Diez años atrás, el pueblo de Argentina se arrogó un derecho que no tiene reconocido por la Constitución Nacional: revocó, por medio de la acción directa, el mandato de un gobierno electo. El intento de ‘proteger' a las clases medias mediante el estado de sitio fue respondido con una enorme rebelión popular. Entre el ‘peligro' de los de abajo y la confiscación de los de arriba, los sectores medios eligieron su campo. La renuncia veloz del gobierno permitió mantener la continuidad jurídica del Estado, mediante un gobierno designado por el Congreso. Una década más tarde, este derecho de revocatoria sigue presente en la conciencia popular e incluso en la del régimen político. Los cortes de ruta, las manifestaciones sin autorización, las ocupaciones de empresas, universidades y colegios son cotidianos. La conmemoración del décimo aniversario reunió alrededor de treinta mil personas -sin la presencia de ningún contingente del oficialismo ni de la oposición patronal.
La bancarrota de Argentina, hace diez años, es un caso de modelo ‘puro' de disolución de las relaciones sociales capitalistas: hacia allí converge la crisis mundial actual. Fue un Lehman Brothers ‘avant la lettre': la devaluación del peso fue una expresión del derrumbe económico, no una ‘salida' a la crisis, la cual emergió por otras circunstancias. Produjo una bancarrota total del sistema bancario, la caída vertical de la producción, una virtual desaparición de la moneda y una desocupación en masa (un 60 por ciento entre desocupados y subocupados). La quiebra financiera del Estado obligó a los Estados federales a emitir moneda propia -catorce monedas diferentes- y, en algunos casos, emergió el trueque. La unidad política del Estado operó como el recurso último de supervivencia del capital.
El default, la devaluación del peso y la caída del gobierno consumaron un golpe de Estado por parte del FMI y de la burguesía argentina. El primero financió, durante 2001, una fuga de capitales de alrededor de 50 mil millones de dólares, los que quedaron exentos del default. La burguesía nacional obtuvo la desvalorización de sus deudas en pesos y ventajas comerciales. La desvalorización económica (el PBI, en valor, cayó de 300 mil a menos de 100 mil millones de dólares) sirvió como premisa de la recuperación de la economía desde mediados de 2002, pero solamente porque la crisis quedó confinada a las fronteras nacionales y se desarrolló una irrupción enorme de China en el mercado mundial de alimentos y minerales. Lo mismo ocurrió con toda América del Sur, cuyas monedas estuvieron sobrevaluadas durante toda la década. En el marco de una crisis mundial, como ocurre en la actualidad, esto no hubiera sido posible.
El oficialismo asegura que resolvió el problema de la deuda externa debido a que consiguió una quita del 75 por ciento. Falso. La refinanciación afectó, en primer lugar, solamente a la mitad de la deuda -la contraída con los acreedores privados. En segundo lugar, la deuda refinanciada estaba inflada por la acumulación de intereses usurarios impagos de los rescates de 2001. En tercer lugar, la refinanciación del kirchnerismo incluye un bono que se ajusta al crecimiento del PBI, que ha dado rendimientos extraordinarios en los diez últimos años. La deuda pública, en 2011, supera en 25 mil millones de dólares a la anterior a la crisis. Para pagar la deuda renegociada, el gobierno procedió a la confiscación de fondos del fondo de pensiones del Estado, de la asistencia médica a los jubilados, del Banco Central y de otras cajas del Estado. La deuda externa ha sido convertida, en casi un 60 por ciento, en una deuda pública interna, la que será refinanciada en forma indefinida -lo cual equivale a una confiscación de los jubilados. Ahora que esta política confiscatoria se encuentra agotada, el gobierno ha anunciado un aumento extraordinario (300 por ciento) de impuestos y de tarifas de servicios, acompañado por el anuncio de un congelamiento relativo de salarios frente a una inflación anual del 30 por ciento. Esto demuestra que Argentina aún sigue en default. No debe extrañar que, a poco de ganar las elecciones, el gobierno enfrente la peor crisis política desde 2003: ruptura con la burocracia sindical y con numerosos gobernadores de provincia.
La bancarrota de 2001 no ha sido superada en términos estructurales. El Congreso acaba de renovar la ley de emergencia económica de hace una década; el sistema bancario se ha reducido en una tercera parte; la población que se encuentra por debajo del nivel de pobreza sigue en el 30/35 por ciento anterior a la bancarrota; el promedio de salarios es de 3200 pesos (520 euros), la mitad del costo de una canasta familiar; los subsidios a los servicios públicos, otros tipos de subsidios y las exenciones impositivas consumen el 40 por ciento del presupuesto. Como la deuda pública y la deuda externa siguen siendo impagables, hay gestiones activas para reanudar el endeudamiento internacional. El aumento de impuestos y tarifas, junto con la reducción relativa de los salarios han llevado a un choque con los sindicatos. La quiebra política que ha irrumpido en el oficialismo, a pocos días de su triunfo electoral, ha reforzado la tendencia bonapartista del régimen político -es decir la etapa previa de una crisis final.
Ninguna nación puede salir de la bancarrota económica sin repudiar la deuda externa, o sea sin romper con todas las relaciones políticas (nacionales e internacionales) que la sustentan. El repudio a la deuda plantea, en Europa, la ruptura con la Unión Europea y desataría una situación revolucionaria, la que tampoco se limitaría a un solo país. Tomada en su conjunto, la bancarrota de la UE plantea la toma del poder por los trabajadores y la Unidad Socialista de Europa, incluida Rusia. Un retorno al orden de cosas precedente no sólo es inconcebible, sino que reforzaría la opresión de los países ‘periféricos' por parte del imperialismo e incluso desataría una guerra inter-imperialista. Nosotros planteamos la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto Rico.
La bancarrota de 2001 le ofreció una nueva oportunidad al nacionalismo burgués, gracias también al seguidismo de la izquierda democratizante (liderada por el partido Comunista, que hoy se encuentra dentro del gobierno) y de sindicatos integrados al Estado. Su fracaso es incuestionable, porque no ha modificado, sino que ha acentuado la dependencia del capital internacional. La intervención del Partido Obrero en el Argentinazo (con la consigna "que se vayan todos" y por "una asamblea constituyente convocada por un gobierno de trabajadores") sentó las bases de un desarrollo político ulterior sin precedentes, que se manifestó primero en la organización del movimiento de desocupados y luego en la conquista de numerosos cuerpos de delegados en las fábricas, así como de centros y consejeros en las universidades y colegios. En las elecciones recientes, el Frente de Izquierda obtuvo el mayor porcentaje de votos de la izquierda en el último cuarto de siglo, con un programa revolucionario (repudio de la deuda, expropiación de los bancos, nacionalización sin pago de recursos básicos, control obrero de la producción, gobierno de trabajadores). En numerosas ciudades alcanzó el 6 por ciento de los votos. En algunas (Salta, Capitán Bermúdez), el 14 y el 18 por ciento. Se desarrolla una perspectiva política revolucionaria, en el marco de una crisis definitiva del gobierno y de una crisis mundial imparable.
El Argentinazo fue un "pre-ensayo general".
Jorge Altamira
