Ese salario promedio es de 3.300 pesos, cuando una canasta familiar se ubica en 6.300 pesos de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional de Rosario (octubre de 2011).
La mayoría de los gremios van a estas paritarias con básicos inferiores a ese promedio: comercio, gastronómicos, construcción, textiles, cuero, maestranza y la UOM, donde el básico del operario general es de 3.200 pesos. A partir de aquí, vienen los descuentos del 17 por ciento por cargas sociales y los agregados por antigüedad o premio, o sea trabajo flexible. Millones de trabajadores viven de un sub-salario, por debajo de la media.
La llamada canasta familiar es apenas el valor históricamente determinado de los consumos de los trabajadores. Asistimos, entonces, a una violación de la ley que determina el valor de lo que se transa bajo el capitalismo, que aprovecha las condiciones de desocupación y, por sobre todo, la acción coactiva del Estado con la colaboración de la burocracia de los sindicatos. Estos, además, se ocupan -en parte- sólo de los trabajadores convencionados. Una expresión de esta situación es que sólo un 15 por ciento de las empresas tienen cuerpos de delegados o comisiones internas de fábricas, lo que habilita el trabajo no registrado.
Bajo el kirchnerismo, se ha extendido hasta los tuétanos el ‘paradigma’ de un salario “ciudadano” o ingreso de subsistencia, el cual tiene en cuenta exclusivamente a la canasta alimentaria, como si se tratara de ganado. Los subsidios en el transporte y en los servicios de gas o luz han ofrecido a la patronal la posibilidad de pagar salarios nominales inferiores a los de una canasta familiar, que ya no contará con esos subsidios. Los trabajadores han pagado esos subsidios por la vía impositiva -los impuestos que gravan el consumo personal. El Partido Obrero instó al Frente de Izquierda a desarrollar una plataforma de lucha contra los impuestos al consumo y por la imposición progresiva a las ganancias y rentas capitalistas, y al gran capital.
Las huelgas docentes, en especial por el salario, han instalado el reclamo en todo el sindicalismo y en la percepción de los asalariados. Los trabajadores del Estado han quedado rezagados en sus salarios en referencia a los privados, a medida que se fue desarrollando la crisis fiscal -la que hoy es declarada en forma oficial.
Numerosos convenios o adicionales de empresa, que han llevado en estos años a los salarios a alcanzar el costo o precio de la canasta familiar, son en buena medida resultado de grandes huelgas y luchas obreras, las que a menudo desbordaron los topes aceptados por la CGT de Moyano y por la burocracia sindical en general.
La Conferencia Sindical que convoca el Partido Obrero volverá a discutir la reivindicación del salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, en el marco de los impuestazos y tarifazos. En oposición a los aumentos en cuotas de los salarios (que establecen un promedio anual inferior a la inflación del año precedente), se plantea el aumento integral y el ajuste mensual a la par de la inflación (la llamada escala móvil de los salarios). Asimismo, el pase al básico de todas las sumas en negro y de todos los premios que hoy atan el salario a la productividad o al presentismo -rubros destinados a violar normas, transformando leyes y convenios en papel inútil. Hay que transformar esa lucha por el salario mínimo en la bandera para el blanqueo de los trabajadores en negro y el pase a planta de precarios y tercerizados. La derogación de todo impuesto al salario y la reconstitución del régimen de asignaciones familiares. La convocatoria a paritarias y a convenio colectivo a todos los gremios exceptuados, entre ellos la docencia universitaria. El pase a ley de contrato, a paritarias y a convenio colectivo, a todos los trabajadores rurales y del empleo doméstico.
El impuesto al salario y los impuestos al consumo
El bien llamado “impuesto al salario”, que surge del mínimo no imponible de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, está confiscando una parte del salario de más de un millón y medio de asalariados, y puede alcanzar el doble de eso a partir de los aumentos que se establezcan en las paritarias. De acuerdo con los índices del Indec, la categoría mínima de un soltero debería estar en 8 mil pesos (se encuentra en 5.800), pero ajustado a la inflación real debería superar los 12 mil pesos. La proporción equivalente vale para un trabajador casado y para uno que integre una familia tipo. De no actualizarse sus mínimos no imponibles, unos 300 mil trabajadores más entrarán en el impuesto a partir de las paritarias. Y todos los afectados pagarán más de impuesto a las ganancias.
Una creciente masa de dinero pasa de nuestros bolsillos a las arcas del presupuesto público, con destino a los servicios de la deuda pública y los subsidios a los capitalistas, a través de impuestos y por el uso de las contribuciones de los trabajadores a la Anses. Esta confiscación de los salarios, vía impuestos, contrasta con las exenciones impositivas que benefician a los capitalistas por más de 50 mil millones de pesos anuales.
La “cuarta categoría” es aplicada hoy al 30 por ciento de los docentes, a pesar de sus salarios misérrimos, debido a los dobles cargos o a las zonas desfavorables en términos de costo de vida, como ocurre en la Patagonia. Ni hablar de las horas extras de los trabajadores industriales. Los “nacionales y populares” han hecho la proeza de transformar un impuesto a las ganancias del capital en un impuesto a los explotados del capital.
Las burocracias de las cuatro centrales reclaman el aumento del mínimo, el que debe estar sujeto a impuesto. Pero están entregando esta bandera a cambio de topes escritos o no escritos en las paritarias. Están aceptando aumentos de salarios más bajos, que serían ‘compensados’ por la suba del mínimo de ganancia. Con esta zanahoria, los K quieren imponer el ‘techo’ reiteradamente anunciado.
Hacemos un planteo opuesto. La anulación completa y total del impuesto al salario, hasta -por ejemplo- equis veces el costo de la canasta familiar y un mínimo igual a su costo o precio. En segundo lugar, la eliminación de los impuestos al consumo, que llevan a que los asalariados pierdan hoy el 46,7 por ciento de sus salarios en el pago del impuesto de los productos o servicios que adquieren. La efectividad de este reclamo plantea la apertura de libros y cuentas de las empresas capitalistas y el control obrero, para garantizar que los precios bajen en la proporción de la eliminación de esos impuestos al consumo.
Baja la asignación universal real y el pago sale cada vez más de los trabajadores
La asignación universal por hijo, de 270 pesos mensuales -que el kirchnerismo presenta como un logro histórico de “inclusión social”- fue concebida y ejecutada como un instrumento contra los jubilados y los trabajadores.
Los propios números oficiales muestran que cada vez menos trabajadores están cobrando el salario familiar por hijo. “Por el tope salarial, el Estado dejó de pagar más de 2.200.000 asignaciones familiares a trabajadores en relación de dependencia. Según los últimos datos oficiales, actualizados a septiembre de 2011, pagó 3.216.761 salarios familiares por hijo, hijo discapacitado y prenatal; 1.061.039 beneficios menos de los que se pagaban en diciembre de 2005. Además, en el mismo período, se estima que otros 1.200.000 beneficios nunca llegaron a pagarse, porque corresponden a trabajadores con hijos que encontraron empleo en blanco pero que, por ir superando en los últimos seis años los sucesivos topes salariales (que aumentaron menos que los salarios), nunca tuvieron el derecho a cobrar el salario familiar” (Clarín, 12/3/12).
La cosa no termina ahí. “Además, los padres de otros 2 millones de chicos pasaron a cobrar asignaciones más bajas, porque los montos del salario familiar son decrecientes, según la escala salarial del trabajador y tampoco hubo una adecuada actualización de esas escalas” (ídem).
Además, buena parte de quienes lo siguen cobrando perciben un monto inferior a los de la AUH, ya que, en lugar de 270 pesos por mes, los que ganan hasta 4.000 pesos de sueldo bruto cobran 204 pesos y los que ganan entre 4.000 y 5.200 cobran 136 pesos por hijo.
El procedimiento para dar de baja el derecho a cobrar las asignaciones familiares a millones de trabajadores es fácil de explicar: el gobierno “nacional y popular” congeló el tope salarial nominal que da derecho a la asignación, de tal manera que la inflación fuese “licuando” el monto del beneficio y el derecho a percibirlo.
Mientras el gobierno ejecutaba este ataque a los trabajadores, toda la especie de los K -desde La Cámpora hasta la CTA, Ctera o Suteba- más los “progre” de la oposición, se pavonean con la “inclusión social” y la “extensión de los derechos”, porque daban a 2 millones de familias de desocupados y trabajadores en negro la miseria de 270 pesos por hijo.
Lo que no decían es que inicialmente la AUH se pagaba con los intereses del Fondo de Garantía de la Anses -o sea: con la plata de las jubilaciones, sin afectar ni en un peso las grandes ganancias capitalistas. Ahora, además de meter mano en el Fondo de jubilaciones, se financia con la pérdida de las asignaciones familiares de otro número similar de trabajadores y del pago de salarios por hijo más reducidos aún.
Por su parte, con el “ahorro” que hace el Fondo de Garantía, la Anses dispone de más dinero para financiar al gobierno en el pago de la deuda.
Por eso, la Conferencia Sindical tiene en su agenda de debate:
1. Eliminar el tope salarial para cobrar las asignaciones familiares.
2. Salario familiar de 500 pesos por hijo para todos los trabajadores, con movilidad automática.
3. Aumento y movilidad automática para el resto de las asignaciones familiares, como ayuda escolar anual, por nacimiento o matrimonio.
