En las filas de los capitalistas y sus partidos se multiplican los reclamos por una devaluación de la moneda.
A la espera de esa devaluación, los capitalistas interrumpen la producción y sus inversiones.
Los trabajadores pagan la parálisis económica con despidos, suspensiones y mayor precarización.
Una devaluación agravaría aún más esa situación, porque no es otra cosa que una desvalorización del salario y de las jubilaciones.
Además, convalidaría los beneficios de quienes vienen especulando contra la moneda y desataría una mayor carestía.
Aunque el gobierno dice rechazar la devaluación, su política conduce a ese desenlace. No sólo eso: son los propios recursos del Banco Central los que financian la corrida contra el peso.
Durante diez años, los fondos públicos -desde el presupuesto nacional a las reservas de divisas- han servido para pagar la deuda externa usuraria y bancar a los privatizadores del ferrocarril o la energía.
Ahora que esos recursos se han agotado, los beneficiarios de ese saqueo han montado una gigantesca especulación contra la moneda nacional.
Para apaciguar a los especuladores, el gobierno no ha tenido mejor idea que premiarlos con un blanqueo del dinero negro.
A cambio de esto, van a perdonarles los impuestos evadidos y el origen de los fondos mal habidos.
Ello, en el país donde dos millones de trabajadores pagan un impuesto al salario.
Para sostener su política, el gobierno quiere avanzar con nuevas confiscaciones.
“Reforma” la Justicia para ningunear los reclamos de jubilados y trabajadores. Y proyecta una nueva confiscación sobre las obras sociales.
Mientras tanto, quiere imponernos paritarias a la baja, con aumentos de salarios muy por debajo de la inflación.
¿Qué dicen los opositores, de Macri a Binner, pasando por De la Sota?
Le exigen al gobierno que haga el trabajo sucio del ajustazo y la devaluación. Es lo que reclaman los economistas de Macri. Pero también el gobernador de Santa Fe, que responde a Binner y al FAP.
Si la salida a la crisis queda en manos de estos otros ajustadores, los trabajadores volveremos a pagar la factura.
El Partido Obrero, por el contrario, plantea la dirección y la gestión de los recursos de la economía por parte de los propios trabajadores. De ese modo, procederíamos a rescatar el salario, las jubilaciones, la educación y la salud, a costa de los que nos llevaron a esta crisis.
A partir de la centralización de los recursos de la banca y el comercio exterior, planteamos un plan económico dirigido a la industrialización, a la vivienda y a las obras públicas elementales que exige la población laboriosa.
Como medidas urgentes, planteamos:
cese del pago de la deuda internacional usuraria y nacionalización de los bancos y el comercio exterior, bajo la dirección de los trabajadores;
salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, reparto de las horas de trabajo entre toda la población activa, formación profesional en las empresas. Abajo el impuesto al salario;
82% móvil para los jubilados;
impuesto extraordinario sobre los operadores de Bolsa y toda la renta financiera.
Impulsemos una alternativa política de los trabajadores y la izquierda, para terminar con el saqueo nacional y luchar por un gobierno de trabajadores.
