7 de junio de 2012

Córdoba: campaña por la prohibición de los despidos y las suspensiones

Con la salida de una declaración pusimos en marcha la resolución del primer plenario congresal del Partido Obrero de Córdoba lanzando una campaña por la prohibición de los despidos y de las suspensiones.

La iniciativa surge ante la evidencia, por un lado, de una persistente caída de la actividad económica (fundamentalmente la industrial) y, por el otro, de que son los trabajadores los que están pagando las consecuencias de esta situación.

Según el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba en abril la demanda de empleo cayó un 39% en forma interanual y un 30,8% en una comparación mensual. En la construcción el empleo cayó un 15% (3.000 puestos de trabajo) en los últimos CINCO meses. Concretamente el índice de desempleo en el Gran Córdoba aumento de 6,1 a 9,4% entre el último trimestre del año pasado y el primero de 2012.

En mayo se conoció que 19 empresas han pedido el procedimiento de crisis, que les permite esencialmente abaratar el costo de los despidos.

De esas empresas la mayoría corresponde al sector metalmecánico, entre ellas importantes autopartistas como Montich. El dato es apenas la punta visible del iceberg, porque las grandes empresas (Fiat, Renault) están aplicando suspensiones cada vez más asiduas y cada parate de ellas implica la paralización de decenas de autopartistas con una persistencia de despidos. Los trabajadores de Petrak (ex Perkins) ocuparon esta semana por unas horas la empresa (luego se les dictó la conciliación obligatoria) para denuncias que desde octubre pasado hasta ahora la empresa se ha desprendido de 50 trabajadores (en una plantel original de 130), 15 en los últimos días. A la par que las empresas despiden trabajadores directos hay otros despidos encubiertos como es la no renovación de los trabajadores contratados (eventuales) a través de consultoras, unos 10 mil trabajadores están en esta categoría en Córdoba. La situación se completa con la caída de los ingresos de los obreros como consecuencia del freno de las horas extras, que fueron constantes en los últimos dos años, y el aumento de la tasa del trabajo en negro (52,8%).

Sin cortapisas, todos los analistas atribuyen la situación al freno de las exportaciones a Brasil por la caída del consumo en ese país (la industria metalmecánica es “brasildependiente”), como la crisis brasileña es sólo una expresión de la crisis mundial, es claro que no estamos ante un problema coyuntural.

Una salida obrera

La campaña del Partido Obrero consistirá en una gran agitación, en la realización de actos en las puertas de fábrica, en reuniones y charlas, en recorridas por los barrios obreros para explicar y organizar tras un programa que obligue a los capitalistas a pagar su crisis y no trasladársela a los trabajadores.

De la Sota y el gobierno nacional frente a esta situación no han abierto la boca. El silencio y el “ninguneo” son la expresión del fracaso total de la política de subsidios a las empresas vía la eximición de impuestos, el abaratamiento de los servicios (electricidad, etc.), el pago de parte del salario de los trabajadores o el impulso de formas precarias de empleo.

Esta política, además de dejar exhaustas las finanzas públicas y aumentar la explotación laboral, permitió sobre todo a las grandes empresas amasar ganancias fabulosas, y a las multinacionales repatriar utilidades y fugar capitales.

El fracaso oficial impone pegar un giro de 180 grados y tomar otras medidas.

Para ello es necesario que los trabajadores recuperen el control de los lugares de trabajo, e impongan: 1) la reapertura de la discusiones salariales para establecer la actualización de los salarios de acuerdo a la inflación real; 2) la prohibición de los despidos y suspensiones; 3) la unificación de todos los trabajadores sean efectivos, con contrato directo o por consultoras, o tercerizados, y 4) el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario actualizándolo de acuerdo al aumento del costo de vida.

Corresponde prohibir la repatriación de utilidades para las multinacionales, la estatización de toda empresa que cierre o despida y la apertura de los libros de las empresas, bajo control de los trabajadores.

En las ganancias fabulosas obtenidas por las multinacionales, las grandes corporaciones industriales, el capital financiero y los pools sojeros están los fondos para sostener estas medidas de emergencia frente a la crisis. Y, también, para que un congreso de trabajadores pueda definir un plan económico y de desarrollo industrial en función de las necesidades populares.

La situación requiere de una intervención independiente de los trabajadores, no como furgón de cola de los capitalistas y sus políticos como actúa la burocracia sindical. Las CGT y los sindicatos deben declararse en alerta, poner en funcionamiento los cuerpos de delegados y las asambleas generales que mandaten a los mismos.

El Frente de Izquierda presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que contempla esta medidas centrales; el delasotismo y la oposición (juecistas y radicales) dilatan su discusión y votación, permitiendo que la situación se agrave. Exigimos el urgente tratamiento de nuestro proyecto para prohibir los despidos y las suspensiones.

Eduardo Salas