Los temores que podían existir en la “corporación judicial” a una transformación que afectase los intereses que manejan desde la trastienda fueron disipados por la propia presidenta. Por boca de sus elementos más locuaces, el kirchnerismo había amenazado con la bandera de la elección popular de los jueces, lo cual hubiese sido un paso democratizador incluso con los límites que dicha medida tiene cuando los recursos de pode están concentrados en una clase social explotadora y su Estado. Lejos de las amenazas previas, la presidenta sólo propuso la elección popular de alguno de los miembros del Consejo de la Magistratura (sólo de 6 sobre un total de 13), un órgano rosquero como pocos, que tiene por función elevar una terna para la elección de jueces. La decisión final seguiría estando como hasta ahora en el Senado y el propio poder Ejecutivo. Cristina no se animó siquiera a anunciar un proyecto para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias. Prefirió pasarle la pelota a la propia Corte, con la intención manifiesta de provocarle un desgaste político.
A la medida del Estado y las patronales
Cuando se deja de lado la demagogia oficial, los anuncios de CFK van en un sentido contrario al que se proclamó. La creación de Cámaras de Casación en los fueros previsional y laboral demorarían aún más la llegada de las causas a la Corte Suprema. Ello traerá aparejado, en primer lugar, una mayor tardanza en la resolución de los juicios de los jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Una medida elemental de democratización de la Justicia supondría que la Corte haga extensivo a todos los afectados los alcances de los fallos que imponen los reajustes a los haberes no aplicados en los últimos años. Pero a pesar de las peleas entre ellos, la Corte y el gobierno actúan juntos contra esa posibilidad. Otro tanto ocurre en la relación a los casos de accidentes laborales. La nueva ley de ART, redactada por la UIA, condiciona el acceso a la Justicia por parte del trabajador accidentado a la renuncia a la indemnización de la ART. La creación de una Casación en este fuero sumaría mayor demora, y por lo tanto, menor interés en iniciar un proceso judicial. Los patrones tienen motivos para apoyar el proyecto del gobierno.
El proyecto “democratizador” limitará la responsabilidad del Estado y sus funcionarios en relación con los daños que cause su accionar a particulares. En el país de la masacre de Once, Cromagnón y de los asesinatos por `gatillo fácil`, es un programa de encubrimiento a favor de la burocracia estatal.
Reforma constitucional
Es cierto que CFK dijo que no pensaba modificar la Constitución, aunque el “operativo clamor” lanzado por sus chupamedias en las últimas semanas parece mostrar por donde pasan sus verdaderas intenciones. Pero sin esa reforma, difícilmente pueda avanzarse en una elección parcial de los miembros del Consejo de la Magistratura. jueces. SI incluso a pesar de estas objeciones la iniciativa cobra forma de ley, se iniciarían presentaciones judiciales reclamando su inconstitucionalidad. Se crearía, así, un escenario similar al de la Ley de Medios. La última palabra la tendría la Corte.
De esto surge que el gobierno busca darse una bandera progresista para la campaña electoral de este año. C umpliría la función que tuvo la Ley de Medios, y que terminó siendo un recurso para los negocios de un puñado de capitalistas amigos. Si logra avanzar en la reforma, el paquete de leyes sobre la Justicia servirá para darle una envoltura democrática al re-reeleccionismo.
Alternativa
Los anuncios oficiales han servido para mostrar no sólo el carácter reaccionario que anima al kirchnerismo sino también la orientación conservadora de la oposición tradicional, que rápidamente cerró filas con la corporación judicial, defendiendo su carácter de casta no electa ni controlada por el pueblo. La Justicia, en el régimen actual, está controlada por los grandes estudios jurídicos, los que a su vez tienen vínculos estrechísimos con las grandes empresas. Hablar de “justicia legítima” sin modificar este fundamento es una contradicción en término.
Frente a los proyectos del oficialismo y la defensa del estatus quo de la oposición tradicional planteamos el acceso gratuito del pueblo a la Justicia, la elección popular y la revocatoria de los jueces, como parte de una transformación social bajo la dirección de los explotados.
Gabriel Solano
REGIONAL CÓRDOBA
