El intendente de la capital de Córdoba, el radical Ramón Mestre, sólo necesitó 48 horas desde su asunción para anunciar, concretito y sin cortapisas, un ajuste descomunal contra los vecinos de la ciudad.
Mestre y sus funcionarios desenvolvieron, desde el mismo día de haber asumido, una puesta en escena digna de Hollywood: el palacio municipal sin teléfonos, sin internet ni servicios de limpieza, oficinas que debieron ser abiertas con cerrajeros y un claro mensaje a la población: "El municipio está en quiebra". Evidentemente, tanto empeño cinematográfico obedecía a establecer los "justificativos" para descargar el ajuste sobre el conjunto de los vecinos.
Tarifazos
El envío al Concejo Deliberante de la nueva ordenanza tarifaria para la ciudad ha revelado la profundidad del ajuste. El cuadro tarifario propone la creación de un cargo fijo del 10% del consumo de agua, que irá en la boleta de la privatizada Aguas Cordobesas. Esta nueva tasa estará destinada a constituir un fondo que será complementado con un fideicomiso financiero, para la ejecución de obras de cloacas. Es decir que la brutal crisis de un sistema cloacal que se encuentra colapsado, va a ser pagado por el conjunto de los vecinos, tengan o no cloacas o aún estén pagando la obra en su barrio. Lo más grave de todo es que el colapso del sistema de cloacas tiene responsables, además de las distintas gestiones municipales: los especuladores inmobiliarios han levantado más de 7,5 millones de metros cuadrados en los últimos años, sin desembolsar un solo centavo en obras de infraestructura de servicios. La forma en que será cobrada esa tasa -a través de Aguas Cordobesas- es también un guiño al grupo Roggio, que deja abierta la puerta para una futura privatización del servicio cloacal.
El cuadro tarifario prevé, también, un mecanismo de actualización que permite llevar el valor fiscal de los inmuebles al valor de mercado. En momentos en que el valor de las propiedades ha sido inflado de manera ficticia como consecuencia de la enorme especulación inmobiliaria, la medida implicará un aumento de la tasa que grava los inmuebles, que iría del 200 al 500%. Es decir que los vecinos pagarán las consecuencias de los resultados de los negocios capitalistas que se desenvuelven en la ciudad. El gobierno radical aplica en la ciudad lo que se ha negado de manera sistemática en la provincia: la actualización del impuesto inmobiliario rural, que las propiedades del capital agrario tributan sobre valuaciones de 1995. Queda más clara que nunca la defensa de los negocios del capital agrario. Un dato más que revelador es que los concejales del juecisimo y del PJ dieron su aval para que el nuevo cuadro tarifario fuera discutido sobre tablas y sin debate, lo que marca la complicidad de la oposición con el ajuste.
El transporte urbano de pasajeros es la otra pata del ajuste. Ya se prepara un incremento del precio del boleto del orden del 40% -esto en el caso que continúen los subsidios nacionales; en caso contrario, el boletazo podría llegar al 100%. El ajuste en le transporte incluye, además, la privatización de la empresa municipal, Tamse, que representa el 40% del corte de boleto de la ciudad. A partir de la privatización de la Tamse, Mestre pretende transferir un gran negocio a manos privadas, lo que acarreará despidos -el gobierno ha anunciado que "sobran" 400 empleados- y un ataque a las condiciones de trabajo de los choferes. Mestre, por cuenta y orden de la Fetap, pretende disciplinar a todos los choferes.
Ataque a los trabajadores
Los trabajadores municipales no van a quedar afuera del festival ajustador. Con las declaraciones del secretario general de la municipalidad, Sergio Torres, de que "no hay fondos para pagar los aguinaldos", el gobierno ha lanzado un tiro por elevación a los trabajadores municipales, que indica que no pretende sentarse a discutir salarios. El "plan Mestre" incluye también la descentralización de las áreas operativas de la municipalidad, lo que significa un paso previo a la tercerización. Lo que intentó hacer durante cuatro años Giacomino, pretende llevarlo adelante el digno hijo de su padre.
El ajuste en la ciudad de Córdoba es brutal, pero sólo se diferencia del que pretende llevar adelante CFK, en que no cuenta con el maquillaje nacional y popular y redistribucionista. Hay un hilo conductor entre Cristina, De la Sota y Ramón Mestre; los une la manera en que encaran la crisis capitalista: confiscando el bolsillo de trabajadores y capas medias de nuestro pueblo.
El ajuste y el novel gobierno municipal todavía tendrán que enfrentar la prueba de la resistencia que los sectores populares ofrecerán a esta política. Los trabajadores ya han empezado a deliberar sobre los salarios, condiciones de trabajo y defensa de los puestos laborales.
La lucha para enfrentar los ajustes y los tarifazos es una lucha contra un régimen capitalista en derrumbe, que pretende hacerle pagar a las masas su propia e irremediable crisis. Fortalezcamos el Frente de Izquierda; construyamos una herramienta política de los trabajadores para enfrentar a los ajustadores y para que la crisis la paguen los capitalistas.
Manuel D'Alessandro
REGIONAL CÓRDOBA
