El “plan agropecuario” que se acaba de anunciar viene al dedo para analizar el proyecto de “ley de tierras” del gobierno. El proyecto pone un techo de 1.000 hectáreas a las nuevas propiedades de extranjeros y un límite del 20% del territorio que pueda estar en manos foráneas. La lista de grandes propietarios extranjeros que se vieron beneficiados con la política K quedan afuera del marco de la ley: los Benetton, con su millón de hectáreas en la Patagonia, la aseguradora yanqui AIG, que posee en Salta 1,5 millón de hectáreas (el 7% de la provincia), la chilena Arauco, asociada a capitales argentinos, que tiene el 6% del territorio de Misiones, o el empresario de Estados Unidos Douglas Tompkins, quien posee territorios con recursos naturales vinculados con el agua -tanto en la Patagonia como en los Esteros del Iberá en Corrientes, incluido el Acuífero Guaraní, que es la mayor reserva de agua dulce del mundo.
La lista es interminable y no sólo tiene a la familia Bush con 30 mil hectáreas en Córdoba, sino a los principales monopolios mineros del mundo, los que poseen el 91% de los emprendimientos en ese rubro del país, la mayoría de ellos en zonas fronterizas de los Andes o a través de la Cordillera. La nueva ley no afecta “la seguridad jurídica de las inversiones”.
Esas tierras, en general, están pagadas a precios de remate y en zonas reclamadas por comunidades originarias y campesinas. Se estima -aunque los cálculos difieren significativamente- que la cantidad de tierras en manos extranjeras es del 10% del territorio -la mitad de lo que autoriza la propuesta que llegó al Congreso. El proyecto, por otro lado, excluye de la norma a los extranjeros que se asocien a capitales nacionales hasta un 49% del capital. Se trata apenas de una formalidad, pues bastaría que el capital extranjero financie con créditos el desarrollo del proyecto compartido para convertirse en el dueño privilegiado de la asociación. Es claramente lo que busca el proyecto, pensando en el ingreso de capitales de China, como acaba de ocurrir con una asociación comercial con productores de Río Negro (330 mil hectáreas), enteramente financiado por capitales de China para exportar la totalidad de la producción a ese país. El pretexto de la “extranjerización” sirve como pantalla para ocultar la expansión de los grandes capitales financieros en el agro, los que contratan los servicios del campo (siembra-cosecha) o alquilan los lotes que les interesan. Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores propietarios y arrendadores de tierras, acaba de plantear, precisamente, la necesidad de ampliar el plazo mínimo de los arrendamientos a cinco años y de eliminar el “arriendo accidental” (La Nación, 13/9). La Federación Agraria ha advertido hacia adónde apunta el proyecto agrario: “por el camino actual, podremos llegar a los 160 millones de toneladas, pero con miles de chacareros que quedaron en el camino... y un puñado de pooles de siembra y grandes empresas mantendrán su situación dominante”. Hay que añadir a esto que las grandes propiedades agrarias pagan impuestos inmobiliarios sobre valores fiscales que equivalen al 15% del valor de mercado de la tierra.
La oposición patronal no rechaza el proyecto. El peronismo federal, la UCR y Binner ya han consensuado con el gobierno excluir de las restricciones a los capitalistas extranjeros que tienen residencia en la Argentina. Binner tampoco plantea prohibir la compra por extranjeros de tierras con recursos naturales, como fuentes de agua, sino sólo su “protección”.
El proyecto tiene una elevada dosis de demagogia, en la búsqueda de mantener la iniciativa en un período electoral. Por otro lado, procura mantener la presión sobre los capitalistas, en el marco de la crisis mundial, con la advertencia de una ‘profundización del modelo’. Al precio actual de la tierra, determinado por el elevado precio de la tierra y la bajísima tasa de interés, a nadie le interesa comprar los campos. La aprobación de la ley consolidaría los ‘derechos adquiridos’ de los actuales poseedores foráneos de tierras y de la oligarquía local que se ha apropiado de tierras fiscales y expropiado a los campesinos. Lo que está planteado en lo inmediato, precisamente, es la revisión de todas las compras de tierras de las dos últimas décadas por los grandes propietarios -sean extranjeros o locales- y la aplicación de impuestos rurales progresivos sobre el valor venal de la tierra.
Gabriel Solano
