En vísperas de las paritarias, los ‘números' de la clase obrera son tan claros como graves. De acuerdo con cualquier estimación, la inflación real de 2011 no fue inferior al 25%, aunque la suba de la canasta alimentaria (la cual afecta fuertemente a los trabajadores) superó el 30%. Pero esa realidad no toma en cuenta el impacto de los impuestazos y tarifazos que comenzaron a aplicarse desde fines de año. De los subtes a los colectivos en el interior, del ABL a los impuestos de los municipios, esa ‘primera oleada' del ajuste sumará -de acuerdo con algunas estimaciones sindicales- otros diez puntos a la inflación acumulada de 2011. Frente a ese 35-40% de deterioro salarial, está claro que el 18% que la UIA y el gobierno están tramitando como ‘techo' es una clara confiscación.
El gobierno y las patronales baten el parche de bajar "las expectativas inflacionarias", justo en el momento en que la política oficial es más inflacionaria que nunca. Lo prueban los aumentos de tarifas e impuestos, así como la suba exorbitante de los intereses bancarios -todas variantes de rescate de sectores capitalistas. El único blanco de la mentirosa "guerra a la inflación" son los salarios. El gobierno quiere postergar los reclamos capitalistas en favor de una devaluación de la moneda a través de la desvalorización del "costo nacional" -o sea, los salarios.
De cara a las paritarias, las patronales metalúrgicas y mecánicas levantan el fantasma de las suspensiones y los despidos. Ambas, sin embargo, han acumulado ganancias inéditas en los últimos años y están siendo fuertemente beneficiadas por el proteccionismo oficial. Mal que le pese a las burocracias de Caló y Pignanelli, estas empresas tienen espaldas para responder a reclamos que, como mínimo, deben partir de la inflación real del año que pasó y de los tarifazos de ahora.
Naipes marcados
La primera señal de la política oficial apareció en la paritaria de los aceiteros, donde el sindicato reclamó un 26% y las patronales ofrecieron un 17%. En seguida, Tomada se apresuró a dictar la conciliación obligatoria -hecho que desmiente la supuesta "libertad de negociación" en las paritarias. Allí donde los trabajadores se arriman a recuperar el poder de compra del salario, el Estado actúa despóticamente contra ellos. Es cierto que el gobierno tiene avanzado un acuerdo con las burocracias del Smata, de la UOM y del "agente" Martínez (Uocra) en relación con su "techo" del 18%. Pero la carestía galopante está colocando en crisis la posibilidad de un arreglo similar para los docentes y otros gremios. La CTA de Yasky ha reclamado en estos días "no menos del 25% para los maestros". Sin embargo, Wasiejko -y el propio Yasky- han abierto la posibilidad de partir ese aumento en varias cuotas anuales. En ese caso, el gobierno y las patronales se saldrían con la suya de otorgar ahora un porcentaje muy inferior a la inflación registrada en 2011 y así patear para adelante otros reajustes que, si se producen, tendrán como contrapeso los tarifazos en ciernes.
Los sindicatos más comprometidos con el "modelo" oficial -como UPCN, el Suterh u Obras Sanitarias- ya "compraron" la propuesta del aumento en cuotas, pero partiendo de un mísero 7% (Ambito, 18/1). El gobierno está operando activamente en favor de esta licuación de los aumentos. Para afrontar una negociación en cuotas, quieren armar un índice de precios "especial" -o sea, tan trucho como el del Indec, pero que tenga la bendición de las burocracias sindicales.
Moyano, Micheli
Las operaciones oficiales contra las paritarias parecen haber dejado a un lado a Moyano. Pero, antes de eso, hay que decir que Moyano se corrió solo del escenario. Ningún moyanista ha salido a cuestionar los ajustes en curso -tarifazos, cesantías de contratados- y su líder sólo mantiene la amenaza de discutir "sin techos" su propia paritaria. Pero esa negociación tendrá lugar a mediados de año. Le dejan el camino libre al gobierno y a la UIA para avanzar en arreglos fraccionados, que convaliden un despojo del salario. De más está decir que esta política entierra en la miseria salarial a los precarizados y contratados, quienes representan el 40% de la clase obrera.
Micheli se apresuró a apoyar a Moyano en sus choques verbales con el gobierno. Pero, mientras tanto, la CTA "opositora" no articuló ninguna respuesta de conjunto frente a la oleada de cesantías de estatales contratados, que está diezmando a ATE en el interior del país.
Una política para defender el salario
Es claro que, en cualquier circunstancia, la emergencia de las paritarias debería ser objeto de una deliberación y una acción de conjunto de los trabajadores, que agrupe a todas sus fracciones y sindicatos. Pero esa necesidad se redobla en el cuadro del ajuste, el cual tiene al Estado y a las patronales conspirando férreamente en la tarea de trasladarle a los trabajadores la factura de la crisis. El objetivo último de la estrategia oficial es la liquidación de las paritarias como proceso colectivo de discusión del salario y de las condiciones laborales. La burocracia sindical, con sus negociaciones por separado y en el tiempo, está haciendo una contribución preciosa a esa política.
La defensa de las paritarias exige, en primer lugar, un programa: 1) reconocimiento inmediato de la inflación acumulada de 2011 y de los tarifazos en curso, algo que en ningún caso es inferior al 30%; 2) ajuste automático de los salarios de acuerdo con la inflación; 3) ninguna suspensión ni despido -ni en el sector público, ni en el privado. Que las patronales banquen la ocupación con los beneficios acumulados. Pase a planta de los contratados; 4) no a los tarifazos e impuestazos. Que se abran los libros y costos de las privatizadas; 5) abajo las cláusulas flexibilizadoras. Incorporación al básico de los plus condicionados a la "productividad".
Impulsemos reuniones de delegados y plenarios en todos los sindicatos para discutir este programa. Que las centrales obreras rompan con el gobierno y su política de liquidación de las paritarias, y resuelvan un plan de lucha común para defender el salario, las condiciones laborales y los puestos de trabajo.
Marcelo Ramal