Fiel a su estilo de mentir, Aníbal Fernández declara en La Nación (21/1/2011), sin el menor rubor, que “Todos los detenidos por la muerte de Mariano Ferreyra fueron datos que aportó el gobierno”.
A las 19 horas del 20 de octubre del 2010 ya se había comunicado a la fiscalía un mensaje anónimo, recibido en el 911, que indicaba como autor material del asesinato a Favale, especificando que el mismo había sido convocado por Pablo Díaz.
También se contaba con dos testigos que no eran ni víctimas ni parte del grupo agresor, en cuyos testimonios se basan los reconocimientos efectuados sobre la mayoría de los detenidos. Al resto se los identificó mediante las filmaciones de C5N.
Estos datos fundamentales no fueron aportados por el gobierno. Tampoco lo fueron los numerosos testigos víctimas de esta agresión, ni las declaraciones de la periodista de C5N y sus camarógrafos, ni las filmaciones y fotos aportadas por el PO, ni las declaraciones de los miembros de Causa Ferroviaria en el expediente, ni los datos que guiaron los allanamientos a Ugofe S.A., aportados por la querella de Elsa Rodríguez. Todas pruebas que fueron valorados por la Sra. Jueza en los fundamentos del procesamiento.
El primer aporte del gobierno se dio en las 48 horas posteriores, con la presentación del “primer arrepentido” en las actuaciones, un miembro de la patota agresora que se presenta de la mano de los punteros kirchneristas a declarar.
El otro aporte de los K fue la presentación como testigo de un antiguo militante de la lista verde de la Unión Ferroviaria, enfrentado a Pedraza en la actualidad, que intentó introducir la pista de la vinculación con Duhalde en la causa. Estos ‘aportes’ merecieron el apelativo de “carne podrida”.
La mentira de Aníbal Fernández oculta la directa participación del gobierno en el encubrimiento del crimen a través del accionar de su policía federal, a quien Fernández respaldó inmediatamente después de los hechos.
A tres meses de los hechos ha quedado acreditado a juicio de la Juez Susana Wilma López que “El accionar policial no se limitó a ese estadio previo (en referencia a la zona liberada), sino que posteriormente se facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho cometido”. 1) Omitieron dar noticia del hecho (que costó un muerto y varios heridos, tres de gravedad) al magistrado de turno. 2) No resguardaron el lugar del hecho, facilitando que se perdieran preciosos elementos de prueba. 3) En el video obtenido por la policía de los hechos, al ser solicitado por el juzgado, se comprobó un corte entre las 13:33 y las 13:39 horas, exactamente el momento de los disparos fatales. 4) La cinta de comunicaciones entre Enlaces Troncalizados, Comando Radioeléctrico, Sección Análisis y Central Operativa de Videos apareció cortada y editada, con la ausencia de 29 minutos de grabación. 5) En la grabación de las modulaciones policiales estaba borrado el segmento de las 14:00 a las 15:00, es decir, el momento de la fuga de los perpetradores.
El gobierno no sólo no aportó “todas” las pruebas, sino que ocultó parte de ellas -un extremo que llevó a la jueza actuante a ordenar el allanamiento de la Central de la Policía Federal.
Sin embargo, estos graves hechos no tuvieron como respuesta ni siquiera un solo sumario interno contra los policías involucrados, de lo cual sólo se ha de concluir que los policías actuaron “orgánicamente”, bajo las ordenes del ejecutivo.
Varios de los participes de estos hechos no sólo permanecen en actividad, sino como parte de la División Roca fueron los autores de las actas de procedimiento que constituyen las pruebas de la acusación contra los compañeros Hospital, Merino, Morales y Belliboni, casualmente tres de ellos testigos en la causa.
CLAUDIA FERRERO
PARTIDO OBRERO, ABOGADA QUERELLANTE
REGIONAL CÓRDOBA
