Una multitudinaria marcha volvió a recorrer las calles de Córdoba contra la instalación de Monsanto. A pesar de que fue convocada para el día 23, era parte de la jornada internacional contra Monsanto que se iba a realizar el 25.
Desde el escenario, los organizadores de la marcha proclamaron su solidaridad con los trabajadores de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires, quienes tomaron la planta por el despido injustificado de treinta compañeros.
También se rechazó la resolución del Tribunal Superior de Justicia del gobierno delasotista, que -en un tratamiento “exprés”- dejó sin efecto una medida cautelar que suspendía la ejecución de las obras civiles para la instalación de la multinacional en Malvinas Argentinas. De esta manera, el máximo tribunal de la Justicia de Córdoba se colocó como garante de un negocio que, meses antes, habían apadrinado Cristina Fernández en Nueva York y De la Sota en Córdoba para la instalación de tres plantas procesadoras de semillas en la provincia. El fallo vino a confirmar, también, toda una línea de la Justicia cordobesa en favor de los contaminadores.
Además de haber sido artífice del milagro de unir en un objetivo común a los K y a De la Sota, Monsanto ha logrado imponer en toda la línea sus negociados. La nueva Ley de Semillas, que bien podría llamarse “ley Monsanto”, deja en manos de la multinacional un negocio de más de 800 millones de dólares por el cobro de regalías en la utilización de las semillas genéticamente modificadas. Pero este negocio es el satélite de otro de mayor envergadura y peligrosidad: la comercialización y el uso del agrotóxico fabricado por Monsanto, con carácter de exclusividad.
Los vecinos de Malvinas están resistiendo la instalación de Monsanto, a sabiendas de que la semilla de maíz que se procesará en Córdoba ha sido denunciada por los graves perjuicios a la salud humana y al ambiente que acarrea.
• Fuera Monsanto de Argentina. Abajo las resoluciones de TSJ que autorizan la instalación de Monsanto en Córdoba.
• Monopolio estatal en la producción de agroquímicos, bajo control de una comisión de científicos y organizaciones ambientales.
Eduardo Salas
