Justicia
Apenas promulgada, los gobernadores kirchneristas promineros -como Gioja en San Juan- se apresuraron a reclamar la inconstitucionalidad de la ley. También lo reclamaron la Barrick y la burocracia de la Aoma. El juez federal de esa provincia rápidamente dictó una medida cautelar que suspende la vigencia de la ley en esa provincia. Barrick no explota solamente el yacimiento de Veladero, en las altas cumbres sanjuaninas, en medio de las zonas de glaciares, sino que está construyendo el megayacimiento binacional de Pascua Lama en la frontera con Chile, que supuestamente debiera proteger la ley. La construcción avanza a todo trapo y la Barrick (como en su momento Botnia en Gualeguaychú) se maneja con la política de los hechos consumados.
Inventario y reglamentación
El artículo 15 de la ley establecía que el gobierno debía implementar en 180 días un inventario de los glaciares y zonas periglaciares a preservar. Por las condiciones climáticas, la época más propicia es la primavera y el verano. Pero el gobierno nacional los dejó pasar y recién reglamentó la ley en marzo de este año. Así la pateó un año. Pero además, dejó sin reglamentar el artículo 15. Adicionalmente, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, detalló que "los primeros datos sobre los glaciares y zonas periglaciares los tendremos en un año y en cinco años completaremos la información" (Télam, 2/3). El jefe de Gabinete completó: "en un año tendremos algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares" (Página/12, 2/3).
El inventario, según la ley, debía realizarlo el Ianiglia (Instituto de Nivología, dependiente del Conicet). Pero tres meses después de "reglamentada" la ley, Aníbal Fernández y Mussi "le entregan 3.400.000 pesos presupuestados para el primer año de ejecución del Inventario del Glaciares, a la Fundación Innova-T" (Secretaría de Medio ambiente, 10/6). Esta fundación, si bien fue promovida por el Conicet (en 1993), hoy es una ONG independiente que ha sido denunciada por haber trabajado para la Barrick. Además, con esos fondos no le alcanza ni para empezar.
Corte Suprema
Paralelamente, el 7 del mes pasado, la Corte Suprema decidió aceptar la "competencia originaria" en las demandas que la provincia de San Juan, Barrick y Aoma había entablado por la inconstitucionalidad de la ley. Coincidentemente, esta intervención fue elogiada tanto desde ciertas posturas ambientalistas como desde los agentes de los pulpos mineros.
En un artículo de opinión en Clarín (23/6), los referentes ambientalistas Svampa y Viale consideran que el hecho de que "la Corte tome cartas en el asunto es una buena noticia". Por su parte, Daniel Tomas, diputado sanjuanino del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara declaró: "Es buena noticia que la Corte se ocupe del diferendo de la ley de glaciares" (Diario de Cuyo, 12/6). Más contundente fue el título de El diario de Cuyo, del 9 de junio, que apuntó en otra dirección: "El gobierno de Gioja está ‘satisfecho'".
Gioja sabe de lo que habla, los otros, no: es que la Corte no le otorgó a su intervención efecto suspensivo, es decir que mientras "estudia" el caso, las medidas cautelares del juzgado sanjuanino continúan vigentes. Además, reconoció como "querellantes" a la provincia y a la Barrick, pero no a las organizaciones ambientalistas.
Como es sabido que la Corte maneja sus tiempos; no quiere interferir en la campaña electoral -y tampoco querrá crear un ‘conflicto de poderes' después del 10 de diciembre, cuando asumirá un gobierno que seguirá protegiendo los negocios mineros (sea oficialista u opositor).
Volvemos al lugar común: "hecha la ley, hecha la trampa".
Miguel Gómez
