En una patética marcha atrás, el oficialista Yasky se desdijo de dos tajantes afirmaciones hechas 24 horas antes: que antes de cualquier negociación paritaria debía resolverse el tema del impuesto al salario y que era legítimo pactar salarios por períodos menores a un año, para precaverse frente a la inflación.
En ninguno de estos casos la burocracia planteó el tema del impuesto al salario y de las asignaciones familiares, como punto de partida para que la discusión paritaria no se convierta en un papel mojado antes de comenzar.
Qué se negocia
En el editorial con su firma en Página/12 en la edición del último domingo, Horacio Verbitsky expresó la posición del gobierno con un cinismo característico: la eliminación del impuesto al salario “dejaría sin recursos a los programas de transferencia de ingresos a los más débiles”. El pago de la deuda usuraria y los subsidios infames a los concesionarios de servicios públicos, el ex monto los tiene fuera del radar.
Es decir, el impuesto al salario puede sufrir un ajuste menor, pero no se va. Como tampoco se van los topes que impidieron el cobro del salario familiar – ¡con sus montos congelados a valores de 2008!- a los padres de casi 400.000 chicos en los últimos seis meses del año 2012. La experiencia del año pasado -un paro aislado y mucha gritería -ha convencido al gobierno de que cuenta con la complicidad de la burocracia, la oficialista y la opositora. Hugo Moyano ha anunciado un posible paro general para marzo, cuando paritarias estratégicas -como la de docentes- ya estarán jugadas.
El trío que convocara la saga de manifestaciones que se inició el 24 de junio del año pasado está volcando sus mejores esfuerzos a los armados electorales; Moyano con el peronismo disidente y Micheli con el FAP. “Castiguemos con el voto”- se jugó Moyano.
La burocracia sindical no está deliberando para frustrar el planteo del gobierno sino conspirando contra los trabajadores -como ha ocurrido con las paritarias de estos últimos años. Las patronales levantan el espectro de un ‘Rodrigazo’ para alinear a la burocracia con los intereses patronales. Pero como dice el adagio: “Dios ciega a quien quiere perder”. Es que hace casi cuarenta años, el mismo cuento precipitó el ‘Rodrigazo’. Una vez que las burocracias sindicales se avinieron a los topes del gobierno isabeliano, éste sintió que tenía las manos libres para superdevaluar la moneda y aplicar un tarifazo histórico. Ni siquiera en ese momento reaccionó la burocracia sindical, completamente sometida al gobierno de la Triple A. La reacción la produjeron las coordinadoras fabriles de base, a partir de una huelga activa votada en Ford, General Pacheco, John Deere, en Sauce Viejo (Santa Fe). Esta reacción llevó a una huelga general de seis semanas ¿Alguien tiene la menor duda de que los K están buscando en convenios salariales a la baja y en el mantenimiento del impuesto al salario, como un ‘ancla contra la inflación’ (como ellos mismos dicen), que les permita avanzar en la devaluación del peso y en la ‘sintonía fina’ K, a la Macri, a 3,50 pesos el viaje (para empezar)? El mismísimo Guillermo Moreno, el carcelero de los precios y el demonio de los monopolistas que remarcan, ha anunciado una devaluación de la moneda del 25% anual y la autorización de aumentos de precios aún mayores.
La perspectiva de un Rodrigazo fue planteada, antes que nadie, en Prensa Obrera, por Altamira, y luego en un artículo en el diario Perfil. Lavagna tomó el tema, precisamente, para denunciar este análisis, que atribuyó a “círculos de iluminados”, en un artículo en Clarín. Clarín se negó, sin embargo, a publicar la réplica de Altamira, que luego reprodujimos en estas páginas. El Rodrigazo es una respuesta capitalista a los gigantescos desequilibrios de la economía nacional, que necesitan “las paritarias por uno o dos años”, como dijo Tomada, para que los trabajadores paguen la factura.
En este “año electoral”, los partidos capitalistas, del oficialismo y la oposición, están unidos en el garrote contra el salario. En las paritarias provinciales, los gobernadores fijaron pautas inferiores al 20% (Scioli, 18%; Sapag, 17%). Nuestra campaña política pone el acento en la denuncia de este atropello y advierte que el propósito de este atropello es avanzar en un ajuste a la Rodrigo, como el arma última de los capitalistas, su gobierno y partidos frente a la crisis que no pueden controlar.
Llamamos a impulsar un movimiento de lucha por la derogación del impuesto al salario -absolutamente para todos, para los que revistan en condición de asalariados y para los jubilados; por la eliminación de los topes para el cobro de las asignaciones familiares, por un salario de convenio igual a la canasta familiar. Solamente asambleas soberanas en cada rincón del movimiento obrero podrán dar una perspectiva de victoria a esta lucha, no la burocracia sindical.
José Ortiz
