No es un hecho nuevo que el gobierno manipula los índices de precios y el presupuesto. Los K decían que, de ese modo, el país se ahorraba pagar varios miles de millones de pesos por los bonos que ajustan por la inflación. ¿Qué van a decir ahora, cuando el presupuesto 2014 apela nuevamente a un dibujo, cuya consecuencia es un aumento importante en el pago de la deuda?
El presupuesto supone un aumento de más del 6 por ciento en el crecimiento del PBI. Pero ese supuesto incremento sólo se producirá como resultado de la falsificación en el índice de precios, el cual, al subestimar la inflación real, sobredimensionará el crecimiento de la economía. Mediante este artilugio, le asegura a los tenedores del cupón PBI -el cual se cobra cuando la economía argentina crece más del 3 por ciento- embolsar la friolera de 4.000 millones de dólares. Incluso, por el efecto arrastre, algunos especialistas proyectan que se garantiza otro tanto para 2015. Los ‘mercados’ lo celebraron con una fuerte alza de ese título. Semejante anuncio en favor de los bonistas adheridos a los anteriores canjes de deuda se produce en medio del litigio con los fondos buitre.
No es de extrañar que, con estas jugosas concesiones, el gobierno argentino busque ganarse el favor de una parte del capital financiero internacional, para al menos dilatar en el tiempo el desenlace de aquel juicio.
Quiebra del Banco Central, la Anses y el Nación
Para asegurar que esto va en serio, el gobierno ha previsto casi 10.000 millones de dólares para el “fondo de desendeudamiento”, los cuales saldrán de las reservas del Banco Central. Ni más ni menos que el 28 por ciento de esas reservas.
En el año 2013, con cepo cambiario incluido, el Banco Central perdió más de 12.000 millones de dólares. En la actualidad, las reservas han quedado reducidas a 35.000 millones. Si a eso le sumamos el pago de los 10.000 millones previstos en el presupuesto 2014 y la enorme factura del vaciamiento energético (otros 15.000 millones de dólares), no son descabellados los pronósticos que señalan que las arcas del Banco Central estarían virtualmente en cero a principios de 2015. Las reservas actuales representan apenas seis meses de importaciones. Es una relación inferior a la de diciembre de 2001, cuando se dispuso el corralito y se entró en cesación de pagos.
El Banco Central ya tiene en sus manos el 33 por ciento de la deuda pública. En lugar de los dólares originales que han ido a parar a manos de los acreedores, el Central tiene certificados del Tesoro que no cobrará nunca. Para el Banco Central, previsionar como incobrables esas acreencias implicaría su quiebra, pues cuadriplican su patrimonio y representan el 58 por ciento de sus activos. Del mismo modo, los títulos públicos representan el 60 por ciento del fondo de garantía de la Anses y el 45 por ciento del activo Banco Nación. El sistema previsional y la banca pública marchan a un default.
Ajuste
Mientras honran a los especuladores, el pago de las sentencias judiciales desfavorables al Estado seguirá condicionado. La previsión (que nunca se cumple) es pagar 40.000 juicios en 2014. Pero el número de juicios por la jubilación aumenta a razón de 100.000 nuevos casos por año. El ajuste irá más lejos, pues los ingresos crecerán al 27% -un valor cercano a la inflación real- y los gastos sólo lo harán en un 16%, anticipando una nueva baja en el salario real de los estatales. Un blanco de la poda serán las provincias: en el presupuesto no se contempla el refinanciamiento de sus deudas. En cambio, aumentan los subsidios en favor de los privatizadores.
El gobierno se ha reservado los poderes especiales de la emergencia económica para reasignar partidas y manejar el presupuesto a su arbitrio. Aunque es lo mismo que viene haciendo desde 2003, en esta oportunidad los superpoderes tendrán que vérselas con un escenario de bancarrota.
La oposición denuncia al presupuesto 2014 como un “dibujo”. Pero lo que disimula ese “dibujo” son las medidas antipopulares que se preparan para cerrar las cuentas: aumentos de tarifas y una devaluación -algo que también reclaman los opositores. Cuando piden el “fin de la emergencia económica”, le exigen al gobierno que esas medidas de ajuste sean explicitadas en el presupuesto.
Por eso mismo, ya han adelantado que no privarán al gobierno de “contar con un instrumento para gobernar” -una forma sibilina de dar un guiño a la política oficial. Esa misma oposición consintió -con votos a favor o abstenciones- la reapertura del canje de deuda. Por lo tanto, comparten la orientación estratégica del presupuesto oficial.
El debate del presupuesto vuelve a colocar la cuestión de quién paga la crisis, cuando el país vuelve a estar bajo la amenaza de un defol. En lugar de salvar a los usureros, hay que rescatar las reivindicaciones apremiantes del pueblo. Es necesario un impuesto extraordinario al capital, de modo de reconstruir el patrimonio vaciado de la Anses y del Banco Central, para utilizar esos recursos en beneficio de los trabajadores, los jubilados, la reconstrucción de la salud y la educación, y la reorganización del país sobre nuevas bases sociales.
Pablo Heller
