2. La armonización requerida se inscribe en la política de los 90: Los K han hecho de la ANSeS una gran AFJP: despilfarran los fondos como las AFJP. No aseguran una jubilación acorde con el salario de los últimos años del trabajador sino un mínimo de subsistencia. Las inversiones de la ANSeS son tan ruinosas como las de las AFJP: el 60% está en bonos del Estado, en la misma proporción que cuando estaban en manos de las AFJP. Además la ANSeS financia al Tesoro para que pague la deuda y los intereses de la deuda a favor de los acreedores financieros internacionales. Y el resto son créditos a multinacionales, inversiones en acciones de multinacionales, etc., etc. Con el agravante que este Gobierno vetó el reajuste de haberes como lo ordenaron los fallos de la Corte.
3. La jubilación sustituye al salario, algo que ratificó la Justicia. Así como para las AFJP la jubilación no tenía nada que ver con el salario (los aportes iban a cuenta individual pero la jubilación de esa persona dependía de los rendimientos del fondo, de las comisiones, de la edad, etc.) los K son partidarios de una especie de “jubilación para todos” de carácter asistencial, al nivel del haber mínimo. El achatamiento de las jubilaciones va en esa dirección.
4. El gobierno provincial es, a pesar de sus declaraciones, sostiene la misma política que el gobierno nacional. Desde hace más de 15 años hay un desfinanciamiento de la Caja: a) trabajadores que realizan tareas inherentes a la gestión estatal son aportistas de la ANSeS a través de la privatización de servicios, de las tercerizaciones y de las formas de precarización salarial (monotributistas, cesión de servicios, etc.), o sea una armonización directa; b) pago durante muchas años de sumas en negro, “no remunerables”; c) vaciamiento de la salud y la educación, teniendo hoy una grave carencia de personal; d) pérdida de puestos de trabajo; e) tendencia a la baja del salario; f) jubilaciones anticipadas y otras formas de desprendimiento de personal en actividad.
5. La política provincial está en el terreno de las exigencias que el Banco Mundial fijara en 1995: un recorte drástico en los gastos del Estado, la privatización de servicios, convertir a las administraciones públicas en gerencias de negocios privados y la eximición a la clase capitalista del pago de impuestos. Radicales y justicialistas llevaron adelante esta política y las consecuencias están hoy a la vista.
6. A pesar del palabrerío, el gobierno provincial viene agachando la cabeza frente a las exigencias de los K. lo hizo en 2008 cuando, en el marco de una brutal represión, impuso la liquidación de la ley 8024 y aprobó la 9504. Y también lo hizo a través de ambiguos acuerdos en 2008 y en 2009.
7. La mayor prueba de que los aportes jubilatorios son una caja apetecida por los gobiernos lo confirma que tanto la ANSeS como la Caja de la Provincia están intervenidas desde hace años sin miras ni planes de restituírselas a quienes por derecho les corresponde: jubilados y trabajadores. Esto ha permitido un manejo discrecional y poco claro de los fondos y de la información: basta ver los propios informes publicados por la Caja para apreciar este hecho. Ejemplo: las variaciones en los datos sobre aportistas a la Caja entre el informe presentado hasta el 2008 y el presentado hasta el 2011.
8. Planteamos: Que la Nación transfiera los fondos adeudados sin ninguna condición. Que se termine la intervención y se devuelva la Caja a sus legítimos dueños. Que se derogue la 9504 y se establezca la plena vigencia de la 8024. Que se elimine el aporte adicional del 7% y se establezca un plan para que el aporte sea íntegramente patronal. Que se termine con toda forma de precarización, tercerización o privatización de los servicios que debe garantizar el Estado. Que se cobre impuestos a los pools sojeros y grandes industrias para garantizar los servicios esenciales que debe prestar el Estado. Que cese el pago de la deuda usuraria que los capitalistas dejaron a los bancos provinciales y que gobiernos de la UCR y el PJ estatizaron.
9. La defensa del salario de los trabajadores activos y pasivos, de la educación, de la salud y de la vida de los cordobeses sólo puede estar garantizada por la más amplia movilización popular. A ella apelamos.
