El ex juez del llamado “caso Ciccone”, Daniel Rafecas, no ha sido apartado por las faltas evidentes que cometió, linderas con el cohecho. Fue apartado por dejar de cometerlas. Cuando se vio en apuros, acorralado por el desenvolvimiento de la causa y el cariz que tomaban las cosas, Rafecas dejó de colaborar manifiestamente con la defensa de Alejandro Vandenbroele, dueño de la ex Ciccone Calcográfica SA y, por lo tanto, con Amado Boudou. Cuando intentó reacomodarse lo voltearon.
Hace tres semanas se detectaron 196 mensajes telefónicos cruzados entre Rafecas y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, que intentaba entonces armar la defensa del vicepresidente, de su socio José María Núñez Carmona y de Vandenbroele. En esos mensajes, el juez le daba recomendaciones para sacar de apuros a los acusados.
Por ejemplo, uno de los mensajes de texto de Rafecas dice: “¿Ya designó abogado AB?” (por Boudou). Danuzzo Iturraspe contesta: “¡AB no se va a presentar! El que se va a presentar es AV” (por Vandenbroele).
En otro mensaje, Rafecas advierte: “Insisto: cuiden la espalda. Parece que hay algunos desde dentro del gobierno que quieren despegarse”. Cuando se refiere a la firma de Boudou en un pedido de favores a la Afip para darle una moratoria impositiva excepcional a Ciccone, el juez le escribe a Danuzzo Iturraspe: “¡No podemos tener tanta mala leche de que no haya ningún antecedente!”.
Boudou, en una conferencia de prensa carnavalesca, hizo una confesión de parte: “Cuando vi esos mensajes del juez, pensé que él quería ayudar. Esto está mal, pensé, pero quiere ayudar”. Después de todo, Rafecas era uno de los jueces favoritos de la camarilla gubernamental, y él mismo decía que llegaba para “purificar el foro”. Ahora está en manos del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.Peor que Skanska
Toda la defensa de Amado Boudou consiste en asegurar que él no conoce a Alejandro Vandenbroele, acusado de lavado de activos por unos 9 millones de dólares. De los mensajes de texto enviados por el juez se desprende que eso es mentira, pero poco importa. El gobierno nacional, el Banco Central y el Frente para la Victoria conocen a Vandenbroele y tienen con él una relación comercial de mucha confianza.
En principio, la ex Ciccone, propiedad de Vandenbroele (aunque según denuncia su ex mujer, el hombre sólo es un testaferro de Boudou), imprimirá 40 mil millones de pesos en billetes por cuenta del Banco Central y de la Casa de Moneda. Además, esa empresa sospechada imprimió las boletas del FpV para las elecciones de agosto y de octubre del año pasado. En el primer caso, la factura de Ciccone, por 1.952.303 pesos, fue emitida el 12 de agosto, dos días antes de los comicios, por lo que con toda seguridad fue posdatada. Para las elecciones de octubre, Vandenbroele cobró por imprimir casi 46 millones de boletas 2.949.502 pesos, aunque ni siquiera las imprimió. En efecto, las máquinas offset de Ciccone no tienen el ancho suficiente, de modo que debió subcontratar a Papelera del Plata SA.
Esos negocios millonarios se hacen con una empresa que no deja de acumular escándalos. Ahora se sabe que el fondo de inversión The Old Fund, propiedad de Vandenbroele y uno de los controladores de Ciccone, estaba sostenido por un capital de 100 euros (sí, cien euros) aportados por otro fondo con oficinas en Holanda: Tierras International Investment CV. Estaba, porque su representante en Holanda, el escribano Antal Camillus Theodor DeWitte, lo cerró al conocer el batifondo armado en Buenos Aires con este asunto. Otro de los controladores de Ciccone es una empresa uruguaya fantasma: Dusbel SA. Entre The Old Fund y Dusbel se reparten el 70 por ciento del paquete accionario de la empresa. El otro 30 por ciento sigue en manos de la familia Ciccone.
El nuevo juez de la causa es Ariel Lijo, de quien el gobierno espera que aparte al incómodo fiscal Carlos Rívolo. Sin embargo, Lijo no necesitará llegar a tanto: le alcanzará con tomar él mismo la investigación en sus manos y relegar al fiscal. Por esa vía, el gobierno intentará procurarse la misma impunidad que tuvo en el escándalo Skanska, y más aún. Impunidad judicial, claro está, porque conseguir impunidad política es algo que está por verse.
A. Guerrero
Hace tres semanas se detectaron 196 mensajes telefónicos cruzados entre Rafecas y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, que intentaba entonces armar la defensa del vicepresidente, de su socio José María Núñez Carmona y de Vandenbroele. En esos mensajes, el juez le daba recomendaciones para sacar de apuros a los acusados.
Por ejemplo, uno de los mensajes de texto de Rafecas dice: “¿Ya designó abogado AB?” (por Boudou). Danuzzo Iturraspe contesta: “¡AB no se va a presentar! El que se va a presentar es AV” (por Vandenbroele).
En otro mensaje, Rafecas advierte: “Insisto: cuiden la espalda. Parece que hay algunos desde dentro del gobierno que quieren despegarse”. Cuando se refiere a la firma de Boudou en un pedido de favores a la Afip para darle una moratoria impositiva excepcional a Ciccone, el juez le escribe a Danuzzo Iturraspe: “¡No podemos tener tanta mala leche de que no haya ningún antecedente!”.
Boudou, en una conferencia de prensa carnavalesca, hizo una confesión de parte: “Cuando vi esos mensajes del juez, pensé que él quería ayudar. Esto está mal, pensé, pero quiere ayudar”. Después de todo, Rafecas era uno de los jueces favoritos de la camarilla gubernamental, y él mismo decía que llegaba para “purificar el foro”. Ahora está en manos del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.Peor que Skanska
Toda la defensa de Amado Boudou consiste en asegurar que él no conoce a Alejandro Vandenbroele, acusado de lavado de activos por unos 9 millones de dólares. De los mensajes de texto enviados por el juez se desprende que eso es mentira, pero poco importa. El gobierno nacional, el Banco Central y el Frente para la Victoria conocen a Vandenbroele y tienen con él una relación comercial de mucha confianza.
En principio, la ex Ciccone, propiedad de Vandenbroele (aunque según denuncia su ex mujer, el hombre sólo es un testaferro de Boudou), imprimirá 40 mil millones de pesos en billetes por cuenta del Banco Central y de la Casa de Moneda. Además, esa empresa sospechada imprimió las boletas del FpV para las elecciones de agosto y de octubre del año pasado. En el primer caso, la factura de Ciccone, por 1.952.303 pesos, fue emitida el 12 de agosto, dos días antes de los comicios, por lo que con toda seguridad fue posdatada. Para las elecciones de octubre, Vandenbroele cobró por imprimir casi 46 millones de boletas 2.949.502 pesos, aunque ni siquiera las imprimió. En efecto, las máquinas offset de Ciccone no tienen el ancho suficiente, de modo que debió subcontratar a Papelera del Plata SA.
Esos negocios millonarios se hacen con una empresa que no deja de acumular escándalos. Ahora se sabe que el fondo de inversión The Old Fund, propiedad de Vandenbroele y uno de los controladores de Ciccone, estaba sostenido por un capital de 100 euros (sí, cien euros) aportados por otro fondo con oficinas en Holanda: Tierras International Investment CV. Estaba, porque su representante en Holanda, el escribano Antal Camillus Theodor DeWitte, lo cerró al conocer el batifondo armado en Buenos Aires con este asunto. Otro de los controladores de Ciccone es una empresa uruguaya fantasma: Dusbel SA. Entre The Old Fund y Dusbel se reparten el 70 por ciento del paquete accionario de la empresa. El otro 30 por ciento sigue en manos de la familia Ciccone.
El nuevo juez de la causa es Ariel Lijo, de quien el gobierno espera que aparte al incómodo fiscal Carlos Rívolo. Sin embargo, Lijo no necesitará llegar a tanto: le alcanzará con tomar él mismo la investigación en sus manos y relegar al fiscal. Por esa vía, el gobierno intentará procurarse la misma impunidad que tuvo en el escándalo Skanska, y más aún. Impunidad judicial, claro está, porque conseguir impunidad política es algo que está por verse.
A. Guerrero
