El gobierno está preparando un desembarco en el grupo Clarín para el próximo 7 de diciembre, cuando se vence el plazo de la medida cautelar dictada por la Justicia. Según Urgente24.com, “quienes frecuentan los pasillos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), comentan que los camporistas están dispuestos a todo con tal de desmembrar a Clarín desde las 00:00 del 8/12″. El propio multimedio entiende que las últimas designaciones en AFCSA apuntan a concretar su desguace a partir del 8 de diciembre (Clarín, 3/9).
La nueva procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, manifestó que la Justicia no puede ser “indiferente ante la entronización de un conglomerado monopólico de medios que amenaza la democracia” (La Nación, 2/9). Parece algo sensato, salvo un detalle: difícilmente Carbó opine lo mismo si el lugar de ese “monopolio hegemónico” lo ocupa el Estado y, más específicamente, el gobierno nacional. “6,7,8″ se las arregló para negar que en la Panamericana haya existido represión y que los detenidos fueron a parar a Campo de Mayo.
Clarín mandó a Lanata a Venezuela para ilustrar el abuso mediático y judicial del chavismo. Lanata agregó al personaje de CFK a la historieta. Lanata no miente, sólo omite: no dice que Chávez es un producto de la masacre perpetrada por sus adversarios contra el pobrerío el cual se insurreccionó en el Caracazo contra un tarifazo y un ajuste fondomonetarista.
El gobierno ha reclutado a dueños de multimedios -como el grupo Vila-Manzano, Hadad y Szpolski- que pretenden beneficiarse del desguace del grupo Clarín, incluidas sus licencias y abonados. Es decir que aspiran a una reprivatización. La “ley de medios” consiste, justamente, en procurar una redistribución capitalista del mercado de la comunicación. Sin embargo, la transición hacia la reprivatización se hará mediante una estatización precaria, cuyo plazo se puede extender por todo el año 2013 -o sea, durante el año electoral.
La oposición patronal está detrás de Clarín, pero no se juega el pellejo. Luego utilizará electoralmente la intervención para denunciar el autoritarismo.
La libertad de expresión es incompatible con el monopolio capitalista, público o privado, de los medios de comunicación. Cuando el monopolio es del Estado, se usa para la regimentación ideológica. Quienes defienden el “estatismo” de los medios de comunicación hacen abstracción de que el Estado es un aparato de coerción, regimentación y represión en defensa del régimen social vigente.
En oposición al monopolio capitalista, privado o estatal, reivindicamos una gestión colectiva de los medios de comunicación bajo la dirección de los trabajadores, con la participación de todas las tendencias políticas, sociales, del arte y la cultura.
Gabriel Solano
REGIONAL CÓRDOBA
