El discurso de Cristina Fernández, al recibir la Fragata Libertad, fue cualquier cosa menos festivo. La certeza de una confirmación del fallo, por parte de la Justicia norteamericana, a favor del pago integral de la deuda con los fondos que no aceptaron los canjes de 2005 y de 2010, la llevó a diagnosticar que el ‘relato’ oficial había quedado “en pelotas”. Después de cuarenta años de endeudamiento, incluida la década del ‘desendeudamiento’, Argentina ha ingresado en una nueva crisis con la deuda externa. La única incógnita que aún resta por develar es si la Justicia norteamericana ordenará el pago a los fondos litigantes en una sola cuota o en varias. Para forzar al gobierno argentino a cumplir con el fallo, ratificará que el pago a los acreedores que no ingresaron a los canjes debe hacerse en forma simultánea con los próximos pagos de deuda a quienes sí se acogieron a ellos. Si Argentina rechazara hacerlo, ingresaría en un ‘defol’.
El gobierno ha ofrecido, como alternativa, reabrir el canje que había clausurado con la “ley cerrojo”. Bien mirado, sin embargo, esto no sería más que una variante del pago total que reclaman los demandantes. Ocurre que de acuerdo a los cálculos con de Prat Gay, que fue banquero de los K y que se ha presentado en la Corte neoyorquina para abogar en favor del gobierno argentino, la quita final sobre la deuda heredada por el gobierno no fue más del 15%, una vez considerados los pagos comprometidos por el llamado cupón PBI. Para Héctor Giuliano es peor porque, considerando estos cupones, la quita no sería tal sino que se convertiría en un sobreprecio sobre la deuda original. La única ventaja del canje K queda reducida, entonces, a un alargamiento de los plazos de vencimiento del capital e intereses de la deuda, lo cual comporta por cierto algún descuento del total. Si los fondos demandantes no aceptan esta salida, ello se debe simplemente a que reclaman, además, el reconocimiento de los intereses punitorios por el tiempo transcurrido, y el pago en efectivo. Hay que admitir que los buitres que sí ingresaron al canje, han podido re-utilizar el dinero de la deuda a medida que la fueron cobrando, lo que los buitres que no entraron no podían hacer. Como se ve, la liberación de la Fragata no es el resultado de un fallo de la Corte de Justicia del Mar (el barco estaba en un puerto), sino de la oferta de reabrir el canje.
En su pugna judicial, Argentina ha ganado aliados ‘contaminantes’ – el gobierno de Obama, el FMI, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, además de numerosos fondos especulativos. El maridaje no ha incomodado para nada a los K, que siguen con su profesión de fe ‘nacional y popular’. A esos ‘amigos’ del Gobierno, sin embargo, no los moviliza la oposición a un fallo en favor de los fondos que entraron al canje, sino la forma de ejecución del pago. En noviembre pasado, el juez de la causa, Griesa, había establecido que debía efectuarse junto con una parte del pago de los vencimientos al resto de los acreedores.
Esto habría implicado un incumplimiento parcial con éstos, y por lo tanto un ‘defol’ (declaración de insolvencia). Se trataba de una suerte de embargo sobre los giros de Argentina, que fue suspendido a tiempo para que Argentina pagara los cupones PBI y otros vencimientos en diciembre por cerca de cinco mil millones de dólares. El fallo, de un modo general, afectaba la intangibilidad de los fondos que los países endeudados giran a los bancos norteamericanos para pagar sus obligaciones con los acreedores internacionales.
Se habría producido un ‘defol’ en medio de la quiebra del sistema bancario internacional. Los “amigos de Argentina” presionan para que se modifique esa modalidad del pago, no para que se rechace el reclamo de cobro del total de lo adeudado. La orden de pagar a los ‘buitres’ (aunque no la forma de pago) data de febrero de 2012 y fue ratificada por una Corte de Apelaciones de Nueva York – este asunto está fuera de la discusión. Con un acuerdo para que el pago no sea al contado, Argentina contraería una nueva deuda, ahora con los que quedaron afuera del canje, con nuevos intereses, la que alargaría la hipoteca nacional, con suerte, hasta el final del siglo.
La ‘ayuda’ que han decidido brindar los ‘amigos’ de la UE, el FMI y la Reserva Federal viene, asimismo, con yapa. Esta ‘troika’ reclama que Argentina cumpla con varios fallos pendientes en la Comisión de Litigios del Banco Mundial, en juicios iniciados por empresas privatizadas -por varias decenas de miles de millones de dólares-, y que pague la deuda con el llamado Club de París, por otros diez mil millones. Estos ‘amicae curiae’ que los K supieron conseguir, vienen por su propia carroña.
El trajín de este fallo ha dejado en la sombra un hecho relevante. La jurisdicción norteamericana establecida en los contratos de deuda bajo Menem, tenía fechas sucesivas de vencimiento -entre 2003 y 2006-, pero fue prorrogada en la ‘reestructuración soberana’ que firmaron Kirchner y Lavagna, en 2005. Estos mismos próceres introdujeron, sin que nadie se los pidiera, la cláusula del acreedor más favorecido, de modo que cualquier beneficio que obtengan los ‘buitres’ que quedaron afuera del canje deberá ser extendido a los ‘buitres’ que quedaron adentro. Detrás de la disposición a pelear en bolas, se disimula el entreguismo.
La certeza acerca del resultado oneroso del litigio, ha desatado una fuerte especulación contra la deuda de Argentina y, en consecuencia de ello, contra el peso. Los especuladores apuestan a una interrupción de los pagos de la deuda. Para los comentaristas K, esto no sería más que una maniobra de los bancos y fondos que venden a precio exorbitante los seguros contra ‘defol’. Es una operación que puede atraer a toda clase de especuladores -no hace falta ser acreedor de Argentina. Es el deporte del momento (“the game in town”). Pero incluso si no se produjera este ‘defol’, la obligación de pagar a nuevos acreedores (los que quedaron afuera del canje) representa una carga insoportable para un Estado cuya incapacidad de pago está demostrada por su decisión de racionar la oferta de divisas (‘cepo’).
En este principio de año, los países de la zona euro han establecido la norma de que, con la aprobación del 66%, las reestructuraciones de deuda son obligatorias para la totalidad de los acreedores. Suena fuerte, pero no es nada, porque son reestructuraciones que impulsan los propios acreedores, cuando observan la inminencia de una cesación de pagos de los deudores, no estos últimos. Por otro lado, la deuda en la zona euro es de jurisdicción nacional, lo que permite que las condiciones de aprobación las decida el país afectado. No es el caso de Londres, ni de Nueva York. Estados Unidos ha reforzado desde los años 60 del siglo pasado la prioridad de su legislación interna en materia de deuda internacional, reduciendo en la misma proporción la inmunidad soberana del resto de los estados nacionales. También ha rechazado la adhesión a cualquier legislación internacional, incluso la promovida por el FMI. En el litigio actual, el ‘interés nacional’ del capital financiero norteamericano está del lado de los ‘buitres’ que no entraron al canje. La diferencia se limita a la modalidad de pago de la deuda con ellos, que para el gobierno Obama no debe perjudicar al sistema bancario norteamericano, ni al resto de los acreedores.
La cuestión de la deuda externa precipita una nueva crisis. La política de los gobiernos capitalistas de Argentina -pagarla hasta ‘la última gota de sangre’ (de los trabajadores, claro), ha fracasado. Están ‘en pelotas’, es cierto, pero de ningún modo luchando.
Jorge Altamira
