrecía la posibilidad de volver luego del descontado fracaso de una dictadura militar. Balbín empezó a hablar entonces, obsesivamente, de la “guerrilla fabril”, de la “subversión en las fábricas”. Cuando Balbín falleció, en 1981, todavía era la alternativa de recambio de la UCR al gobierno militar. Los radicales le dieron a la dictadura centenares de intendentes de facto en todo el país, unos cuantos más que los peronistas.
Parte de aquella alianza golpista fue también el estalinismo, que había pedido un gobierno “cívico militar” luego de la derrota de la dictadura de Juan Carlos Onganía por el Cordobazo y retomaba la fórmula en 1975, para después respaldar a Videla. Videla era miembro, según ellos, del “sector democrático” de las Fuerzas Armadas contra los “pinochetistas” de Eduardo Emilio Massera (designado, digamos al pasar, por Juan Perón en persona). El Partido Comunista local era un enemigo acérrimo del gobierno de Cuba, por lo que veía en la dictadura una posibilidad de limitar la fuerte influencia del castrismo en las organizaciones foquistas. Dicho sea al pasar: se acostumbra a adjudicar la política de lucha armada a una ideología predeterminada (foquismo o guerrilla urbana) cuando, en lo fundamental, fue un emergente de la presión en esa dirección por parte del castrismo.
Párrafo aparte merece el Partido Socialista, que hoy dice ser “progresista” mientras gobierna para los sojeros en Santa Fe. Su periódico, La Vanguardia, colaboró con la dictadura y le dedicó un editorial edulcorado a Videla en 1980, cuando aquel criminal le dejó su puesto al general Roberto Viola. También el PS le dio a la dictadura intendentes y embajadores.
En definitiva, todas las fuerzas políticas de la burguesía que hoy compiten para ver quién le dedica peores epítetos a Videla fueron, en su momento, los indispensables sostenes de la dictadura militar. Esto es: cuando a la burguesía y al imperialismo les resulta indispensable (y posible) actuar a sangre y terror contra el movimiento obrero, todos sus servidores chapotean gustosos en esa sangre y ese terror.
De ayer a hoyVidela y compañía fueron, en última instancia, sicarios, asesinos a sueldo de intereses ubicados muy por encima de ellos. Néstor Kirchner, enriquecido gracias a la dictadura, amasador de una fortuna que fue producto de un saqueo social operado bajo el terror, bajó el cuadro de Videla en el Colegio Militar cuando hacerlo ya no costaba nada en términos de crisis política o posibilidad de sublevación social. Ahora se puede condenar casi gratuitamente a un grupo de gerontes que ya no le sirve a nadie.
En su momento, Raúl Alfonsín promovió el juicio a las juntas, porque no hacerlo resultaba imposible. Era necesario mostrar una fachada de limpieza de las Fuerzas Armadas, hecha además bajo la presión de una enorme movilización democrática. Se condenó a los comandantes para salvar la responsabilidad de las fuerzas en cuanto tales. Si se quiere, a diferencia de los K, Alfonsín tuvo el mérito de hacerlo cuando los tanques estaban calientes, aunque con la pólvora mojada (derrota en Malvinas, bancarrota financiera, movilizaciones populares).
Por otra parte, Kirchner necesitaba hacer ciertos trámites de adopción para convertirse en “hijo de las Madres”, necesitaba inventarse un pasado para cooptar organismos de derechos humanos. Era indispensable, porque el suyo fue un gobierno de crisis, necesitado de recomponer la autoridad del Estado después del Argentinazo de 2001.
Sin embargo, desde Alfonsín hasta los K, desde los juicios acotados a los comandantes en 1985 hasta las condenas de un grupo también acotado de criminales en la actualidad, se mantiene el empecinamiento de ocultar los archivos de la dictadura. Tiene su lógica, porque de esos archivos se desprendería la responsabilidad política y empresarial que promovió el golpe y lo sostuvo luego. Unos y otros aseguraron y aseguran la impunidad del aparato represivo del Estado, que sigue ahí.
Por lo tanto, continúan vigentes las consignas de juicio y castigo a todos los genocidas, de apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, del desmantelamiento de un aparato represivo presente en la represión de ayer y de hoy.
En cuanto a Videla, dejó en su momento final todo un símbolo: murió en el inodoro de su celda, sentado sobre su propia mierda.
A. Guerrero
