¿Qué se juzgó en este juicio? El secuestro y posterior sometimiento a prostitución de Marita Verón. ¿Con qué legislación? Con la que existía en el año 2004, fecha en la que cerró la instrucción del juicio oral y público que luego tardó ocho años más en comenzar. Por entonces aún no existía la Ley Nacional de Trata de Personas 26364, aprobada en 2008. ¿Quiénes fueron imputados? Regenteadores de prostíbulos de Tucumán y La Rioja. ¿Quiénes quedaron fuera de la imputación en 2004? La querella de Trimarco acusaba a 12 personas que habían sido imputadas originalmente, junto a los 13 que llegaron a juicio, entre ellos la enfermera acusada de entregarla. Luego la justicia las absolvió. ¿Qué pasó con el dueño de la empresa de remises 5 estrellas? Rubén “La Chancha” Ale nunca fue imputado, tampoco el poder político provincial que en 2002 integraban José Miranda, gobernador, y Alperovich, ministro de Economía.
Rubén “La Chancha” Ale
Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012 estuvo detenido, aunque nunca pisó la cárcel. El hombre fue acusado de usurpar la finca Los Pereyra junto al candidato a delegado municipal por Los Ralos, Daniel Jorrat. Allí se robaron la cosecha de soja y luego la vendieron en el mercado negro por alrededor de medio millón de pesos. Alegando razones de salud, Ale estuvo dos meses internado y luego cumplió prisión domiciliaria. En agosto fue excarcelado. Se sospecha que la soja robada pertenecía a un testaferro de Alperovich. Robar ganado y soja es más importante que robar mujeres y someterlas. En el pasado reciente, entre 2003 y al menos hasta 2007, Rubén Ale era el empresario estrella aliado al kirchnerismo provincial, su presencia permanente en actos y en reuniones en la casa de gobierno lo demuestra. Advertido sobre su complicidad con el caso Verón, Néstor Kirchner igual lo colocó a su lado en el palco de la plaza Independencia cuando viajó a la provincia en el año 2006. La impunidad del delincuente procede de lo más alto del poder político.
Daniela Milhein
Es una de las acusadas de haber mantenido retenida en su casa a Marita. En el juicio declaró que ella no había sido esposa de Rubén Ale, como algunos medios informaban, sino que había sido sometida a esclavitud sexual a los 16 años por parte del mafioso tucumano. Los fiscales tucumanos, que dependen del Estado, no encontraron aún razones, parece, para abrirle una causa de oficio al explotador de mujeres. Por robar soja, en cambio, fue rápidamente juzgado.
Alperovich
El gobernador Alperovich no es un aliado más del gobierno de CFK. Su mujer es la siguiente a Boudou en la línea sucesoria nacional. El ministro de Salud de la Nación, Manzur, salió del mismo riñón político. Las elecciones provinciales han eliminado cualquier tipo de oposición política. Desde 2003 Alperovich gobierna la provincia manteniendo el monopolio total no sólo de las instituciones, incluida la Justicia, sino también de los medios de comunicación, que domina en un 90%.
El kirchenrismo y la trata
El juicio por el secuestro de Marita no se hizo bajo el imperio de la Ley de Trata porque la instrucción cerró antes de 2008, momento en que se aprobó la ley. No obstante esto, a la Justicia no le faltaron herramientas legales para condenar a los culpables: simplemente le faltó voluntad política.
La aprobación de la Ley de Trata en la Argentina en 2008, no se debió en ningún momento a una preocupación por las finalidades por las cuales las personas son tratadas (captadas, trasladadas y vendidas a un tercero).
Ni el trabajo esclavo ni la explotación de la prostitución han disminuido. Una de las industrias que utiliza trabajo esclavo, la de la indumentaria, ha mantenido a su máximo líder como referente máximo de la UIA. Así fue bajo el gobierno de Duhalde, continuó siendo bajo el de Néstor Kirchner y ahora con el de CFK. Su segundo en la entidad patronal le sigue los pasos esclavistas: Nicholsones junto a Blaquier, el máximo responsable del Ingenio Ledesma. Una de las principales industrias avícolas del país está en manos del intendente K de Pilar y jamás se afectó su negocio.
La Presidenta impulsó el trabajo esclavo y en negro a partir de enaltecer la figura del responsable de La Salada, que regentea el funcionamiento de alrededor de 20 mil talleres clandestinos. La mano derecha de CFK, Moreno, viajó promocionando esa “industria” a Angola junto al esclavista, y también lo hizo junto a Alberto Fernández, un proxeneta de la Recoleta que no cuenta con otro dato en su currículum que el de ser propietario de un prostíbulo.
La Ley de Trata de personas fue una exigencia de la embajada norteamericana. A partir del año 2000 con la reunión que elaboró el Protocolo de Palermo, que debe su nombre a la ciudad italiana en la que se realizó, decidió convertir el problema en virtud, y así fue que uno de los países que recibe mayor tráfico de personas para el negocio de la prostitución, pretendió erigirse en su combatiente. Junto a la ley antiterrorista, esta ley sienta las bases de futuras excusas para la intervención sobre cuestiones de seguridad interna de países “en vías de desarrollo”. Lo mismo ocurre con la excusa del combate al narcotráfico.
La ley no tiene nada sobre los bienes de los tratantes, establece como legal la trata en los casos en que la Justicia entienda que hubo consentimiento de la víctima, y la carga penal para el tratante es menor que la que existe por robar ganado. La modificación de estos aspectos denunciados por las organizaciones que luchan contra la trata, tuvieron un tratamiento dispar: la UCR se opuso férreamente en comisión, junto a los K, a la incautación de los bienes de los tratantes. Finalmente se aprobó en el Senado una modificación de algunas de estas cuestiones y los kirchneristas la dejaron morir en Diputados. En Argentina, la esclavitud consentida no es delito.
Los apoyos políticos
Muy tempranamente el kirchnerismo comenzó una política de seducción sobre la familia de Marita, el caso más conocido de la Argentina y el mundo. Una denuncia a fondo de parte de la familia hacia el Estado hubiera significado un escenario de enorme conflicto político. Esta política de cooptación la llevó adelante el kirchnerismo con muchos casos donde se ponía en juego la impunidad del Estado. Poner al desnudo esta metodología es un aporte a la clarificación del caso Marita.
El fallo absolutorio coincide con una política de intento del gobierno de no avanzar en modificaciones a la ley de trata que no son del agrado de proxenetas y políticos de la burguesía cercanos a las fuerzas de seguridad, ya que ellos y los funcionarios policiales viven de las cajas negras de la prostitución. La reforma de la ley, con media sanción del Senado desde agosto de 2011, fue cajoneada durante todo el año.
La condena a los 13 imputados hubiera hecho justicia con una parte del entramado que mantiene a Marita desaparecida después de diez años. Los máximos responsables aún ni llegaron al banquillo. Denunciemos la impunidad desde arriba. Castigo a los jueces comprados. ¡Que el ex gobernador Miranda, Alperovich y el mafioso Ale sean enjuiciados y castigados por sus responsabilidades!
Vanina Biasi
