Expte. 0185/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
La Legislatura de Córdoba declara su repudio a la masacre de Putumayo ejecutada por el gobierno colombiano por indicación y con el apoyo del gobierno de Bush, destinada a frenar las negociaciones para que el canje humanitario pueda ser realizado exitosamente.
La Legislatura de Córdoba rechaza asimismo la tentativa de convertir a América Latina en una zona de “guerra global contra el terrorismo”, que desarrolla Bush; apoya la liberación de todos los rehenes y el intercambio humanitario en Colombia, y reclama el desmantelamiento del estado narcotraficante y terrorista de Colombia.
FUNDAMENTOS
La masacre del campamento de la FARC y de su dirigente y negociador Raúl Reyes es, antes que una violación territorial, un golpe de carácter político para impedir que las negociaciones por el canje humanitario desemboquen en una salida negociada. El propósito de intensificar una salida armada apunta, también centralmente, a desestabilizar, a la larga, el proceso nacionalista venezolano. La tentativa de limitar la crisis a una violación de la soberanía ecuatoriana disimula el contenido estratégico de lo ocurrido. Pareciera que si la masacre se hubiera producido con una diferencia de kilómetros, dentro del territorio colombiano, hubiera dejado de tener el carácter de una provocación contra una salida pacífica y contra los estados, como Venezuela, que ofician de mediadores.
La reunión del grupo de Río, al igual que la previa de la OEA, aprobó por unanimidad una declaración que no condena al gobierno de Uribe, ni por haber organizado una masacre para abortar la liberación de rehenes y el canje humanitario, ni por haber violado la soberanía de Ecuador. En cambio se comprometió, sí, con el planteo fundamental del presidente de Colombia de “combatir las amenazas a la seguridad de los Estados provenientes de grupos irregulares o de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico” (declaración de Santo Domingo). O sea que después de una catarata de críticas a la acción colombiana, los gobiernos latinoamericanos han decidido colaborar con este tipo de acciones.
La política de Uribe está determinada por el carácter de su estado y por su alianza militar privilegiada con el gobierno de Bush. Se trata de un estado que ha cooptado a los representantes políticos del paramilitarismo y del narcotráfico, y que está embarcado en “la guerra preventiva” de Bush. Desviar la atención hacia un litigio de derecho internacional, que Uribe acepta de muy buen grado, sirve al encubrimiento del carácter político contrarrevolucionario de lo ocurrido y ofrece una salida al régimen militar y al imperialismo. Esto explica que los embajadores de Uribe y Bush en la OEA hayan recibido con una aclamación la resolución puesta a votación.
En la masacre de Putumayo “no hubo errores, no hubo excesos”, fue una operación fríamente calculada y ejecutada para imponer un giro político en toda la región. La posición del gobierno argentino, de defensa del status quo, es funcional a la política del imperialismo y lleva a prolongar y profundizar la crisis en la región andina.
REGIONAL CÓRDOBA
