La defensa de los policías, por la senda de Garré
El rol de la Policía Federal aquel 20 de octubre fue de vital importancia para garantizar el accionar de la patota asesina. Desde el gobierno sostuvieron durante meses en sus cargos a los jefes del operativo, a quienes les brindaron una defensa gratuita a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal, dependiente del ministerio que conduce Nilda Garré, hasta un año después del asesinato de Mariano.
Esa defensa otorgada por el Estado (sustituida luego por defensores particulares a causa de nuestras denuncias al respecto) fue la que dejó sembrada una línea de defensa que tiene como principal objetivo dilatar el expediente y evitar el juicio oral.
Como consecuencia de las chicanas jurídicas que plantaron en la causa, resulta que si bien la mayoría de las partes -fiscalía, querellantes y defensas- dimos por concluido el ofrecimiento de prueba en el tramo referente a la imputación de los policías, el Tribunal no podrá fijar una nueva fecha para el inicio del juicio oral hasta que Casación no resuelva los recursos pendientes interpuestos por las defensas de los policías.
Hay dos cuestiones fundamentales sobre las que la Cámara Nacional de Casación Penal debe expedirse en forma previa al inicio del juicio: uno, el recurso interpuesto ante el rechazo de la Cámara de Apelaciones al planteo de nulidad de los procesamientos por incompetencia del tribunal, y dos, el recurso de nulidad de la elevación a juicio por no haberse resuelto en forma previa los recursos de casación interpuestos. Ambos recursos están en manos de la Sala III.
Los sobornos
La causa que investiga el intento de soborno a los jueces de la Cámara de Casación se encuentra empantanada. En ella están imputados José Pedraza; el ex juez federal y abogado Octavio Aráoz de Lamadrid; el contador de la Unión Ferroviaria y actual vicepresidente del Belgrano Cargas, Angel Stafforini; el secretario de la Cámara, Luis Ameghino Escobar (h) y el agente de inteligencia José Riquelme.
Las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Wilma López luego del crimen de Mariano fueron las que dieron lugar a esta investigación paralela. La sospecha consiste en que pretendían “comprar” la excarcelación de los primeros detenidos en la causa de Mariano para mejorar la situación procesal de Pedraza. Una eventual condena a Pedraza por el intento de coima reforzaría los elementos que ya existen en la causa principal sobre su rol de instigador y autor mediato del ataque de la patota.
Al día de hoy, sin embargo, los acusados aún no fueron ni siquiera indagados. Primero, porque el fiscal solicitó el llamado a indagatoria en mayo del año pasado, pero el juez Rodríguez demoró ocho meses en fijar fecha para la audiencia. Luego, en diciembre y pocos días antes de tener que comparecer, Aráoz de Lamadrid recusó al juez y al fiscal e inició una serie de planteos que continúan pendientes de resolución en diversas salas de la Cámara de Apelaciones y en la Cámara de Casación. De este modo, su indagatoria y la de todos los imputados han quedado postergadas indefinidamente.
Si bien ninguno de los jueces del tribunal que Pedraza y los suyos pretendían coimear está imputado en la causa, el escándalo que generaron las escuchas fue una de las razones que influyeron en la renuncia de Gustavo Mitchell y en la salida de Mariano Palazzo (Ambito Financiero, 16/3). El único de ellos que todavía reviste como camarista es Eduardo Riggi, un hombre del Opus Dei que fue nombrado juez por Videla en 1978 y está muy vinculado con dos de los imputados: Aráoz de Lamadrid y José Riquelme.
Los querellantes en la causa principal también estamos interviniendo en ésta, en la que Pedraza y sus socios deben ser condenados por cohecho y tentativa de soborno.
Juicio ya
Los jueces del tribunal deben resolver inmediatamente, rechazando por improcedentes y dilatorios, los recursos interpuestos, para permitir que se fije una nueva fecha para la realización del juicio oral y habilitar el llamado a indagatoria de los acusados por el intento de soborno.
Juicio ya a Pedraza, a la patota y a los policías federales responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.
Claudia Ferrero (Apel)
