Cristina Kirchner recordó que su marido aportó un testigo clave, de identidad reservada, que le fuera presentado por un intendente del conurbano. Este personaje, reclutado entre la delincuencia, es antes que nada una expresión de los vínculos que cultiva la mayoría de los intendentes. El ofrecimiento del “testigo” a la Justicia se dio en el marco de fuertes ataques contra el Partido Obrero y los trabajadores tercerizados, mientras Pedraza seguía siendo invitado a actos oficiales. Días antes de su detención, en febrero del 2011, el burócrata se quejaba ante su hija por tener que subir a un tren a Mar del Plata, para acompañar a la Presidenta a la inauguración de un servicio semi-rápido. La rápida provisión de un ‘arrepentido’ no sirvió para llegar a los autores políticos del crimen, lo cual fue el resultado de una minuciosa investigación judicial. Tampoco fue decisiva para describir el escenario y los protagonistas de los hechos, que fueron captados por los periodistas de C5N en el lugar, a pesar de las graves amenazas de las que fueron objeto. Para la memoria, recordemos que el camarógrafo de la Policía Federal había dejado de filmar los acontecimientos. Los sectores progresistas de la mayor parte de los países han cuestionado la legitimidad de los llamados ‘arrepentidos”, porque de un modo general son instrumentados por los aparatos de seguridad para desviar la atención de los hechos. En este caso, la acción colectiva criminal de una patota que seguía un plan de acción.
“No lleven palos”
Las primeras declaraciones de Cristina Kirchner sobre el asesinato de Mariano Ferreyra fueron el mismo 20 de octubre, a la salida de un acto en Parque Norte. Repudió el crimen desde un ángulo específico: “Voy a defender todas las manifestaciones, dijo, pero no con armas o palos” (Clarín, 21/10/10). El repudio servía, de entrada, para condenar las movilizaciones populares y ponerlas en el mismo plano que la acción de las patotas, como ya había ocurrido reiteradamente en esos años, en el 99% de los casos organizadas por las burocracias de los sindicatos. En forma automática, estaba adjudicando una responsabilidad a los trabajadores tercerizados que reclamaban por sus derechos. En la misma línea se pronunciaron sus ministros. Tomada, amigo íntimo de Pedraza, dijo que repudiaba “los distintos hechos de violencia de los grupos intervinientes” o sea, sentaba la tesis del “enfrentamiento”, que enseguida recogerían los abogados de la patota.
En otro discurso, en la Casa Rosada, CFK afirmó: “El Partido Obrero que ayer exigía la intervención de fuerzas policiales, es el mismo que ingresó por la fuerza al Ministerio de Educación la semana pasada” (Infobae, 22/10/10). En este caso, las distorsiones presidenciales abundan, porque, en primer lugar, nosotros estábamos denunciando la complicidad de la policía con la patota y con el crimen, y no pidiendo la intervención de los aparatos represivos contra los movimientos populares. Por otro lado, una movilización del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales al Ministerio de Educación, para reclamar que se completara la construcción de un predio educativo, no es un caso criminal –todo lo contrario, la criminalidad radica en el abandono de esa obra registrada en el Presupuesto público, incluso si la movilización estudiantil hubiera provocado daños… a una puerta. Es por lo menos curioso que se utilice un crimen político contra la clase obrera, para denunciar a los jóvenes que se movilizan por el derecho a la educación.
Mientras CFK se manifestaba de este modo, el entonces Jefe de gabinete, Aníbal Fernández, a cargo de la Federal, sostuvo que “la policía hizo lo que tenía que hacer” (Panorama, 21/10/10), un lapsus significativo porque no dice qué es eso que ‘tenía que hacer’. Para justificar la inacción policial hacia la patota, Fernandez dijo que el ataque a balazos “se registró en un lugar al cual no pueden acceder móviles y hay que ingresar caminando” -Clarín, 21, 10, 2012), una falsedad a todas luces.
Estamos aquí ante una reivindicación incondicional de la actuación policial, incluso si tuvo características criminales de complicidad. Los siete policías que hoy están en el banquillo de los acusados, confirman nuestra caracterización y desmienten al poder político – la Presidenta y sus ministros. Con planteos semejantes: ¿a qué apunta la reivindicación del aporte de un ‘arrepentido’ a la causa?
El asesinato de Mariano fue presentado por el oficialismo como “un producto de la violencia y de no poder sentarse a discutir las cosas como corresponde en una sociedad democrática” (casarosada.gov.ar/discursos/3985). Cristina Kirchner se debe haber inspirado en la famosa tapa de Clarín sobre la masacre de Puente Pueyrredón: “La crisis causó dos nuevas muertes”. El lugar de la crisis lo ocupa la “violencia”; ni una ni otra tienen sujetos o responsables, son abstracciones. El ‘relato’ como sistema de expresión, es una pura abstracción. Para peor, la Presidenta invoca “la discusión en una sociedad democrática”, cuando todo el mundo sabe que eso no existe, que es el envoltorio verbal para evitar la solución de los problemas. Los trabajadores tercerizados habían desgastado dos años de su vida en reuniones inútiles con la Secretaría de Transporte y bicicleteados sistemáticamente por el Ministro de Trabajo.
Más ataques al PO
El 21 de octubre de 2010, en horas de la mañana, el Partido Obrero había reclamado por nota una reunión con la Presidenta. Luego, en el acto realizado ese mismo día por la tarde, Jorge Altamira reclamó esa reunión de manera pública ante una multitud. El gobierno de la “discusión en la sociedad democrática” nunca otorgó la reunión. En cambio, su cuenta de twitter difundía mensajes que decían “no usen la muerte de Mariano Ferreyra”, seguido de un “no se puede creer”, todo con mayúsculas (Infobae, 22/10/10).
Dos meses más tarde, Cristina Kirchner recibió a la familia de Mariano. Diego Rojas, en su libro “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” reconstruyó el diálogo, que se remite a un monólogo presidencial contra nuestro partido –no contra la burocracia de la Unión Ferroviaria o las patotas sindicales. En un pasaje de la conversación dice: “Es necesario identificar al tirador. Para que esto avance hay que reconocer al tirador. ¿Cómo es posible que la gente del Partido Obrero no lo pueda identificar?”. Frente a semejante ataque injustificado, los hermanos de Mariano, Rocío y Pablo, señalaron que los militantes del PO habían declarado en sede judicial. La Presidenta recogía un infundio, lanzado antes por la fiscal Caamaño, que provocó una protesta telefónica de Altamira ante la jueza Wilma López. Alrededor de 50 testigos fueron ofrecidos por el Partido Obrero.
Diciembre de 2010
Cuando ya habían pasado dos meses del asesinato de Mariano Ferreyra, el reclamo de los trabajadores tercerizados del Roca seguía sin encontrar satisfacción. Varias movilizaciones realizadas al Ministerio de Trabajo sólo encontraron respuestas negativas. Se supo luego que en esos momentos existían conversaciones telefónicas entre Pedraza, aún libre, con el ministro Tomada, para complotar contra los tercerizados. Como es de conocimiento público, Tomada sigue aún en su puesto.
Fue así que un grupo de trabajadores tercerizados decidió realizar un corte de vías el 23 de diciembre. Consiguieron gracias a ello una reunión en el ministerio, pero cuando se estaba arribando a un principio de acuerdo se desataron en la estación Constitución incidentes producidos por elementos de la burocracia sindical: el objetivo, abortar los acuerdos para evitar que los tercerizados pasasen a planta permanente del ferrocarril. El método de “la discusión en la sociedad democrática”, era de nuevo saboteado por los patoteros afines al gobierno.
Inmediatamente, los ministros del gobierno se lanzaron a culpar por estos hechos al Partido Obrero, sin ofrecer la menor prueba; uno de ellos identificó en el lugar a Néstor Pitrola, que en ese momento se encontraba tan cerca de la estación Constitución… en la ciudad de Marcos Paz. El ministro de Justicia, Alak, afirmó que “el Partido Obrero es el responsable de los incidentes” (Los Andes, 24/12/10), y otro tanto decía el inefable Aníbal Fernández, que hablaba de un pacto entre nuestro partido y Duhalde, de quien él había sido ministro compartiendo la responsabilidad por la masacre de Kosteki y Santillán. El canciller Timerman aportó su conocida dosis de estupidez vía Twitter: “Coincido con los reclamos de los tercerizados no con los piedrazos del Partido sin Obreros”, o “extraño que los tercerizados no salieron masivamente a apoyar a la burguesía esclarecida del Partido sin Obreros” (La Voz, 24/12/10). Ni una palabra contra la patota; Timerman creía que escribía de nuevo para el diario de la dictadura, La Tarde.
La ministra de Seguridad Nilda Garré denunció al PO ante el juez federal de Quilmes Luís Armella, sin la menor prueba. El juez ordenó detener a los dirigentes de Causa Ferroviaria Jorge Hospital y Omar Merino, y Eduardo Belliboni del Polo Obrero. ¡A dos meses del asesinato de Mariano, Pedraza estaba libre y los compañeros de Mariano estaban presos! Sólo una nueva movilización masiva a Plaza de Mayo hizo retroceder al gobierno y se consiguió la liberación de los compañeros.
La detención de Pedraza
Durante estos primeros meses desde el asesinato de Mariano, el gobierno no paró de hostilizar a sus compañeros, y de dar la espalda al reclamo de los trabajadores tercerizados. Los funcionarios del Ejecutivo seguían complotando con Pedraza, como lo prueban las escuchas telefónicas con el ministro de Trabajo Carlos Tomada y también con su segunda, Noemí Rial, en el expediente judicial. Nilda Garré suministraba los abogados a los policías acusados en la causa.
La derrota política de estas maniobras del gobierno abrió el paso la detención de Pedraza, recién en febrero de 2011. El “sindicalismo que construye”, según lo elogiaba la propia Cristina en noviembre del 2009 en la inauguración, con Pedraza, de un centro de salud de la Unión Ferroviaria, iba a parar tras las rejas. Fue detenido en un departamento de un millón de dólares en Puerto Madero, cerquita de donde tienen departamentos, también costosísimos, Boudou y su superior en el cargo. Un año antes del asesinato de Mariano, la Presidenta había hecho una defensa principista del sindicalismo patotero –el del desguace ferroviario bajo Menem, el del desvío de fondos de los K, el que sirve al Estado y al capitalismo para maniatar al movimiento obrero.
El encarcelamiento de Pedraza fue una derrota para el gobierno. Moyano se lo recordó en forma cínica: “Tres sindicalistas presos -dijo, en referencia a Venegas, Zanola y ahora Pedraza-, es mucho para un gobierno peronista” (Clarín, 18/3/11). Moyano y Pedraza comparten, por medio de representantes, el directorio del Belgrano Cargas. Cuando ya estaba a la vista el tarifazo, la ‘sintonía fina’ y un saqueo mayor del Banco Central y la Anses, el gobierno K, los concesionarios y la burocracia sindical tuvieron que admitir la incorporación de tres mil ferroviarios tercerizados a la planta permanente. Es cierto que la patronal de la empresa Ugofe y los funcionarios de Transporte zafaron de acompañar a Pedraza a los Tribunales, cuando habían sido los que autorizaron el día franco para la patota, ese 20 de octubre. Pero no por mucho: responsables, una parte de ellos, por la tragedia de Once, tienen que enfrentar a la Justicia, por las mismas razones que llevaron al asesinato de Mariano: negociados y malversaciones de fondos y de subsidios en el ferrocarril. Argentina ha pagado cara la desatención del Poder Ejecutivo al reclamo de que asumiera la responsabilidad de una investigación política, que le hicimos desde la tribuna de la Plaza de Mayo. En lugar de ello, y después de Mariano y del desastre de Once, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario sigue en manos de Antonio Luna, hombre de la burocracia sindical ferroviaria. Los lazos del gobierno con la burocracia sindical están a la vista con la formación de la ‘CGT Balcarce’, en la que participa Pedraza; el confederal de este grupo oficialista tendrá lugar en la sede de la Unión Ferroviaria. Es a la luz de esto que hay que examinar la novela del ‘testigo reservado’.
La conclusión política de estos 22 meses de intensa lucha, es que para obtener la condena de Pedraza y el resto de los imputados será necesaria una gran movilización popular. Es una lucha unida en forma inextricable a la pelea por la expulsión de la burocracia de los sindicatos, el fin de la estatización sindical y el desarrollo de una dirección clasista del movimiento obrero.
Gabriel Solano
