Después de los anuncios de quita de subsidios (tarifazos), la rebelión contra el ajuste en Santa Cruz ha planteado otra crisis política en el debut de 2012. Pero Santa Cruz es solamente un espejo. Santa Fe arranca 2012 con un déficit que La Nación califica de "inédito", para no decir que había sido ocultado (al déficit corriente, hay que sumarle las deudas millonarias de la provincia con comunas y municipios). El mismo cuadro se avizora en Buenos Aires y Córdoba. De la Sota ya anunció un "techo" de aumentos para los sueldos estatales del 12%; en la capital de la provincia, el nuevo intendente pretende declarar la cesación de pagos. Mendoza, por su parte, anunció un congelamiento de salarios en 2012. En Río Negro, antes de dejar este mundo, el gobernador Soria canceló los contratos de 4.500 trabajadores precarizados y pasó "a disponibilidad" (revisión de funciones) a otros 20.000 efectivos. La rebelión de la provincia de Santa Cruz, en este cuadro, marca tendencia.
Las provincias y el final del "modelo"
Con la quiebra de las provincias, estalló otra de las contradicciones del kirchnerismo. La contrapartida del superávit fiscal del Estado nacional, que el gobierno exhibía como una expresión de "fortaleza", era la asfixia económica de las provincias. De igual modo que la Anses, los trabajadores y el pueblo del interior contribuyeron a bancar el pago de la deuda pública y los subsidios a los capitalistas. Los Scioli, De la Sota y otros aspiraban a postergar sus crisis a través de la emisión de deuda en el exterior, pero el default europeo ha derrumbado esa posibilidad. Como alternativa, provincias como Córdoba o Mendoza estudian endeudarse en el mercado local, pero sólo podrían hacerlo a tasas de interés usurarias debido al peligro de una devaluación del peso; en dólares, quedarían sujetos a una hipoteca temeraria. En Chubut y en Salta se tramitan préstamos garantizados por las regalías petroleras, lo cual supone que aumente el precio de los combustibles. El plan de refinanciación de las deudas provinciales por parte del Estado nacional -anunciado días atrás por Cristina y los gobernadores- tiene como condición la única salida que le queda a los K: el ajuste.
La Cámpora
La decidida intervención sindical aprovechó la fuerte crisis de camarilla (que aqueja desde hace tiempo al oficialismo provincial) para frenar al ajuste. Esta circunstancia -ausente en principio en Río Negro- podría reaparecer en esta provincia después de la muerte de Soria. Los de La Cámpora eran más ‘ajustistas' que el propio Peralta, para poder voltearlo más tarde y gobernar con el trabajo sucio realizado. Ahora: si Peralta renuncia, el ajuste lo tendrán que hacer "los muchachos"; por eso no es casual que critiquen por igual "al gobierno y a los sindicatos" por haber consentido "privilegios" -esto en referencia a los derechos jubilatorios o de negociación colectiva de docentes o estatales. Ha quedado claro que el único papel de la juventud kirchnerista es el de oficiar de cortesana del "ajuste".
Nuestro planteo
El ‘ajuste' tiene reservado un lugar especial para los trabajadores del Estado y para los jubilados. ¿Qué desafío nos plantea? Después del discurso de Moyano en Huracán, el secretario general de la CTA, Michelli, le propuso un frente único a la CGT de carácter genérico. La intención es ponerse bajo el alero de la burocracia cegetista para protegerse del ajuste. Esa política representa un callejón sin salida, porque la burocracia no tiene intención de sabotear el ajuste, sino de salvar sus posiciones políticas y económicas. Un planteo de frente único con la CGT es válido si está acompañado de una movilización en gran escala de docentes y empleados públicos. La convocatoria a un congreso nacional de delegados de trabajadores del Estado, con mandatos de asambleas, es absolutamente necesaria. No solamente está planteada una enorme movilización de fuerzas, sino también un programa alternativo, una salida para que el movimiento obrero no se vea en la situación de tener que defender el status quo actual que se cae por todos lados. Por ejemplo, es necesario oponer al ajuste en el empleo y de los ingresos de los trabajadores, un impuesto progresivo a la oligarquía del capital agrario, nacionalizar los recursos estratégicos y capturar por ese medio los ingresos que se apropian los grandes capitales. El ‘loco' Soria no solamente lanzó un plan de despidos, sino que abrió paso a la minería a cielo abierto -esto en abierto rechazo a la Ley de Glaciares. La agenda sindical contra el ajuste plantea un cambio radical de metodología del movimiento obrero, que la burocracia es incapaz de llevar adelante. En lugar de abrir una cuota de confianza en ella, es necesario denunciar sus limitaciones y, por medio de la agitación y la organización, preparar el ascenso de una nueva dirección en el terreno de la lucha.
Que la CGT y la CTA convoquen a un Congreso de Bases contra el ‘ajuste'
Ningún despido, defensa incondicional de los derechos previsionales, por el 82% móvil, que la Anses sea dirigida por trabajadores y jubilados. Defensa de las obras sociales, control obrero de la medicina privada y nacionalización de los grandes laboratorios y sanatorios. Ajuste automático de los salarios con la inflación. Por impuestos extraordinarios a los grandes propietarios urbanos y rurales, así como a los grandes monopolios capitalistas instalados en las provincias. Que las direcciones sindicales rompan con los gobiernos ajustadores y resuelvan un plan de lucha hasta la anulación de todos los recortes contra el pueblo.