En el día de la fecha, Cintia Frencia, legisladora del Frente de Izquierda, acompañada por los referentes del FIT Liliana Olivero (IS), Eduardo Salas (PO) y Hernán Puddu (PTS), presentará en Tribunales II una denuncia penal por calumnias e injurias contra el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, y los legisladores del radicalismo Alejandra Matar y Eduardo Yuni.
La presentación está motivada por la gran campaña de difamación que lanzaron los legisladores del radicalismo contra Frencia y la fuerza política que representa, el Frente de Izquierda, difundida masivamente por los medios de comunicación. A esta campaña difamatoria días después se sumó el propio gobernador de la provincia haciéndose eco de las falsas acusaciones difundidas por los radicales y condenando públicamente a la legisladora del FIT.
Montados sobre acusaciones falsas, injuriosas y difamantes, los legisladores Eduardo Yuni y Alejandra Matar, hacen responsable ante la población a Cintia Frencia de los hechos de violencia suscitados en la puerta de la Legislatura provincial el pasado 11 de junio, cuando se desarrollaba una movilización contra la aprobación de la Ley General de Ambiente. De esta forma han montado un ataque a la única fuerza política que rechazó la aprobación de la ley que facilita la instalación de Monsanto en la provincia.
Las declaraciones del gobernador, haciéndose eco de las graves acusaciones difundidas por los legisladores radicales, intentan encubrir su responsabilidad en los incidentes en torno a una ley de carácter profundamente antipopular, que requirió de una maniobra política y de la represión para su aprobación. El hecho de que De la Sota tome partido replicando las falsas acusaciones de integrantes de un bloque legislativo que aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo, para difamar a la única legisladora que voto contra la ley, constituye una intervención directa del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y una violación del régimen republicano de gobierno.
El gobernador hace uso de su investidura para atacar a una fuerza política con una creciente adhesión popular; buscan ocultar el verdadero carácter de la ley aprobada, y avanzar así en la instalación de la multinacional Monsanto.
Este montaje difamatorio va en plena consonancia con el tratamiento irregular que se está dando a la cuestión de privilegio dentro de la Legislatura. A puertas cerradas, sin un claro procedimiento establecido previamente y vetando la posibilidad de realizar preguntas para esclarecer los relatos de testigos, se está armando el terreno para sancionar a Frencia, sin ningún tipo de pruebas, y no las podrán aportar sencillamente porque las acusaciones difundidas son totalmente falsas y difamatorias.
Negamos rotundamente los hechos que se nos adjudican; denunciamos la maniobra política montada desde el propio Estado y llamamos al conjunto de la población a rechazar la sanción que se quiere imponer a la legisladora Cintia Frencia. Iremos hasta las últimas instancias para esclarecer los hechos y desbaratar la maniobra del gobierno.
PARTIDO OBRERO en el FRENTE DE IZQUIERDA
La presentación está motivada por la gran campaña de difamación que lanzaron los legisladores del radicalismo contra Frencia y la fuerza política que representa, el Frente de Izquierda, difundida masivamente por los medios de comunicación. A esta campaña difamatoria días después se sumó el propio gobernador de la provincia haciéndose eco de las falsas acusaciones difundidas por los radicales y condenando públicamente a la legisladora del FIT.
Montados sobre acusaciones falsas, injuriosas y difamantes, los legisladores Eduardo Yuni y Alejandra Matar, hacen responsable ante la población a Cintia Frencia de los hechos de violencia suscitados en la puerta de la Legislatura provincial el pasado 11 de junio, cuando se desarrollaba una movilización contra la aprobación de la Ley General de Ambiente. De esta forma han montado un ataque a la única fuerza política que rechazó la aprobación de la ley que facilita la instalación de Monsanto en la provincia.
Las declaraciones del gobernador, haciéndose eco de las graves acusaciones difundidas por los legisladores radicales, intentan encubrir su responsabilidad en los incidentes en torno a una ley de carácter profundamente antipopular, que requirió de una maniobra política y de la represión para su aprobación. El hecho de que De la Sota tome partido replicando las falsas acusaciones de integrantes de un bloque legislativo que aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo, para difamar a la única legisladora que voto contra la ley, constituye una intervención directa del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y una violación del régimen republicano de gobierno.
El gobernador hace uso de su investidura para atacar a una fuerza política con una creciente adhesión popular; buscan ocultar el verdadero carácter de la ley aprobada, y avanzar así en la instalación de la multinacional Monsanto.
Este montaje difamatorio va en plena consonancia con el tratamiento irregular que se está dando a la cuestión de privilegio dentro de la Legislatura. A puertas cerradas, sin un claro procedimiento establecido previamente y vetando la posibilidad de realizar preguntas para esclarecer los relatos de testigos, se está armando el terreno para sancionar a Frencia, sin ningún tipo de pruebas, y no las podrán aportar sencillamente porque las acusaciones difundidas son totalmente falsas y difamatorias.
Negamos rotundamente los hechos que se nos adjudican; denunciamos la maniobra política montada desde el propio Estado y llamamos al conjunto de la población a rechazar la sanción que se quiere imponer a la legisladora Cintia Frencia. Iremos hasta las últimas instancias para esclarecer los hechos y desbaratar la maniobra del gobierno.
PARTIDO OBRERO en el FRENTE DE IZQUIERDA
