Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño quedaron en libertad en ese mismo acto, a pesar de que ambos habían sido señalados por un testigo imposible de ser caratulado como parcial (José Sotelo) como quienes retiraron las armas del lugar del hecho, luego de la agresión que culminó con el homicidio de Mariano y las heridas sufridas por Elsa Rodríguez y otros compañeros. Por otra parte, Pérez fue denunciado por los periodistas de C5N que lo señalaron en el juicio como uno de los matones que los redujeron para que evitar que registraran con su cámara el momento de la agresión. Sin embargo, la fiscalía consideró “insuficiente” el testimonio de Sotelo y denunció que las amenazas a los periodistas de C5N no habían sido parte de la requisitoria de elevación a juicio contra Pérez.
El intento de desarmar la acusación del plan criminal llevó a la Fiscalía a desglosar la acusación a los 7 policías de la Federal para la jornada del viernes. La carátula de “abandono de persona” que se usaría para tal fin permitirá presentar a quienes fueron partícipes necesarios del crimen de nuestro compañero como responsables de un accionar negligente.
La fiscalía subestimó las motivaciones e intereses que llevaron a la patota de Pedraza y a la Federal a organizar un plan criminal contra los tercerizados. La denuncia de la tercerización del trabajo, de las cooperativas truchas –como la de Unión del Mercosur de propiedad del propio Pedraza-, de la vinculación de la Unión Ferroviaria con las empresas concesionarias del ferrocarril Roca (UGOFE), el papel de dirección de estos negociados de la propia Secretaría de Transporte, la complicidad del Ministro de Trabajo, en síntesis, pasó por alto, a pesar de las pruebas acumuladas, de todo aquello que involucraba al poder político y a los empresarios que al día de hoy siguen manejando el sistema ferroviario. A diferencia de lo realizado por nuestra querella, el pedido de investigación a los funcionarios estuvo por completo ausente. De más está decir que de este modo se debilita la acusación contra el propio Pedraza, aunque la solicitud de condena haya sido la perpetua.
Durante el transcurso del propio juicio la Procuradora General Gils Carbó decidió “robustecer” la fiscalía haciendo ingresar a dos nuevos fiscales. A juzgar por los resultados está clara la intención que el gobierno persiguió con esas incorporaciones.
El Partido Obrero reclama el castigo a TODOS los responsables por el crimen de Mariano Ferreyra, y rechaza todas las especulaciones y maniobras que buscan la impunidad para parte de los responsables.
PARTIDO OBRERO
