La puerta de entrada a este "ajuste" será el envío de una "declaración jurada" junto a todas las boletas de servicios, para que los usuarios indiquen si "necesitan o no" el subsidio y puedan optar por la renuncia "voluntaria". De todas maneras, los que no lo hagan serán sometidos a diferentes ‘cruces de datos' por parte del Estado. O sea que será el gobierno quien resuelva qué usuario "necesita o no" el subsidio.
En términos de poder adquisitivo, el salario de los trabajadores argentinos no es mayor al que percibían antes de la bancarrota de 2001/2002, cuando comenzaron los "subsidios". Por lo tanto, no fueron los trabajadores quienes se beneficiaron de las tarifas congeladas, sino los capitalistas que, por ese motivo, pudieron pagar salarios bajos.
Como consecuencia de lo anterior, no más del 15% de los trabajadores en blanco gana en la Argentina una canasta familiar, que asciende a los 6.000 pesos. Pero el costo de la canasta se iría a 7.000 ó 7.500 pesos si se retiran los subsidios a los servicios públicos, y el número de trabajadores que la percibe sería todavía inferior. Sin embargo, el mismo Estado que decidirá quien "necesita o no" subsidios es el que obliga a dos millones de trabajadores a pagar un impuesto al salario, disfrazado de impuesto a las ganancias. Es evidente que el gobierno se apresta a aumentarle las tarifas a la gran mayoría de los usuarios, incluyendo a los que viven de su trabajo.
Los usuarios serán empujados a renunciar al subsidio incluso antes de saber si serán compensados salarialmente por el aumento de tarifas, en momentos en que las presiones en favor de una contención salarial son evidentes.
Durante todo este tiempo, el régimen de las privatizaciones amparó a un sistema que permitió el vaciamiento de las reservas petroleras, mientras Repsol fugaba sus utilidades del país; que dio lugar al desquicio ferroviario, mientras sus concesionarios desviaban los subsidios para concentrar el transporte de colectivos. Ese régimen no será revisado por el gobierno. Pero en lugar de ello, Boudou-De Vido quieren una"auditoría general" sobre los ingresos y salarios de todos los trabajadores, para justificar un tarifazo. Lo que debe colocarse a la consideración popular y al control popular son los libros de las privatizadas, establecer sus verdaderos costos y beneficios, colocar de relieve sus operaciones contra los usuarios y el país. Ningún tarifazo; que el servicio eléctrico y de gas retorne al patrimonio público, bajo control obrero.
Marcelo Ramal
