El gobierno nacional abrió el año 2012 con un ataque en regla contra los trabajadores estatales. A través de un decreto de necesidad y urgencia, pone “bajo revisión” a todos los “pagos de adicionales, bonificaciones y plus” de los empleados estatales. El decreto habilita al gobierno a “confirmar la procedencia” de esos pagos y también “limitar su alcance”. El decretazo abre la puerta de una reducción salarial, no para “algunos privilegiados” -como dicen los K- sino para la inmensa masa de los estatales, más de 300 mil.
Desde hace muchos años, los trabajadores del Estado han buscado superar sus básicos miserables -pactados entre los gobiernos de turno y las burocracias sindicales- arrancando pagos adicionales en sus diferentes organismos y reparticiones. En cualquier caso, esos adicionales forman parte del salario -que, para el promedio de los estatales, está muy por debajo de la canasta familiar.
Después de haber criticado tantas veces a “los que le redujeron un 13% el salario a los estatales” (López Murphy y De la Rúa), el gobierno K avanza en la misma dirección de aquellos ajustadores. Ya se ha ejecutado la anulación de bonificaciones de fin de año -huelga del Inti-, mientras UPCN no dio señales de vida, Piumato twitteó su sorpresa y ATE “evalúa” un paro.
Asambleas en todas las reparticiones, unitarias, sin distinción de gremio; plan de lucha por la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores.
REGIONAL CÓRDOBA
