El anuncio de la intervención del Estado en el sector eléctrico fue recibido con “alivio” por los ‘afectados’, informó el Cronista Comercial (29/8), porque “a las empresas les quedó claro que el gobierno no tiene la intención de avanzar en nuevas expropiaciones”. El diario podría haber sido más claro: el gobierno K decidió salir de nuevo al rescate de las privatizaciones del menemismo. No es un punto menor, puesto que la privatización de los servicios públicos constituye una de las vigas maestras del llamado ‘neoliberalismo’, porque las privatizaciones conjugan una fuerte participación del sector financiero (a través del endeudamiento de una actividad con fuerte liquidez), con los intereses de las grandes constructoras de obras y con el petróleo o la energía atómica. La privatización menemista fue, luego de la deuda pública, la responsable más importante del endeudamiento internacional de Argentina en los 90 -en su mayor parte con bancos con intereses entrecruzados.
El rescate ‘marxista’ de las eléctricas (eso le atribuyen los diarios al viceministro de Economía) es, sin embargo, un ‘replay’, porque las empresas de servicio habían entrado en quiebra como consecuencia de la devaluación de 2002, la que de ningún modo podían transferir a las tarifas. Los K las mantuvieron en la carpa de oxígeno de los subsidios, los que en el caso de Edenor -al menos- fueron usados para adquirir eléctricas en el interior y concentrar de este modo el negocio. La inflación ulterior, de arriba del 20%, impidió una ‘normalización tarifaria’ del negocio, lo cual abultó la carga de los subsidios y, por lo tanto, la crisis fiscal. Entre esos subsidios, se encuentra el precio del petróleo, el cual -por las razones expuestas- el gobierno mantuvo alejado hasta ahora del precio internacional. El subsidio al consumo eléctrico fue un factor de ganancias excepcionales para el capital industrial, el que usufructuó ese insumo por debajo del costo y se benefició con una canasta familiar desvalorizada a la hora de determinar los salarios.
La defensa a largo plazo de las privatizaciones se combinó, no solamente en el caso eléctrico, con un cambio de manos del negocio. Las extranjeras prefirieron vender sus acciones a las nacionales, en tanto que los bancos acreedores se deshicieron de sus derechos vendiéndolos a ‘fondos buitres’. Son éstos los que hoy tienen en su poder las deudas de las eléctricas, que compraron por debajo de 15 centavos y por las que lo que esperan cobrar a 1 dólar al vencimiento de la deuda. La intervención ‘marxista’ beneficia, por sobre todo, a los ‘fondos buitres’, con los cuales el gobierno y las empresas intervenidas deberán negociar un refinanciamiento de obligaciones. El directorio encabezado por el Eskenazi eléctrico, Marcelo Midlin, aprovechó para sobreendeudar la empresa, subir los ingresos del directorio y pagar a los proveedores “amigos”. Un negocio redondo para los expropiados que ahora paga el Estado.
El gobierno les hizo a las eléctricas la promesa ‘marxista’ de que garantizará un ingreso igual al costo más una ganancia ‘razonable’. El planteo es una cortina de humo, porque en esa ganancia debería incluir el pago de la deuda y los flujos de dinero para contraer nuevas deudas para inversiones. En el momento actual, el financiamiento eléctrico ya es completamente estatal, dado que las empresas dejaron de pagar el suministro de energía a la distribuidora Cammesa, de capital mixto, pero dinero público (también con dinero público están pagando salarios). A esto hay que sumar que la ‘nueva’ YPF dejará de subsidiar el combustible que usan las generadoras, ya que ahora la quieren hacer ‘eficaz’ y ‘rentable’. El gobierno necesita, por un lado, evitar la parálisis del servicio y una cadena de declaraciones de quiebras que lo obligue a una estatización directa y, por el otro, cumplir un guión que apunta a ‘normalizar’ el negocio en los términos que reclaman las privatizadas.
Los rescates K están motivados por los mismos intereses que valen en todo el mundo: mantener en pie un capital en crisis con la plata de los trabajadores.
Rosario López
El rescate ‘marxista’ de las eléctricas (eso le atribuyen los diarios al viceministro de Economía) es, sin embargo, un ‘replay’, porque las empresas de servicio habían entrado en quiebra como consecuencia de la devaluación de 2002, la que de ningún modo podían transferir a las tarifas. Los K las mantuvieron en la carpa de oxígeno de los subsidios, los que en el caso de Edenor -al menos- fueron usados para adquirir eléctricas en el interior y concentrar de este modo el negocio. La inflación ulterior, de arriba del 20%, impidió una ‘normalización tarifaria’ del negocio, lo cual abultó la carga de los subsidios y, por lo tanto, la crisis fiscal. Entre esos subsidios, se encuentra el precio del petróleo, el cual -por las razones expuestas- el gobierno mantuvo alejado hasta ahora del precio internacional. El subsidio al consumo eléctrico fue un factor de ganancias excepcionales para el capital industrial, el que usufructuó ese insumo por debajo del costo y se benefició con una canasta familiar desvalorizada a la hora de determinar los salarios.
La defensa a largo plazo de las privatizaciones se combinó, no solamente en el caso eléctrico, con un cambio de manos del negocio. Las extranjeras prefirieron vender sus acciones a las nacionales, en tanto que los bancos acreedores se deshicieron de sus derechos vendiéndolos a ‘fondos buitres’. Son éstos los que hoy tienen en su poder las deudas de las eléctricas, que compraron por debajo de 15 centavos y por las que lo que esperan cobrar a 1 dólar al vencimiento de la deuda. La intervención ‘marxista’ beneficia, por sobre todo, a los ‘fondos buitres’, con los cuales el gobierno y las empresas intervenidas deberán negociar un refinanciamiento de obligaciones. El directorio encabezado por el Eskenazi eléctrico, Marcelo Midlin, aprovechó para sobreendeudar la empresa, subir los ingresos del directorio y pagar a los proveedores “amigos”. Un negocio redondo para los expropiados que ahora paga el Estado.
El gobierno les hizo a las eléctricas la promesa ‘marxista’ de que garantizará un ingreso igual al costo más una ganancia ‘razonable’. El planteo es una cortina de humo, porque en esa ganancia debería incluir el pago de la deuda y los flujos de dinero para contraer nuevas deudas para inversiones. En el momento actual, el financiamiento eléctrico ya es completamente estatal, dado que las empresas dejaron de pagar el suministro de energía a la distribuidora Cammesa, de capital mixto, pero dinero público (también con dinero público están pagando salarios). A esto hay que sumar que la ‘nueva’ YPF dejará de subsidiar el combustible que usan las generadoras, ya que ahora la quieren hacer ‘eficaz’ y ‘rentable’. El gobierno necesita, por un lado, evitar la parálisis del servicio y una cadena de declaraciones de quiebras que lo obligue a una estatización directa y, por el otro, cumplir un guión que apunta a ‘normalizar’ el negocio en los términos que reclaman las privatizadas.
Los rescates K están motivados por los mismos intereses que valen en todo el mundo: mantener en pie un capital en crisis con la plata de los trabajadores.
Rosario López
