La Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos y otros militantes de derechos humanos han denunciado la malversación política consumada por el gobierno en la ex Esma. El ‘Museo de la Memoria’ se ha convertido en el escenario habitual para asados oficiales, entrenamiento de murgas o producciones culturales.
La denuncia ha sacado a la luz toda la dimensión del fraude oficial en la ex Esma. Ocho años después de su inauguración, no se ha construido ningún museo. Los pabellones de la ex Escuela de Mecánica no aportan ningún elemento informativo o testimonial sobre la represión dictatorial. No hay documentos periodísticos sobre los crímenes perpetrados, ni siquiera una historia cabal sobre la dictadura genocida o, al menos, sobre lo sucedido en la Esma.
Más allá de algunos carteles o referencias aisladas, las huellas de los centros de tortura y exterminio han sido borradas de los edificios. En su lugar, refacciones costosas han dado lugar a despachos oficiales. Entre ellas, el “Centro internacional para la promoción de los Derechos Humanos (Unesco)”, los canales de cable Paka Paka o Encuentro, así como también los locales de las organizaciones afines al gobierno. En medio de todos estos kioscos, el “Espacio para la Memoria” se encuentra circunscripto a sólo uno de los once pabellones: se trata del ex Casino de Oficiales, el lugar donde fueron torturados más de 5.000 detenidos ilegales. Pero el material de este “Espacio” se encuentra bajo la tutela “de un consejo asesor formado por sobrevivientes, ONG oficialistas y autoridades del Estado y la Ciudad” (¡o sea Macri!) (Clarín, 6/1). La misma periodista atribuye el vacío conceptual de este “Espacio” a que el “consejo discrepa en sus contenidos y prefiere no asumir los retos de la difusión” (ídem).
Ocultamiento
La ocupación oficialista de la Esma ha devenido en un acto sistemático de destrucción de la ‘memoria’. La conversión de pabellones de tortura en oficinas públicas debería ser denunciada como un acto de destrucción de pruebas.
En 2004, al inaugurar la Esma, Néstor Kirchner pidió “perdón” por la responsabilidad del Estado nacional, que los gobiernos sucesivos preservaron, en la comisión de crímenes horrendos. Siete años después, el gobierno “nac & pop” debería volver a pedir disculpas: esta vez, por sus responsabilidades ‘específicas’.
El correlato judicial de esta responsabilidad son las condenas a cuentagotas: el vasto aparato de represión de la dictadura no tiene más que cincuenta y cinco condenados en firme, con la mitad de ellos en prisión domiciliaria.
Marcelo Ramal
La denuncia ha sacado a la luz toda la dimensión del fraude oficial en la ex Esma. Ocho años después de su inauguración, no se ha construido ningún museo. Los pabellones de la ex Escuela de Mecánica no aportan ningún elemento informativo o testimonial sobre la represión dictatorial. No hay documentos periodísticos sobre los crímenes perpetrados, ni siquiera una historia cabal sobre la dictadura genocida o, al menos, sobre lo sucedido en la Esma.
Más allá de algunos carteles o referencias aisladas, las huellas de los centros de tortura y exterminio han sido borradas de los edificios. En su lugar, refacciones costosas han dado lugar a despachos oficiales. Entre ellas, el “Centro internacional para la promoción de los Derechos Humanos (Unesco)”, los canales de cable Paka Paka o Encuentro, así como también los locales de las organizaciones afines al gobierno. En medio de todos estos kioscos, el “Espacio para la Memoria” se encuentra circunscripto a sólo uno de los once pabellones: se trata del ex Casino de Oficiales, el lugar donde fueron torturados más de 5.000 detenidos ilegales. Pero el material de este “Espacio” se encuentra bajo la tutela “de un consejo asesor formado por sobrevivientes, ONG oficialistas y autoridades del Estado y la Ciudad” (¡o sea Macri!) (Clarín, 6/1). La misma periodista atribuye el vacío conceptual de este “Espacio” a que el “consejo discrepa en sus contenidos y prefiere no asumir los retos de la difusión” (ídem).
Ocultamiento
La ocupación oficialista de la Esma ha devenido en un acto sistemático de destrucción de la ‘memoria’. La conversión de pabellones de tortura en oficinas públicas debería ser denunciada como un acto de destrucción de pruebas.
En 2004, al inaugurar la Esma, Néstor Kirchner pidió “perdón” por la responsabilidad del Estado nacional, que los gobiernos sucesivos preservaron, en la comisión de crímenes horrendos. Siete años después, el gobierno “nac & pop” debería volver a pedir disculpas: esta vez, por sus responsabilidades ‘específicas’.
El correlato judicial de esta responsabilidad son las condenas a cuentagotas: el vasto aparato de represión de la dictadura no tiene más que cincuenta y cinco condenados en firme, con la mitad de ellos en prisión domiciliaria.
Marcelo Ramal
