La decisión de no practicarle el aborto a la niña entrerriana de once años, embarazada a causa de una violación, no tiene nada de “libre”. La renuncia de la familia a reclamar el aborto es el resultado de la presión brutal ejercida por la justicia y los médicos que trataron el caso, a cuenta, claro está, del clero. Una vez más, quedaron a la luz los límites insuperables del actual código penal y su tratamiento de los abortos no punibles, donde la mujer queda sometida a las decisiones de los “comités” médicos y lobbies judiciales que suelen estar fogoneados por la Iglesia. El caso de Entre Ríos demostró también que el aborto es hoy una prerrogativa de quienes pueden pagarlo. La mujer sin recursos debe someterse a prácticas inseguras o letales o, como en este caso, al arbitrio de los jueces reaccionarios.
Sólo podrá terminarse con esta indignidad estableciendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Denunciamos la negativa del kirchnerismo y de los bloques parlamentarios opositores a sancionar este derecho, y convocamos a redoblar la movilización para conquistar esta reivindicación crucial en el año que comienza.
REGIONAL CÓRDOBA
